Ley de Integridad Pública: Los pasantes invaden la corte | Por Roberto Aguilar

¿Qué mismo ocurrió ese martes 24 de junio de 2025, en la borrascosa sesión número 13 de la Asamblea Nacional en la que se aprobó la Ley Orgánica de Integridad Pública que la Corte Constitucional está examinando en estos días? 

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El tema lo trajo a colación, en la primera jornada de audiencias en esa Corte, el abogado André Benavides, que patrocina una de las 35 demandas de inconstitucionalidad que hacen de esta ley la más objetada de la historia del Ecuador, a decir del juez José Luis Terán, sustanciador la causa. Benavides había recomendado a los magistrados de ese alto tribunal que revisaran el video de dicha sesión. Porque todos los vicios de inconstitucionalidad por la forma forma en que incurre esta tercera ley económica urgente de Daniel Noboa provienen de lo que ocurrió ese día y de la manera como se aprobó ese proyecto.

Siguiendo la pista, y ya en la segunda jornada de audiencia virtual, la jueza Alejandra Cárdenas preguntó directamente a la abogada de la Asamblea, Mercerdes Mediavilla, si se había aplicado o no el procedimiento que el artículo 62 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) prescribe para el segundo debate y aprobación de una ley urgente. 

Mediavilla enmudeció y permaneció así durante casi un minuto y medio que se hizo eterno. Se encorvó sobre su ordenador, pidió tiempo para “ubicar el artículo” (que debería conocer de memoria) y, mientras lo leía para sí (como si fuera la primera vez) se demudaba. “Ya. En este caso específico…”, dijo pasado un buen rato y se sumió un minuto más en el silencio, que fue total cuando apagó su micrófono para evitar que se escuchara el conciliábulo que tenía lugar a su alrededor, fuera de cámara. 

Era obvio que estaba irremediablemente perdida. Fue entonces cuando el secretario jurídico de la presidencia de la República, Stalin Andino, pidió la palabra desde la tercera pantallita del cuadro (la primera la ocupaban los ocho jueces constitucionales que esperaban pacientemente una respuesta).Antes de continuar con la narración, un paréntesis explicativo: lo que ocurrió el martes 24 de junio, día del segundo debate de la Ley de Integridad en la Asamblea, fue una ilegalidad estrepitosa. 

Un paquete de disposiciones a última hora

El proyecto que había remitido Noboa contenía dos capítulos: compras públicas y servicio público. Así lo conoció el Pleno en el primer debate y así constaba en el informe para el segundo. El 24 de junio, el asambleísta de gobierno Andrés Castillo llegó con un paquete de disposiciones más voluminoso que la misma ley y mocionó que esas disposiciones reemplazaran a las del informe. 

La mayoría oficialista aprobó la moción y Niels Olsen mandó a votar ahí mismo la ley en bloque, pasándose por el forro el citado artículo 62 de la LOFL, según el cual todo cambio introducido en el segundo debate obliga a suspender la sesión y devolver el proyecto de ley a la Comisión para su revisión definitiva. Esto es así precisamente para evitar que, en el segundo debate, se infiltren inadvertida y fraudulentamente artículos no debatidos. Sólo si el informe no es aprobado en una primera votación, es posible modificarlo y votarlo otra vez de inmediato. Apelada su presidencia por esta ilegalidad, Olsen se defendió pidiendo al secretario que leyera el artículo que acababa de violar, cosa que el aludido hizo de manera groseramente fragmentaria, omitiendo once de los doce párrafos que lo integran: los que no convenían a Olsen. Fue un fraude premeditado.

Entre las disposiciones introducidas por Castillo y que fueron aprobadas sin que nadie las viera y sin debate, se encuentran aquellas que confieren al Consejo de la Judicatura la facultad de declarar al sistema judicial en emergencia y nombrar jueces a dedo; las que permiten juzgar a los adolescentes infractores como adultos y enviarlos a cárceles comunes; las que obligan a ciertas cooperativas de ahorro y crédito a convertirse en bancos… Todas las que ahora están siendo objetadas por inconstitucionales y no tienen relación alguna con el cuerpo de la ley. Aquí termina el paréntesis explicativo. 

El papel de la abogada de la Asamblea

Habíamos dejado a la abogada Mediavilla sumida en la miseria de su propia incapacidad y al secretario jurídico de la presidencia pidiendo la palabra para salvar los muebles. “Abogado Andino, ¿quiere responder esa pregunta?”, intervino el juez sustanciador José Luis Terán cuando ya era evidente que de la abogada de la Asamblea no se podía esperar nada. Y ahí, ante los ocho jueces de la Corte Constitucional que presuponían su buena fe, en la ceremoniosa formalidad de la audiencia y con la Ley Orgánica de la Función Legislativa en la mano, el representante de Carondelet les mintió en la cara. Tal cual. Dijo, o mejor dicho, se inventó, que el informe original para segundo debate ya había sido sometido a votación e improbado (cosa que nunca ocurrió) y que sólo entonces, “bajo la deliberación y negociación parlamentaria propia de esos espacios” (cosa que tampoco), se introdujeron los nuevos artículos que fueron aprobados de inmediato. Mentira de principio a fin. Por la jeta.

