Uso de testimonios de procesados en Ecuador genera críticas sobre la justicia
Expertos en Derecho Penal advierten riesgos para el debido proceso y la independencia judicial
En el país, las versiones de procesados ganan peso cuando coinciden con narrativas políticas dominantes. En expedientes como el caso Caja Chica y Magnicidio FV, la Fiscalía General del Estado las ha usado como piezas clave cuando refuerzan las tesis alineadas con el régimen o contra sus opositores.
En ese contexto, la actuación de la Fiscalía abre cuestionamientos sobre los criterios con los que valora estas declaraciones. Sobre todo, porque la credibilidad de los procesados se fortalece cuando sus dichos encajan en hipótesis funcionales a disputas políticas.
Sin embargo, esas versiones son cuestionadas cuando contradicen la narrativa predominante o no encajan en las tesis políticas del oficialismo. A partir de ello, juristas consultados por EXPRESO advierten que este patrón intensifica el debate sobre la independencia del sistema de justicia.
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Cuestionamientos a la actuación fiscal
La discusión no es menor dentro del sistema penal ecuatoriano, donde la figura de la cooperación eficaz y los testimonios de procesados cumplen un rol clave en investigaciones complejas. Para los especialistas, el problema no radica en el uso de estas herramientas, sino en la forma en que se aplican dentro de los procesos.
José Manuel Portugal, director de la Escuela de Derecho en Guayaquil de la Universidad Internacional del Ecuador, sostiene que esta dinámica evidencia una justicia influida por el poder político. A su criterio, el accionar de la Fiscalía varía según los actores involucrados, lo que proyecta una imagen de parcialidad y debilita la confianza en las instituciones.
Portugal advierte que la falta de un trato uniforme frente a declaraciones similares genera una percepción de selectividad. Esa lógica, añade, alimenta la idea de que la justicia responde a intereses coyunturales.
Selectividad y riesgos en el debido proceso
El penalista Andrés Cevallos identifica una renuncia al principio de objetividad como el núcleo del problema. Explica que, en la práctica, la Fiscalía valida rápidamente los testimonios que respaldan su hipótesis inicial y descarta aquellos que obligarían a abrir nuevas líneas de investigación.
El abogado Cevallos agrega que esta dinámica refleja un problema más profundo dentro del sistema. A su criterio, otorgar peso determinante a la palabra de un procesado -especialmente cuando negocia beneficios mediante figuras como la cooperación eficaz- genera “incentivos perversos” para distorsionar la verdad, pues el sistema premia versiones que resultan útiles para sostener determinadas hipótesis.
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José Manuel Portugal
La cooperación eficaz en debate
A ese diagnóstico se suma el criterio del penalista Diego Zavala, docente de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. En su opinión, esta lógica desnaturaliza herramientas como la cooperación eficaz.
Advierte que “la figura la están convirtiendo en un arma política, más que en un mecanismo jurídico procesal para perseguir la delincuencia”, lo que, a su juicio, agrava los riesgos de manipulación dentro de las investigaciones. Señala que “es bastante conveniente cómo ciertos delincuentes construyen narrativas útiles cuando apuntan contra enemigos del Gobierno; pero cuando afectan sus intereses, se cuestiona de inmediato su credibilidad”.
Ese escenario, advierte Cevallos, tiene efectos directos sobre el debido proceso. Explica que esta práctica puede generar una carga desigual para los implicados. “Por un lado, existe una declaración no verificada que, si resulta útil para la acusación fiscal, puede avanzar y, al mismo tiempo, afectar la reputación de la persona a la que el procesado señala directamente”, expone el abogado.
Criterios técnicos frente a testimonios
Desde una perspectiva procesal, el jurista Julio César Vasco, docente de Derecho de la Universidad UTE, introduce matices sobre el tratamiento de estas declaraciones. Señala que no toda versión debe aceptarse ni descartarse automáticamente, ya que la normativa permite utilizarlas como punto de partida para investigaciones.
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Andrés Cevallos
No obstante, enfatiza que la Fiscalía debería someter esta información a filtros rigurosos. La veracidad, la posibilidad de comprobación y la utilidad para el esclarecimiento de los hechos son, según explica, condiciones indispensables para que un testimonio adquiera valor dentro del proceso.
Portugal también advierte que una declaración puede constituir una noticia criminis, pero no puede sostener por sí sola una acusación. Insiste en que todo dicho debe contrastarse con elementos independientes, como pruebas documentales o periciales, antes de incidir en decisiones judiciales. “Independientemente de donde venga, la Fiscalía tiene el deber, al menos, de investigar”.
Políticos amplifican narrativas
El debate también alcanza el rol de actores políticos y mediáticos en la amplificación de estas versiones. Portugal alerta que la disputa por imponer narrativas desde distintos sectores incide en la percepción pública y desdibuja el propósito del sistema judicial, especialmente cuando dirigentes y autoridades actúan como voceros de los testimonios que resultan funcionales a sus intereses.
En esa lógica, agrega, ciertos actores políticos hacen eco de las declaraciones de procesados cuando estas apuntan contra sus adversarios, pero las descalifican cuando los señalamientos afectan a su propio sector. Esta dinámica, advierten los especialistas, no solo profundiza la polarización, sino que también presiona el desarrollo de las investigaciones y distorsiona el debate público sobre los casos judiciales.
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Julio César Vasco
En esa misma línea, el penalista Cevallos advierte que la intervención de actores políticos sí incide en el desarrollo de las investigaciones. Señala que, cuando autoridades o líderes se pronuncian públicamente sobre casos en curso, contribuyen a instalar narrativas que suelen alinearse con sus intereses y terminan influyendo en la percepción del proceso.
Impacto en la justicia y la confianza ciudadana
De mantenerse esta dinámica, los efectos sobre el sistema de justicia podrían ser sostenidos en el tiempo. Penalistas advierten que la validación selectiva de testimonios erosiona la credibilidad institucional y consolida la percepción de que las decisiones fiscales responden a intereses coyunturales.
Cevallos advierte que el impacto más inmediato recae sobre garantías como la presunción de inocencia y el debido proceso. En la misma línea, Portugal sostiene que esta práctica profundiza la desconfianza ciudadana en la justicia.
Por su parte, Vasco advierte que prescindir de la verificación rigurosa de los testimonios puede afectar directamente la calidad de las investigaciones. Insiste en que, sin contraste probatorio, las declaraciones pierden valor jurídico y pueden conducir a decisiones erradas dentro del proceso penal.
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