Fernando Insua Romero | Choque de trenes: el turno de la Corte

Desarticulado el correísmo en la cancha nacional, marginado en Argentina, desplazado en Venezuela y refugiado en podcasts desde México, el gobierno de Daniel Noboa ya no tiene en frente a su viejo enemigo. Al menos no uno que importe en términos reales de poder. Como todo sistema político necesita un antagonista. La nueva némesis se llama Corte Constitucional.

El enfrentamiento era inevitable. Un presidente con agenda acelerada y reformas urgentes, frente a un tribunal celoso de sus atribuciones y comprometido con la forma antes que con el fondo. La Corte ha decidido intervenir, suspender artículos clave de leyes ya aprobadas, condicionar decretos y marcar su territorio como actor político. No es solo una diferencia de interpretación jurídica: es un pulso institucional en medio de una crisis nacional. La Corte, al frenar herramientas legales para la seguridad, abre un nuevo frente de desgaste. Desarma parcialmente al Gobierno, lo obliga a retroceder y lo empuja a justificar lo obvio: que estamos en guerra contra mafias armadas, no en un ejercicio académico. Y como si ese desgaste no bastara, llega la pregunta en la nueva consulta popular: ¿deben ser enjuiciables los jueces de la Corte? Suena más a dedicatoria con nombre y apellido que a reforma estructural. Aparece justo luego del revés judicial y desvía el foco nacional. No era el momento. En medio del combate contra el crimen y la búsqueda de resultados, abrir un frente con la Corte puede contaminar la narrativa y hacer que la consulta pierda legitimidad.

Hay quienes sostienen que esta tensión se agravó por errores de técnica legislativa y falta de coordinación entre poderes. La Corte tiene fundamentos legales, pero ha fallado en explicar con claridad sus decisiones. Mientras tanto, el Gobierno, con astucia política, ha logrado posicionar la idea de que existe un freno innecesario a su voluntad de cambio.

Los trenes ya están en marcha. Uno dice ‘seguridad, el otro ‘constitucionalidad’. Y aunque el conflicto tiene lógica institucional, si el Gobierno se enfrasca en batallas que pudo evitar, quizá el choque no lo provoque el adversario, sino el conductor que creyó que nadie tenía la vía.