ADN se atribuye otra fiscalización que involucra al Gobierno: ¿De qué se trata?
Consejo de Administración Legislativa decidió retirarle al correísmo investigación por entrega de bonos en campaña electoral
El oficialismo se adjudicó un nuevo proceso de fiscalización en la Asamblea que involucra al Gobierno de Daniel Noboa. Esta vez, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) decidió que la investigación sobre la entrega de bonos y pagos durante la campaña electoral de 2025 se tramite en la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana.
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Esa comisión está presidida por la gobiernista Diana Jácome. Además, Acción Democrática Nacional (ADN) tiene mayoría, lo que convierte este en el segundo proceso de fiscalización relacionado con el Gobierno que el mismo oficialismo llevará adelante.
La decisión del CAL se tomó la tarde del 4 de julio de 2025. Esa instancia también es controlada por ADN y sus aliados. Según la resolución, el CAL declaró competente a la Comisión de Transparencia para fiscalizar programas, bonos, becas y pagos anunciados entre el 22 y el 26 de marzo de 2025.
No solo se incluye la entrega de esos beneficios, sino también “cualquier otro que guarde relación con esta temática y materia”. El pedido para que ese proceso de fiscalización pase a la mesa de Participación fue presentado por la misma Jácome.
En un comunicado de la Asamblea se explica que Jácome argumentó: “de conformidad con el artículo 21, numerales 11 y 12 de la LOFL, la entrega de bonos y becas se ajusta a la materia y especialidad de esta comisión, por cuanto versa sobre asuntos de transparencia y control social, respecto del derecho ciudadano a vigilar y fiscalizar la gestión pública de las autoridades”.
¿Por qué es polémica la decisión?
Más allá del argumento presentado por Jácome, en la Asamblea ya se había iniciado un proceso de fiscalización sobre la entrega de esos bonos, pagos y becas. La Comisión de Garantías Constitucionales, controlada por el correísmo, abrió una investigación por pedido del asambleísta Roque Ordóñez (RC).
Como parte del proceso, la comisión presidida por Jaime Estrada (RC) convocó para el 2 de julio pasado a tres autoridades del Gobierno: Harold Burbano, ministro de Inclusión Social; Arianna Tanca, ministra de la Mujer y Derechos Humanos; y Leonardo Bruns, gerente de Petroecuador.
Ese día, ninguna de las tres autoridades compareció. Burbano envió un oficio en el que indicó que tenía una agenda previamente establecida que involucraba su movilización a territorio.
La Comisión de Garantías Constitucionales convocó a Burbano para que explique la entrega de tres bonos denominados: Incentivo Emprende, Jóvenes en Acción y Ecuatorianos en Acción. Todos fueron anunciados en medio de la campaña electoral para el balotaje del 13 de abril, entre el presidente reelecto Daniel Noboa y la correísta Luisa González.
La convocatoria a Tanca y al gerente de Petroecuador estaba relacionada con la entrega de compensaciones económicas a familias de Esmeraldas afectadas por un derrame de petróleo.
¿Cuál fue la reacción del correísmo?
En declaraciones para EXPRESO, el presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales, Jaime Estrada, señaló que la mesa tiene previsto reunirse el lunes 7 de julio de 2025 para abordar este tema.
Por su parte, la vicepresidenta de esa comisión, Verónica Íñiguez (RC), cuestionó la decisión del CAL. Confirmó que la resolución ya fue notificada al presidente de su comisión y calificó la medida como unilateral.
“¿Si tenían la intención de hacer esta fiscalización, por qué no la iniciaron? Cuando nosotros lo hacemos, como ocurrió con Progen, quieren tomar el control para evitar que exista algún tipo de respuesta o se señale la responsabilidad de quienes han participado del uso de fondos del Estado”, señaló Íñiguez.
¿Por qué hay referencia al caso Progen?
La entrega de bonos constituye el segundo proceso de fiscalización que el oficialismo retira al correísmo en la Asamblea. El primero estuvo relacionado con los contratos para generación eléctrica entre CELEC y la empresa Progen.
Tras una pugna entre las mismas mesas legislativas, el CAL intervino y asignó la fiscalización a la Comisión de Transparencia, en la cual el oficialismo cuenta con mayoría.
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