Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Áreas Protegidas llega a la Corte
Todas las leyes económicas urgentes del Ejecutivo han sido cuestionadas por organizaciones sociales
Hasta el momento, las tres leyes económicas urgentes aprobadas por la Asamblea Nacional han despertado cuestionamientos de organizaciones de la sociedad civil y movimientos políticos.
Acciones de inconstitucionalidad se han emprendido en contra de las leyes de Solidaridad, Inteligencia, Integridad Pública. Esta última es la que más demandas concentra, ya que dirigentes sindicales han señalado que afecta a derechos laborales.
Además, el martes 15 de julio del 2025, también llegó a la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley Orgánica de Áreas Protegidas.
Varias organizaciones de la sociedad civil han expresado su rechazo a la Ley Orgánica de Áreas Protegidas. Por ejemplo, la Conaie ha manifestado que amenaza los territorios indígenas y viola derechos fundamentales, como la consulta previa, libre e informada.
¿Qué dice la demanda de inconstitucionalidad a la Ley de Áreas Protegidas?
La demanda de inconstitucionalidad a la Ley Orgánica de Áreas Protegidas la colocó el abogado Erick Fabián Guapizaca Jiménez, graduado en la Universidad San Francisco de Quito y estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan.
Como lo han alertado colectivos que defienden los derechos de la naturaleza y la Conaie, Erick Fabián Guapizaca señala la vulneración del derecho a la consulta prelegislativa. También cuestionó el artículo 6, sobre la intervención de la fuerza pública en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
Para otros colectivos, la ley da paso a la privatización
Fundación Aldea y la Red de Territorios de Vida Ecuador señaló que "se evidencia que el objetivo de esta ley no es conservar sino abrir paso a negocios privados dentro de las áreas protegidas. La verdadera intención es que el capital privado intervenga en las áreas protegidas, y no necesariamente para conservación. La inversión será para explotar económicamente estos espacios territoriales".
El pueblo Sarayaku denunció que esta ley "abre las puertas a la minería a cielo abierto, sin consulta previa, libre e informada, como lo exige la Constitución y los tratados internacionales. E incorpora la figura de gestores privados, lo cual representa una forma de privatización encubierta y una violación al principio de libre determinación de los pueblos indígenas".
