Calixto Vallejo sobre el caso GRANASA: "Lo único que se ha hecho es oponerse a un acto arbitrario”

Calixto Vallejo, abogado de Gráficos Nacionales S.A. (GRANASA), casa editora de los diarios EXPRESO y EXTRA, desestima la denuncia por asociación ilícita interpuesta por el liquidador de Veranera S.A., Carlos Xavier Cadena Asencio, calificándola como un acto de persecución.

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El proceso cuestiona la trazabilidad de una transferencia de acciones perteneciente a Ingrid Martínez, quien poseía el 40% del paquete accionario de la empresa editorial.

Según la defensa, la acción del liquidador carece de sustento legal, pues no existen deudas con terceros ni con el Estado, y se habría vulnerado el derecho a la defensa al no notificar a los involucrados sobre los informes que motivaron la reversión del patrimonio.

- El liquidador de Veranera S.A., Carlos Xavier Cadena Asencio, denunció a varios directivos de GRANASA. ¿De qué se trata la acción?

La denuncia obedece a un afán persecutorio que han emprendido contra los diarios EXPRESO y EXTRA. La denuncia es por asociación ilícita; pero, cuando se la observa, se puede ver que el presidente ejecutivo de la empresa, Galo Martínez Leisker, lo único que ha hecho es oponerse a que se cometa un acto arbitrario contra su hermana, a quien se la quería despojar del patrimonio que equivalía al 40% de las acciones de GRANASA. Eso no es delictivo.

- ¿Cuál fue el acto arbitrario contra Ingrid Martínez?

Hace seis años transfirió las acciones que tenía en Veranera, de la cual ella y su hijo constituían el 100% del paquete accionario. De repente, viene este liquidador y dice que ha aparecido un informe en el que se señala que no está clara la trazabilidad de la operación. ¿De qué informe habla, si a Ingrid Martínez jamás le fue comunicado que se estaba analizando dicha trazabilidad para que ejerza su derecho a la defensa? Menos se le había comunicado a GRANASA este particular. Entre gallos y media noche se arma un informe en el que se dice que se va a reversar la transferencia y, de repente, Ingrid Martínez es despojada de su patrimonio. Según el liquidador, se van a rematar las acciones porque existen obligaciones; pero no existe un solo dólar que la compañía haya debido a terceros, no hay absolutamente nada que se le deba al Estado ni a ninguna institución.

- El liquidador también señala el supuesto uso doloso de una acta transaccional con la que Ingrid Martínez transfirió sus acciones a su sobrino. ¿La transferencia de esas acciones fue legal?

Como lo señala la Ley de Compañías, la Junta General de Accionistas de Veranera se reunió y designó como liquidador a otra persona distinta al ahora denunciante. Siendo esta persona la liquidadora oficial, llega una transacción con Ingrid Martínez en la que queda zanjada cualquier diferencia que pueda existir. Eso no le gustó a la Superintendencia de Compañías y pidieron el reverso de la designación. Pero sencillamente son elementos que se tienen en libertad. ¿En qué le perjudica a alguien esta situación? No hay perjuicio a nadie.

- ¿La tesis de fondo es que Ingrid Martínez se habría asociado para delinquir en su contra? ¿Tiene sentido?

Ingrid Martínez era, a través de Veranera, la propietaria del 40% de las acciones de GRANASA. Luego, Veranera le transfiere las acciones. Es como sacar dinero de un bolsillo y ponerlo en el otro, porque termina siendo uno mismo. ¿Cómo puede eso causarle un perjuicio? Puede haber situaciones administrativas, pero no implica la comisión de un delito.

- El tema de fondo de la denuncia es que GRANASA registre a Veranera como la titular del 40% de las acciones. ¿Por qué este pedido es improcedente?

Es absolutamente improcedente porque este acto fue ejecutado de conformidad con la ley. Ellos dicen que no hay trazabilidad justificada, pero ahí la pregunta es otra: ¿le notificaron a GRANASA o a Ingrid Martínez que se iba a analizar la trazabilidad de la transacción? La Constitución y la ley establecen que siempre usted va a tener el derecho, cuando se trate de su patrimonio, de sus bienes o cualquier situación, de concurrir a un proceso en el cual pueda ejercer sus derechos. Como no sucedió, termina siendo arbitraria la decisión de la Superintendencia.

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- ¿Qué continúa?

GRANASA aún no ha sido notificada del proceso. La empresa, al enterarse de la denuncia por redes sociales, compareció mediante un escrito para hacer conocer el casillero judicial para notificaciones. Sin embargo, el fiscal del caso aún no apertura una investigación.