Los mensajes del caso Villacís: decisiones erosionan el Estado de derecho
El Cpccs mantiene proceso para designación en el CJ pese a fallo judicial; crecen alertas por politización de la justicia
La polémica en torno a la presidencia del Consejo de la Judicatura (CJ) continúa. Aunque la jueza Viviana Pila ordenó levantar el impedimento que bloqueaba a Alexandra Villacís para ejercer un cargo público, las entidades estatales aún no ejecutan la decisión o alegan desconocerla.
El miércoles 25 de marzo, con el voto del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Andrés Fantoni, y de tres consejeros (Johanna Verdezoto, Jazmín Enríquez y Roberto Gilbert), el organismo decidió continuar con el proceso para designar al titular y al vocal suplente del CJ. Mientras tanto, el Ministerio del Trabajo mantiene vigente el impedimento laboral.
El actuar de estas entidades gubernamentales, a criterio de Solanda Goyes, exvocal de la Judicatura, envía un “mensaje terrible”. Sostiene que no se sujetan al Estado de derecho y que ceden al poder político, que busca tomarse el sistema judicial para garantizar impunidad y perseguir a opositores.
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Además, agrega, esto evidencia que las autoridades actúan al margen de la ley y configuran un régimen dictatorial. Según su observación, jueces de la Corte Nacional de Justicia, del Consejo de la Judicatura, el fiscal general, el contralor y el Cpccs actuarían de forma confabulada, por lo que advierte una presunta asociación ilícita.
Críticas por presunta injerencia política
Con ella coincide Henry Cucalón, constitucionalista y exministro de Gobierno, quien afirma que parecería una “operación orquestada”. A su criterio, los funcionarios que encabezan estas carteras de Estado “son fontaneros del poder”.
“Yo me sigo preguntando qué espera el ministro de Trabajo para registrar que no existe inhabilidad alguna. El plazo que fijó la jueza ya venció y no hay acción”, cuestiona. Añade que su titular, Harold Burbano, habría incurrido en desacato por desobedecer una orden judicial expresa.
Sostiene que se “inventaron una inhabilidad inexistente” para impedir que la abogada Alexandra Villacís reemplace, como ordenan la Constitución y la ley, al destituido presidente de la Judicatura, Mario Godoy. Recuerda que la Asamblea Nacional del Ecuador lo censuró y destituyó el 18 de febrero de 2026.
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Solanda Goyes
El registro bloqueó que Villacís asuma funciones desde el 9 de febrero, cuando Godoy solicitó licencia sin sueldo. De acuerdo con la normativa, la presidencia del Consejo de la Judicatura corresponde al vocal representante de la Corte Nacional de Justicia. En ese escenario, Villacís figuraba como suplente de Godoy y debía asumir por sucesión.
Todo esto demuestra, dice, un desprecio consolidado hacia el Estado de derecho. Advierte que esto perjudica al país y a la democracia, y sostiene que existe una directriz desde el poder político, concentrada en el Ejecutivo y sus operadores, para consolidarlo.
Alertas por debilitamiento institucional
Para el politólogo Juan Carlos Valarezo, coordinador de las carreras de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, “cuando una institución pública no acata un fallo judicial transmite que la ley es negociable y queda subordinada a decisiones políticas”. Este accionar, recalca, debilita el principio básico de un Estado constitucional: la supremacía de la Constitución y de las decisiones judiciales.
Esto, sostiene, agrava la percepción pública sobre la politización de la justicia. Añade que, al continuar el Cpccs con procesos paralelos sin considerar el fallo judicial, se instala la idea de que las decisiones no son definitivas, sino condicionadas.
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Percepción de desacato y justicia condicionada
“Lo que vemos es una normalización del desacato institucional y eso es un mensaje peligroso. Se instala el incumplimiento como norma y como estrategia institucional”, advierte.
No obstante, advierte el politólogo Valarezo, esto transmite a la ciudadanía que “ni siquiera ganar un juicio garantiza el ejercicio efectivo de los derechos”. Señala que esa percepción debilita la confianza en la justicia y genera inseguridad jurídica en el país.
Además, Valarezo recalca que “el mensaje es estructural, o sea, el ejecutivo y otras instituciones pueden resistirse a decisiones judiciales cuando afectan sus intereses políticos”. Sobre todo, menciona Cucalón, cuando incómoda al poder, ya que “Villacís no es dependiente de las órdenes del Gobierno”.
Posibles consecuencias en la Corte Constitucional
Sin embargo, Solanda Goyes advierte que, cuando el caso llegue a la Corte Constitucional del Ecuador, los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que votaron a favor podrían ser destituidos por actuar al margen de la Constitución. En esa línea, Henry Cucalón sostiene que la Corte es la única instancia con facultad para destituir funcionarios.
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