Carmigniani denuncia: “Aquí no hay una disputa, hay un intento de robo”

El conflicto entre la empresa Granasa, editora de los diarios Expreso y Extra, y la Superintendencia de Compañías escala en medio de acusaciones de control indebido sobre el 40% de sus acciones. La disputa involucra a la firma Veranera y a la accionista Ingrid Martínez Leisker, en un caso que trasciende lo societario y abre un debate sobre la intervención estatal en medios de comunicación.

Origen del conflicto entre Granasa y Veranera

 Eduardo Carmigniani, abogado de Gráficos Nacionales S.A. (Granasa), explicó en el programa Contacto Directo, de Ecuavisa, que la compañía Veranera fue constituida como una tenedora de acciones pertenecientes a Ingrid Martínez Leisker, hija del fundador del diario, Galo Martínez Merchán.

Según detalló, la participación accionaria del 40% en Granasa siempre ha estado vinculada a Martínez, primero a título personal y luego, desde el 2014, a través de Veranera.

“El 40% siempre fue de Ingrid Martínez. Primero a nombre personal y luego el año 2014 decidió ponerlo a nombre de Veranera”, señaló Carmigniani.

Posteriormente, en febrero de 2020, la accionista resolvió revertir la operación y regresar las acciones a su nombre, iniciando además la liquidación voluntaria de Veranera.

“Decidió regresarse las acciones a su nombre y puso en liquidación voluntaria a Veranera. Es decir, es una cosa absolutamente usual en el Ecuador y en muchos países”, sostuvo.

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La controversia por la liquidación

Uno de los puntos que ha generado cuestionamientos es la duración del proceso de liquidación de Veranera, que cinco años después no ha concluido. Sin embargo, el abogado restó importancia a ese aspecto.

“Hay mucha gente que deja botados esos trámites, pero ese no es el tema de fondo”, afirmó.

Para Granasa, el núcleo del problema radica en la actuación de la Superintendencia de Compañías, que designó un nuevo liquidador argumentando inconsistencias en el proceso.

“Con el pretexto de que la liquidación de Veranera no había concluido, la Superintendencia nombró un nuevo liquidador (…) a través del cual intentan controlar esas acciones. Eso es absolutamente impensable”, expresó Carmigniani.

Cuestionamientos a la competencia de la Superintendencia

Frente a la posibilidad de que la empresa esté incumpliendo disposiciones del ente de control, el abogado cuestionó directamente la legitimidad de dichas órdenes.

“La Superintendencia de Compañías no tiene competencia para ordenar transferencias de acciones ni anular transferencias de acciones”, afirmó.

El caso también abre un debate sobre los límites de actuación de la Superintendencia de Compañías y el alcance de sus disposiciones frente a las empresas.

Durante la entrevista, se planteó el riesgo de que desconocer una orden del organismo de control pueda sentar un precedente para que otros ciudadanos o compañías interpreten la ley a conveniencia e incumplan decisiones de la autoridad.

Frente a ese escenario, el abogado Eduardo Carmigniani fue enfático en diferenciar entre autoridad y competencia legal.

“La autoridad es la que tiene competencia para dar una orden. La Superintendencia no tiene esa facultad”, sostuvo.

Desde su perspectiva, el problema no radica en desacatar una disposición, sino en que dicha orden carecería de sustento jurídico. En ese sentido, advirtió sobre las consecuencias que podría generar validar este tipo de actuaciones.

“Si esto se lo deja pasar, se estaría creando un precedente nefasto para que a cualquier empresa se le roben las acciones”, afirmó.

Presiones por control accionario y antesala a junta clave

El conflicto por el control del 40% de las acciones de Granasa suma un nuevo elemento: presuntas presiones en el contexto de la próxima junta general de accionistas, convocada para el 27 de abril.

El abogado Eduardo Carmigniani advirtió que la intención detrás de revertir la transferencia accionaria sería otorgar poder de decisión al liquidador designado por la Superintendencia de Compañías.

“Lo que intentan es que el liquidador nombrado por la Superintendencia de Compañías sea quien vote por esas acciones”, afirmó.

Sin embargo, aseguró que esa posibilidad no se concretará debido a la postura del representante legal de la empresa.

“Eso no va a pasar (…) El representante legal de Granasa no va a cometer el delito de adulterar el libro de acciones y accionistas sin autorización de quien está registrado como accionista”, sostuvo.

Según explicó, esta negativa habría derivado en nuevas acciones legales, incluyendo la vía penal.

“Por eso es que ante esa postura firme (…) han acudido ahora hasta la justicia penal”, señaló.

Carmigniani también vinculó estas actuaciones con el contexto de la próxima junta, sugiriendo que existe una estrategia de presión.

“El nivel de presión que se está intentando poner a efectos de la junta general de accionistas convocada para el 27 de abril (…) explica toda esta andanada”, indicó.

Inscripción de cesión y postura de Granasa

En medio del conflicto, también se registró la cesión de acciones de Ingrid Martínez a su sobrino, Gabriel Martínez, la cual sí fue inscrita en el libro de accionistas, un movimiento que el abogado Eduardo Carmigniani considera legítimo y ajeno a cualquier conflicto interno. 

"Ingrid Martínez estaba inscrita en el libro como accionista. Nadie le había privado de su derecho y ella era libre de transferir sus acciones", explicó el jurista, tras precisar que la representación legal de Granasa cumplió con su obligación normativa al procesar el traspaso, pues "no podía negarse a inscribir esa transferencia porque provino de quien estaba registrada como accionista en el libro".

Bajo esta óptica, Carmigniani descarta la existencia de una pugna administrativa o legal por el control de la firma. 

"Para Granasa aquí no hay ninguna disputa", afirmó el abogado, quien fue enfático en señalar que el escenario actual responde a una naturaleza distinta. 

"Lo que hay es un intento de robo, pero eso no significa que haya una disputa", concluyó, al tiempo de recalcar que el proceso se realizó sin impedimentos legales, dado que "ni había ninguna prohibición sobre esas acciones".