Progen y bonos durante campaña 2025: Así ADN tomó control de la fiscalización
CAL fue instancia clave en decisión de designar a la Comisión de Transparencia como competente para investigar esos casos
En poco más de quince días, el oficialismo en la Asamblea logró adjudicarse dos procesos de fiscalización sensibles para el Gobierno de Daniel Noboa. El Consejo de Administración Legislativa (CAL) se convirtió en la figura clave para alcanzar ese objetivo.
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En el CAL, Acción Democrática Nacional (ADN) cuenta con mayoría, no solo gracias a sus asambleístas, sino también por el respaldo de dos aliados: Carmen Tiupul (Pachakutik) y Mónica Salazar (ex Revolución Ciudadana).
El peso de esos votos ha permitido al oficialismo adjudicarse dos procesos de fiscalización iniciados por el correísmo en una de las dos comisiones que controla: los contratos energéticos suscritos con Progen y ATM; además del caso relacionado con la entrega de bonos durante la campaña electoral de 2025.
El mecanismo se ha repetido en ambos casos. Tras el inicio del proceso en la Comisión de Garantías Constitucionales —donde Revolución Ciudadana tiene mayoría— la legisladora oficialista Diana Jácome solicitó que esos expedientes sean tratados en su propia mesa legislativa.
La primera pugna fue por Progen
Luego de que el correísmo intentara sin éxito que el Pleno de la Asamblea se pronunciara sobre los contratos del Estado con Progen y ATM, la Comisión de Garantías Constitucionales inició de forma autónoma un proceso de fiscalización.
Este movimiento desató una pugna entre dicha comisión y la de Transparencia y Participación Ciudadana, lo que llevó al CAL a intervenir. Finalmente, el 21 de junio de 2025, ese organismo resolvió que la mesa de Transparencia, presidida por Jácome, sea la única competente para continuar con la investigación sobre los contratos suscritos por la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP) con las empresas Progen Industries y Austral Technical Management (ATM).
Estos contratos representan un tema sensible para el Ejecutivo, dado que el conflicto con Progen escaló hasta un arbitraje internacional. Todo comenzó cuando CELEC notificó a Progen la terminación unilateral de los convenios destinados a la generación de 150 megavatios en las plantas Quevedo y Salitral.
La entrega de bonos también pasó a Transparencia
El segundo caso que transitó de manos del correísmo al oficialismo fue el de la entrega de bonos, becas y pagos durante la campaña para el balotaje del pasado 13 de abril de 2025. Esta indagación también fue impulsada desde la Comisión de Garantías Constitucionales, e incluso fueron convocadas tres autoridades del Gobierno que no asistieron.
Durante la sesión del CAL del 4 de julio de 2025, se aceptó el pedido de Jácome para trasladar esa fiscalización a su comisión. La legisladora oficialista argumentó que “de conformidad con el artículo 21, numerales 11 y 12 de la LOFL, la entrega de bonos y becas se ajusta a la materia y especialidad de esta comisión, por cuanto versa sobre asuntos de transparencia y control social, respecto del derecho ciudadano a vigilar y fiscalizar la gestión pública de las autoridades”.
