Medardo Mora Solórzano | El IESS y su crisis
Es impostergable buscar mecanismos que posibiliten que el IESS siga prestando sus servicios
La seguridad social es esencial en la vida de un país. Es la que protege a la población en situaciones adversas como invalidez, enfermedad, vejez, desempleo, y eso impone que se le dé la más prioritaria atención.
Lamentablemente al Seguro Social en el Ecuador lo han convertido en un botín del que han abusado los gobiernos de turno, al utilizar sus recursos como caja chica y para paliar su déficit fiscal. A eso se agrega funcionarios corruptos de la institución, que se han enriquecido ilícitamente. Ello explica que dos expresidentes de su Consejo Directivo estén prófugos de la justicia, Ramiro González y Richard Espinoza, este último vinculado a la construcción de hospitales con altos sobreprecios. También han abusado de sus fondos prestadores externos de la salud, acuñando inmensas fortunas, traficando con cobros sobrefacturados, como lo ha denunciado Diario EXPRESO en su invariable línea periodística de informar la verdad a sus lectores, mientras los verdaderos dueños de esos recursos, sus afiliados, perciben en muchos casos pensiones jubilares mínimas y carecen de medicamentos y una buena atención de sus servicios.
Es doloroso observar que todos estos atracos al IESS no hayan sido percibidos por sus auditores, ni por el organismo de control del Estado, Contraloría, que para evidenciar más elocuentemente los altísimos niveles de corrupción que sufre el país, exhibe dos excontralores, Carlos Pólit y Pablo Celi, sentenciados a prisión por negociar glosas mediante el delito de concusión. Esta triste realidad ha conducido al IESS a una crítica situación que lo tiene cerca de colapsar si sus autoridades y quienes gobiernan no toman medidas urgentes para detener el derrumbe de una institución que por los objetivos y solidarios fines humanos que persigue, merece una urgente reestructuración.
Es impostergable buscar mecanismos que posibiliten que el IESS siga prestando sus servicios. Eso amerita un amplio y transparente diálogo en el que participen delegados de los poderes del Estado, empresarios, afiliados y jubilados, con asesoramiento de una comisión internacional de expertos en esta materia.