¿El Gobierno controla a EXPRESO?

Resulta que los señores de Astrobryxa, a los que el gobierno señala de ser parte de la “actividad criminal” de Progen, han protestado airadamente -en la Corte Federal de Florida en la que se lleva el caso- por las publicaciones efectuadas por EXPRESO en las que difundió cómo Progen le entregó a la antedicha Astrobryxa S.A. (ecuatoriana), y a su tocaya estadounidense (LLC), USD 8,3 millones entre febrero y marzo de 2025, vía transferencias efectuadas desde una cuenta en el Regions Bank.

Tan ridícula es la protesta que hasta incluye la sugerencia de que esa información habría sido filtrada a EXPRESO nada menos que por el Gobierno o sus abogados, quienes tendrían capacidad para manipular a este medio: “lo más preocupante no fue simplemente el intercambio de información con la prensa, sino más bien la aparente capacidad de Celec o de sus abogados para ordenar a un periódico de circulación nacional [que publicara] una historia”.

La confidencialidad como blindaje

Pero más allá de semejante adefesio, lo que ladea Astrobryxa es que los estados de cuenta de Progen en el Regions Bank -que sirvieron de fuente para aquellas notas de prensa- son de acceso público, como es fácilmente constatable y lo saben perfectamente los abogados. Y por eso también está buscando que cierta información sea puesta bajo confidencialidad. Esa es la verdad tras la alharaca.

Pero no hay que dejarse distraer. En cambio hay que insistir en lo de fondo: que la Fiscalía no le saque el cuerpo al asunto e indague quiénes terminaron siendo todos los receptores finales de los dineros entregados por Progen por los “servicios” de Astrobryxa. Es cuestión de activar las asistencias penales internacionales, pidiendo información por ejemplo al Federal Reserve Bank of New York y al Clearing House Payments Company, pues así se podrá seguir la ruta. No es difícil. Por ejemplo, la misma revisión de los estados de la cuenta en el Regions Bank hecha por EXPRESO constató que a otra empresa ecuatoriana, Inycofyi S.A., Progen le transfirió USD 3,2 millones, que según el abogado de aquella son pagos por un “subcontrato” con Astrobryxa.