Ley Integridad Pública: Unidad de materia y afectación a servidores guían audiencia
Desde las 10:30 del 27 de agosto de 2025 se instaló la audiencia por las 26 demandas de inconstitucionalidad a esa normativa
La segunda audiencia pública en la Corte Constitucional respecto a las demandas de inconstitucionalidad contra leyes impulsadas por el presidente Daniel Noboa se desarrolla este 27 de agosto de 2025.
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La ausencia de unidad de materia, el trámite legislativo en la Asamblea y las afectaciones a servidores públicos han sido los principales argumentos en contra de la Ley de Integridad Pública por parte de los demandantes. Esta normativa ha sido una de las más cuestionadas por diversos sectores. En total, recibió 26 acciones públicas de inconstitucionalidad.
¿Qué pasó en la audiencia?
La diligencia convocada por el juez José Luis Terán contó con la presencia de ocho jueces de la Corte, como parte del trámite para emitir un pronunciamiento sobre el futuro de la normativa, sobre la cual ya se suspendió provisionalmente uno de sus artículos.
Previo a la comparecencia de los demandantes, el juez Terán anticipó: “el organismo, en el marco de sus competencias, no ejerce funciones de deliberación política de valoración sobre la conveniencia o inconveniencia de las decisiones legislativas”.
Esto ocurre en medio de la tensión instaurada por el Ejecutivo contra la Corte Constitucional, tras la decisión de suspender provisionalmente artículos de las leyes de Solidaridad Nacional, Integridad Pública e Inteligencia.
El primero en intervenir fue Andrés Quishpe, dirigente de la Unión Nacional de Educadores (UNE). Él cuestionó la finalidad de la normativa y afirmó que no existe unidad de materia; es decir, el objetivo de la ley no guarda concordancia con las reformas planteadas a más de 20 cuerpos legales.
Aseguró que la Ley de Integridad Pública ha sido utilizada para despedir a servidores públicos. “Existen servidores con evaluaciones de 100% que han sido despedidos”, señaló.
El abogado de la UNE, Ramiro García, también sostuvo que la Ley de Integridad Pública vulnera derechos garantizados en la Constitución y contradice estándares internacionales.
Por su parte, el abogado André Benavides, en representación de sectores de la Economía Popular y Solidaria, cuestionó la disposición que establece que las cooperativas de ahorro y crédito se conviertan en bancos.
Argumentó que ese tema no fue incluido en el informe de primer debate, sino únicamente en el segundo, lo que habría limitado la discusión. Además, criticó que reformas como esa no guardan relación con el objetivo de la normativa.
“Los asambleístas metieron por la ventana textos que no tienen nada que ver con temas de integridad pública”, mencionó Benavides.
En la primera parte de la audiencia participaron 17 personas, todas en defensa de sus demandas de inconstitucionalidad. A las 13:20 de este 27 de agosto de 2025, el juez Terán otorgó un receso para continuar posteriormente con el resto de involucrados.
¿Qué viene ahora?
A partir de las 14:30 estaba prevista la reinstalación de la audiencia. Aún resta escuchar a la Asamblea y al Ejecutivo en defensa de sus normativas.
Sin embargo, hoy no habrá un pronunciamiento de la Corte. Con los insumos entregados, se elaborará un proyecto de sentencia que deberá contar con el respaldo de al menos cinco jueces de los nueve que integran el Pleno de la Corte Constitucional.
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