Denuncian falta de prevención y control del Municipio de Quito tras crimen de guardia

El crimen de un guardia de seguridad en plena zona comercial de la República de El Salvador, en el norte de Quito, llevó a los vecinos del sector a pronunciarse públicamente y a denunciar lo que consideran una ausencia sostenida de control municipal.

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El hecho violento ocurrió la tarde del 7 de enero de 2026, en la intersección de las calles Irlanda y Austria, y dejó al descubierto, según la comunidad, una serie de omisiones por parte del Municipio en materia de prevención, control del tránsito y uso del espacio público.

En un comunicado firmado por el Comité de la República de El Salvador y difundido tras el crimen, la comunidad expresó su solidaridad con la familia de la víctima y, al mismo tiempo, cuestionó a la administración municipal. “Ejercemos nuestros derechos de participación para denunciar la falta de control permanente y acciones preventivas en nuestro sector”, señala el pronunciamiento.

Los vecinos aseguran que los hechos violentos se han vuelto recurrentes y que, en la mayoría de los casos, los delitos son cometidos por sujetos que se movilizan en motocicletas de alto cilindraje, muchas veces sin placas o con placas adulteradas. 

Según menciona el documento, estos vehículos suelen llevar a dos ocupantes fuertemente armados y cajones con logotipos de servicios de entrega a domicilio, una modalidad que, dicen, se repite sin mayor control.

Ante este escenario, la comunidad exige la aplicación efectiva de las ordenanzas vigentes y reclama que el ente rector de la movilidad en el Distrito Metropolitano asuma un rol más activo en la seguridad vial y ciudadana. 

“La rectoría en tránsito no es solo administrativa; otorga la potestad para diseñar operativos tácticos, en coordinación con la fuerza pública, que permitan desarticular el uso de vehículos con fines delictivos”, enfatiza el comunicado.

Cuestionamientos al Concejo

Los moradores insisten en que la seguridad no puede recaer únicamente en la Policía Nacional. A su criterio, el Municipio tiene una responsabilidad directa en la prevención social del delito y en el control del orden público a escala local.

El pronunciamiento también apunta al Concejo Metropolitano. Los vecinos cuestionan la falta de avance en el debate definitivo de la ordenanza que regula a los repartidores de entregas a domicilio, una normativa que, aseguran, sigue estancada mientras las calles permanecen “desprotegidas”. “La indiferencia del Concejo nos está costando la vida”, advierten.

Finalmente, la comunidad solicitó al comandante de la Policía Nacional la restitución de la Unidad Móvil de Atención Ciudadana que antes operaba en las calles Portugal y República de El Salvador.

Consideran que su presencia permitiría reducir los tiempos de respuesta ante emergencias y serviría como un punto estratégico para operativos de control en una de las zonas comerciales y financieras más concurridas de la capital.

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