Gobierno logra tercera ley urgente: Áreas protegidas a manos de un servicio nacional

La tercera ley económica urgente del presidente Daniel Noboa fue aprobada en la Asamblea. Las áreas protegidas serán gestionadas y administradas por un servicio nacional y el presidente Daniel Noboa tendrá que crearlo para estar bajo la rectoría del Ministerio de Ambiente.

Esta vez, la ley fue aprobada con 80 votos a favor. También hubo 23 negativos que vinieron de un sector del correísmo. Otro grupo de correístas no registraron su voto porque abandonaron el Pleno.

La encargada de exponer los alcances de la ley fue la jefa del bloque de ADN Valentina Centeno. Ella dijo que hubo mitos alrededor de la normativa. “Hemos dejado claro que queda prohibida la privatización (de áreas protegidas). Se establece que ningún proyecto o actividad podrá entenderse como privatización”, mencionó.

Esto en referencia a las críticas desde el correísmo y un sector de Pachakutik respecto a que el modelo de gestión de las áreas protegidas abría la puerta para las privatizaciones. Para esas organizaciones, la creación de una empresa pública era el motivo de esas críticas.

Centeno también habló de la construcción de infraestructura en estas áreas. Dijo que se ha hablado de la edificación de proyectos de lujo en las zonas protegidas. “La ley señala que se respetan las áreas de protección”, según Centeno. Además, argumentó que las áreas en las que se podrán realizar este tipo de proyectos deberán ser públicas, destinadas al turismo y a la recreación.

Por su parte, el correísmo disputó la titularidad de los cambios que se introdujeron en la normativa. Verónica Íñiguez (RC) señaló que se logró establecer la obligatoriedad de la consulta libre, previa e informada, así como el que no se cree la empresa pública. Aseguró que trabajaron para salvaguardar los intereses de los ecuatorianos y precautelar el patrimonio.

Los cruces en el Pleno

El caso de Santiago Díaz, asambleísta acusado de violación, no se excluyó del debate. El oficialismo lo trajo a colación en la intervención del asambleísta Steve Villacrés. Él acusó al correísmo de apoyar leyes para la impunidad de violadores.

Pero también la gobiernista Nathaly Morillo arremetió en contra de la jefa de bancada de la RC, Viviana Veloz. La increpó sobre cuál sería su rol como presidenta de la Comisión de Niñez, una de las dos únicas mesas en la que el correísmo tiene mayoría.

Esto desató los reclamos del bloque de la Revolución Ciudadana. Hubo gritos y quejas por lo que el presidente del Parlamento Niels Olsen tuvo que llamar al orden. El asambleísta Patricio Chávez (RC) solicitó que se pidan disculpas. Y, ante la negativa, el bloque de la Revolución Ciudadana abandonó por un momento el Pleno.

¿Qué incluye la Ley de áreas Protegidas?

Esta vez, contrario a lo que ocurrió con las leyes de Solidaridad Nacional y de Integridad Pública, el oficialismo en la Asamblea no optó por reformar un amplio número de normativas. Esa ha sido la principal crítica a esos proyectos de ley ya que se ha cuestionado su unidad de materia.

Sin embargo, existen cambios que se incluyeron en el informe de segundo debate que implicarán cambios. Por ejemplo, el presidente de la República creará el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, como “organismo público, técnico y especializado que ejercerá las facultades de regulación, control y sanción de las áreas protegidas, bajo la rectoría de la Autoridad Ambiental Nacional”.

Este tema sufrió varios cambios respecto a lo enviado originalmente por el presidente de la República. En principio no se consideraba el establecimiento de un sistema nacional, pero fue el presidente de la Asamblea Niels Olsen el que planteó esa posibilidad.

Sin embargo, en la Comisión de Desarrollo Económico se incluyó el que sea una empresa pública y no un sistema nacional la encargada de la gestión. Eso recibió críticas del Partido Social Cristiano (PSC) y del correísmo. Al final, el oficialismo optó por mantener el sistema nacional de áreas protegidas.

¿La remisión de deudas?

Un tema complejo para ADN fue conciliar lo relacionado con la remisión del pago de intereses, intereses por mora, costas judiciales y otros cargos derivados de operaciones crediticias por parte de la Corporación Financiera Nacional (CFN).

El correísmo planteó que el beneficio no aplique para autoridades del Ejecutivo ni Legislativo y, finalmente, eso se incluyó. El proyecto señala que “se prohíbe acceder a esta remisión a las autoridades de elección popular en funciones, así como a los servidores públicos que ocupen puestos de nivel jerárquico superior o sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad”.

Tercera ley urgente arregla error de la segunda

En un mecanismo que se ha vuelto costumbre del oficialismo, la Ley de Áreas Protegidas incluye una disposición reformatoria para permitir que los servidores que se jubilen a los 60 años puedan acceder a la compensación. En la Ley de Integridad Pública se estableció que el beneficio lo podrían obtener quienes se jubilen a los 65 años.

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