César Febres-Cordero Loyola | Descaro

Muchas veces, lo que en otros países se considera como un problema de sus democracias, en el Ecuador bien que se lo podría contar como un éxito o una mejora.

Mientras que en el primer mundo se quejan -con justa razón- de la influencia de los lobistas, aquí tan solo podríamos soñar con un sistema parecido. Por allá, las aportaciones de los empresarios a los políticos quedan debidamente registradas y los tratos sucios, por lo general, no son mucho más que ofensivas lanzadas por la vía legislativa o administrativa para bajar impuestos o reducir regulaciones. Por acá, basta con asomarse a ver los presupuestos oficiales de campaña (https://transparenciafinanciamientopolitica.cne.gob.ec/) para darse cuenta de que nuestros políticos no le tienen miedo ni a las autoridades electorales ni a la ciudadanía. Ahí aparecen reportados como doscientos mil en ingresos presupuestados de ADN para la primera vuelta, y ese número exacto, cerradito, de RC para la segunda. Pero hay potentados señores que van por la vida diciendo sin empacho que le entregaron mucho, mucho más a los candidatos de su preferencia.

Cuando en países un poco más civilizados se quejan de que los jueces se exceden en su intromisión en la política y legislan reemplazando a los parlamentos y a los cuerpos constituyentes, uno se ve tentado a darles la razón. Pero aquí, esos señoritos jueces por quienes nadie votó parecen ser los únicos funcionarios que tienen algo de respeto por la voluntad popular plasmada en la Constitución vigente, al mismo tiempo que nuestros legisladores se esfuerzan por demostrar lo contrario. Por ahí ha salido uno, Keevin Gallardo del Chimborazo, que se ha atrevido a llevar a juicio político a un consejero de participación, Gonzalo Albán, cuestionándolo no por su gestión sino por la legitimidad de su elección, yéndose en contra no solo del voto popular sino de una sentencia favorable del pleno del TCE. Dos de esos jueces hoy siguen en sus cargos como cartas amistosas al oficialismo, pero al Sr. Gallardo no se le ocurrió enjuiciarlos a ellos.

¿Vale la pena darle a ese tipo de legislador la potestad de censurar a los jueces de la Corte Constitucional?