Austral: la identidad de los funcionarios se maneja bajo reserva

Los hallazgos identificados por la Contraloría General del Estado (CGE), en la contratación de la central de generación térmica de emergencia Esmeraldas III, causó un remezón en las empresas públicas relacionadas con el sector eléctrico. El Ministerio de Energía y Minas dio a conocer que los funcionarios relacionados con este proceso y con el de Progen fueron separados.

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Inés Manzano, ministra de Energía y Minas, sostuvo este 16 de julio de 2025 a través de su cuenta de X, que los funcionarios señalados con indicios de responsabilidad penal se deberán defender “con los recursos que la ley establece”. Además, afirmó que estas autoridades “no nos acompañan más”.

Más tarde, en TC Televisión, Manzano refirió que dos funcionarios que ocupaban cargos altos ya renunciaron. Y enfatizó que "el único que pone responsabilidad culposa o pone un culpable es un juez y hasta que se llegue a eso hay un periodo largo". 

La Cartera de Estado no detalló de quiénes se trata. El informe que emitió el órgano de control tampoco precisa los nombres de los funcionarios señalados. Pero si se refiere a los cargos que ocupan u ocupaban.

Según conoció EXPRESO la medida se toma porque se identificaron indicios de responsabilidad penal, que deberán ser conocidos por la Fiscalía General del Estado (FGE).

¿Qué funcionarios fueron señalados por la Contraloría, en el caso de Austral?

Así, entre otros, se hace referencia al gerente de la Unidad de Negocio Electroguayas que firmó en agosto de 2024 el contrato con Austral Technical Management S.A.S. (ATM) sin verificar el cumplimiento de los requisitos contractuales. Y no supervisar el proceso.

Diario EXPRESO revisó en el portal de Transparencia de Electroguayas que el gerente de esta unidad (referido en el informe), no constaba ya en la nómina de junio de 2025. Este funcionario suscribió el contrato con Austral tras ser delegado por el entonces gerente general de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), que estuvo en funciones en junio de 2024.

Aparte se señala al administrador del contrato, que estuvo en funciones entre agosto y septiembre de 2024. Y otro que ocupó el cargo entre septiembre y diciembre del año pasado. Lo propio se hace con la subgerente Jurídica, en funciones entre julio y diciembre de 2024; la especialista de Adquisiciones 3, que estuvo entre enero de 2023 y diciembre de 2024; y otros.

“Hay que esperar las sanciones que vengan por parte de la Fiscalía (...) y no se queden en aquellos que recibieron órdenes sino buscar a los peces gordos que promovieron este ilícito”, enfatizó Germán Rodas Chaves, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA).

Esta organización denunció a fines de 2024 irregularidades en los contratos de Progen y Austral, con los que el Gobierno buscaba sumar 241 megavatios (MW) en medio de la crisis eléctrica.

La operación de esta planta estaba prevista para enero de 2025. Pero esto no ocurrió. (Ver gráfico)

Los resultados del informe sobre Austral irán a la Fiscalía General del Estado

Tras determinar que el informe de Contraloría sobre Austral arrojó sanciones administrativas, civiles e incluso indicios de responsabilidad penal. Estos últimos serán enviados a la Fiscalía para que investigue sobre (un presunto) tráfico de influencias o peculado, precisó Mauricio Torres, contralor general del Estado, en Teleamazonas.

En cuanto a las sanciones administrativas y civiles explicó que estas serán notificadas a los funcionarios para que justifiquen en las etapas de predeterminación, determinación y revisión. “Hay resultados, sí, es lo que el país estaba pensando. Existen ciertos perjuicios para el Estado”, afirmó Torres.

Además, detalló que el informe sobre los contratos con Progen (Salitral y Quevedo III) será aprobado el 18 de julio o máximo el próximo lunes 21 de julio de 2025. “En Progen se están viendo resultados, que pueden ser parecidos”, afirmó el contralor.

¿Qué identificó la Contraloría en el contrato que firmó el Estado con Austral?

En el examen que realizó la Contraloría al contrato con Austral (Esmeraldas III) se comprobó que los equipos no son nuevos, datan de entre 2016 y 2017.

Según el informe, por ejemplo, se identificó generadores con placas que tenían inscrito el año 2016. En otros no había placas visibles.

Esto ocurrió pese a que el Gobierno aseguró entonces que se compraron equipos nuevos. Es decir, con cero horas de funcionamiento.

Al ser consultada sobre si los equipos de Progen son nuevos, la titular del Ministerio de Energía insistió en que "el mago que haya dicho que es usado, es un mago" porque se recibieron equipos totalmente cubiertos con una película de plástico como si fuesen "regalitos de Navidad" y que no se abrieron porque se corría el riego de perder la garantía. 

La Contraloría confirmó que los equipos no eran compatibles con el sistema eléctrico de Ecuador

Además, el informe que difundió el órgano de control precisó que se adquirieron equipos con una frecuencia diferente (50 Hertz) a la del sistema ecuatoriano (60 Hertz).

Tampoco se exigió ni presentó garantía técnica emitida por el fabricante ni certificados de calidad u origen. Se autorizó el pago del 60 % del contrato ($53,9 millones de $89,9 millones, sin IVA) sin validar técnicamente el estado de los equipos. 

Las inspecciones fueron incompletas, sin pruebas técnicas. No se objetó el incumplimiento del plan de inspección y pruebas. Además, se advierte que el estado de los generadores se revisó de manera aleatoria y a través de una videollamada.

La empresa uruguaya Austral, que se constituyo apenas meses antes de firmar el contrato (en abril de 2024) no se pronunció hasta el cierre de la edición.

¿Cuál es la situación en Progen?

Manzano aseguró que en los dos contratos, más las garantía entregadas "tenemos más allá de lo que nosotros dimos como anticipo". Según el Ministerio de Energía, el Estado entregó a Progen alrededor de $108 millones, por Quevedo III y Salitral (150 megavatios).

Además, se dio a conocer que tras obtener un fallo de emergencia a favor del Estado ecuatoriano las garantías, que bordean los $7,5 millones, se cobrarán ya el 21 de julio y 23 de julio próximo, según notificó la aseguradora.

"La próxima semana con los ingenieros eléctricos vamos a abrir por primera vez estas turbinas y vamos a ver qué es lo que nos han enviado", enfatizó Manzano.

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