Despidos en áreas protegidas: El impacto del despido de guardaparques en Ecuador

Una dicotomía. Por un lado, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica para el fortalecimiento de las Áreas Protegidas; sin embargo, más guardaparques son despedidos.

Esto, de acuerdo con la opinión de Leonel Fuentes, decano de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil, estas acciones no tienen ni criterio ni lógica jurídica. Eso, debido a que la normativa, publicada el 14 de julio, en el Registro Oficial, habla de incorporar guardaparques, por lo que los despidos son “un despropósito, ya que se presume que esta ley se presentó como una ley de carácter económico urgente”.

Los despidos en el sector público empezaron a partir del 24 de julio, cuando Carolina Jaramillo, vocera del Gobierno anunció la desvinculación de 5.000 funcionarios. En ese entonces, la burócrata afirmó que la separación de los empleados estaba relacionada con sectores del poder Ejecutivo, administrativo y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en lo que denominó el Plan de Eficiencia Administrativa.

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De acuerdo con sus declaraciones, las desvinculaciones se iban hacer en base a un criterio de eficiencia, modernización y de optimización de los recursos humanos estatales. También, obedecía a la idea de que el Estado realmente brindase servicios públicos de calidad.

Ecuador mantiene un déficit de guardaparques

Antes de esta reorganización del Ejecutivo, 598 guardaparques estaban a cargo de aproximadamente 26 millones de hectáreas, es decir, a cada uno le correspondía estar cuidar 43.478, 26 hectáreas. Si en ese entonces, que cada agente de conservación cuidase ese tamaño de hectáreas de áreas protegidas era casi imposible, ahora es mucho más, afirma Cecilia Puertas, bióloga, experta en el manejo de recursos naturales y docente e investigadora de la Universidad Internacional del Ecuador.

Y es que, si con esas medidas ya había un déficit, indica la bióloga, ahora peor, porque el Estado “ha despedido a unos 30 guardaparques y quién sabe cuántos más continuarán”. A su juicio, el país requiere que contratar más personal. Lo recomendable, manifiesta, es cada persona esté a cargo de 5.000 hectáreas.

De acuerdo con el Informe de la supresión de puestos fijos del MAATE, al cual tuvo acceso el portal digital Mongabay Latam, 10 guardaparques de áreas protegidas continentales y 20 de Galápagos fueron despedidos. Según el documento, indican, 61 fueron despedidos por “duplicidad de funciones” y 13 por reducción presupuestaria.

Además, antes de este recorte, unos 300 guardaparques tenían a su cargo el control de 800.000 hectáreas terrestres del Parque Nacional Galápagos, 14’300.000 hectáreas de la Reserva Marina Galápagos y 6’000.000 de hectáreas de la Reserva Marina Hermandad.

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Contradicciones al espíritu de la ley

Fuentes comenta que la ley pierde sentido. En ese entonces “había algo de premura económica en poder mejorar la gobernanza en los parques nacionales”, y aunque se visualizaba que querían mejorar la gestión, subraya el abogado, con los despidos se evidencia que es todo lo contrario a lo que esta plantea.

Y es que el espíritu de esta normativa, enfatiza René Bedón, abogado, experto en Derecho Ambiental, era el de establecer las medidas para el fortalecimiento, la conservación y la sostenibilidad del sistema nacional de la biodiversidad, mantener las funciones ecológicas en función de los derechos de la naturaleza, protegidas constitucionalmente.

Así también, la ley establece la disposición de garantizar a los guardaparques una profesionalización progresiva, titulación de carreras, “un mecanismo de ascenso en el servicio público a través de los cuales se reconozcan sus conocimientos en conservación, en actividades de control, vigilancia, educación ambiental y respuesta ante amenazas en el territorio”. Pero al final, "se contradice en la práctica, porque en la práctica se han despedido a los guardaparques”, expresa Bedón.

A eso, Puertas le suma la fusión del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica con el Ministerio de Energía y Minas, lo que “también se da a especulaciones y nos da la impresión de que los intereses son otros: seguir siendo un país extractivo”. Por lo que señala que la falta de visión sobre el potencial económico que tendría el país al proteger sus recursos naturales hace que los gobiernos de turno destruyan la biodiversidad.

Con ella concuerda Bedón, quien expone que en el Parque Nacional de Azuay hay un número insuficiente para proteger sobre todas las zonas intangibles, donde se produce muchísima comercialización de materia ilegal en la zona sur. “Necesitamos más más guardaparques”. Además, se requiere de la presencia de las fuerzas del orden, ya que, de acuerdo con la normativa recientemente promulgada, las áreas protegidas donde se realicen actividades delictivas o criminales están bajo el cuidado de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

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Leyes vigentes

El experto en Derecho Ambiental subraya que, aunque Galápagos y las zonas intangibles están excluidas de la protección de la Ley Orgánica para el fortalecimiento de las Áreas Protegidas, sí lo están bajo la Constitución, el Código Orgánico del Ambiente y el Reglamento del Código Orgánico del Ambiente. Además, las islas cuentan con la Ley de Régimen Especial para la Conservación y el Desarrollo Sustentable de la provincia de Galápagos. “Toda esa normativa sigue vigente".

No obstante, para la bióloga, “muchas veces las leyes quedan ahí, quedan en el papel. De hecho, en la misma Constitución se habla de los derechos de la naturaleza; sin embargo, estos derechos realmente no han sido respetados”.

Ante esto, Fuentes recomienda que el Estado debe revertir estas acciones porque realmente son escasos los guardaparques en el país. “Es un trabajo tremendamente noble y difícil, no es lo mismo que estar en la burocracia de Quito, tomando café a las 17:00 y celebrando las fiestas de la capital, que estar en un parque nacional”.

Y que contrate más guardaparques, indica Bedón. Además, de que zonifique bien las zonas protegidas, por zonas intangibles, de investigación, para actividades turísticas, entre otras.

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