Más que una simple anécdota

Este episodio de las audiencias públicas que ha convocado la Corte Constitucional para conocer las demandas contra las leyes económicas urgentes del gobierno de Daniel Noboa y escuchar a las partes, ocurrió el jueves 28 de agosto y es mucho más que una simple anécdota. El origen ilegítimo de la Ley de Integridad (vaya paradoja) y el esfuerzo de los abogados de la presidencia y la Asamblea por ocultarlo; el fraude premeditado y la desvergonzada mentira; la incompetencia de Mediavilla y la insolente temeridad de Andino, son la viva imagen de un gobierno incapaz de percibir siquiera la dimensión de lo que está haciendo pero dispuesto a cometer cualquier atropello, cualquier exceso para hacerlo.

Sobrecalificados por la autocomplacencia de un gobierno sin conocimiento de lo público, un gobierno en el que nadie parece tener una remota idea de lo que son las grandes ligas de la política, la administración pública y el Derecho, un gobierno que funciona como una suerte de sala VIP de los millennial, los abogados de la presidencia y la Asamblea llegaron ante el más alto tribunal de la República con una impreparación clamorosa de la que ni siquiera son conscientes (tan impreparados están), pero que tratan de suplir con prepotencia o con la vaga noción de que ser elocuentes consiste en hablar de corrido: no importa qué, pero de corrido. 

Quizás en los ambientes oficinescos en los que desarrollan sus vidas, Andino y Mediavilla gozan de algún prestigio; puestos a argumentar en la Corte Constitucional, son unos simples pasantes. ¿Que cómo puede el gobierno mandar a gente de ese nivel para defender sus leyes más importantes en la instancia más decisiva? Bueno, porque eso es lo que hay. Andino y Mediavilla encarnan, ni más ni menos, el nivel del nuevo país: el presidente de la Asamblea es un Tilín; el ministro de Salud, que anda recorriendo los medios, un Tolón; la jefa de bancada legislativa, una Chilindrina; los ministros del Interior y Defensa, Chano y Chon.Con estos pasantes argumentando ante la Corte Constitucional, es decir, con el gobierno defendiendo sus leyes deshilvanadas, compuestas a martillazos y aprobadas de cualquiera manera, ocurre como con esos iletrados que creen que es posible fingir una gran cultura precisamente porque, en su ignorancia, desconocen qué cosa es una gran cultura y no saben que fingirla es imposible. ¿Cómo argumentan, por ejemplo, a favor de la unidad de materia de una ley económica que incluye reformas al código penal y establece las normas para la emergencia de la Función Judicial? Pues defienden la idea de que “esta ley abarca integralmente la relación del Estado con el ciudadano y eso tiene muchas aristas”, como dijo Andino. O porque “no podemos separar el tema penal, el tema del servicio público como tal con todo lo demás y con lo macroeconómico porque la verdad no es esa, la verdad es que las estructuras generales económicas implican que dañan la administración pública cuando logran internalizarse”, como se enredó Mediavilla. “Señores jueces, todo está relacionado”, concluyó tajante la abogada de la Asamblea, dando todo por resuelto.

Productos de una generación que permaneció completamente ajena al influjo de las humanidades; incapaces, por tanto, de reflexionar sobre la naturaleza de las palabras y el espíritu de las leyes, hablan de una manera hermética y afectada que disimula su absoluta vaciedad. Dicen, por ejemplo: “No podemos desconocer la transversalidad del componente económico en todas las disposiciones puesto que van encaminadas a hacer frente a una realidad urgente”. O también: “El componente económico es transversal a la norma, determinado por los fines que esta persigue y desde las varias aristas desde donde pretende atacar a su realidad”. Sin terminar de entender qué entienden los pasantes por “unidad de materia”, el juez Alí Lozada quiso ponerles a prueba: les preguntó qué pasaría si juntaran la Ley de Solidaridad y la Ley de Integridad en una sola. ¿Seguiría teniendo unidad de materia? “Es evidentemente un supuesto que no forma parte del objeto de esta controversia -balbuceó Andino- pero evidentemente si una ley tiene un objeto distinto y tiene una naturaleza y que está incluso sometida al mismo control en este momento y unirla con la otra ley para cumplir con la unidad de materia no sería necesariamente un requisito pero no tendría lógica porque, si no, debería haber sido una sola ley, debió haber sido en un solo momento y quizás con otras características”.

“Creo que se necesita hacer un análisis integral de la ley partiendo como tal del mismo, pues en el cual se establecen varias modalidades”, dice uno. “El interés superior del niño, efectivamente, contrae y trae muchas aristas y trae muchas disposiciones para garantizar ese interés superior del niño. Al hacer estas reformas, lo que estamos tratando y estamos imponiendo dentro del contexto social es que los jóvenes que son cooptados por estas bandas criminales van a tener cierto tratamiento. Con esto estamos garantizando que el interés superior del niño se pueda adoptar políticas directas para mantener eso”, pontificó otro. “Si es que logramos hacer el ámbito reformatorio realmente busque y se genere la reinserción, que también es lo que se está buscando, es eso, el interés superior del niño, se ve protegido porque estar a la interna buscará la reinserción como tal”, glosó una tercera. Pobrecitos. No hablan español y ni siquiera lo saben.

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