Libertad de prensa en Ecuador: la SIP denuncia presión judicial y administrativa contra GRANASA

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su “profunda preocupación” y condenó la escalada de acciones judiciales y administrativas en Ecuador contra el GRANASA, casa editora de los diarios EXPRESO y EXTRA, en un contexto que, advierte, evidencia un deterioro de las garantías para el ejercicio de la libertad de prensa.

La reacción se produce luego de que la SIP conociera sobre la denuncia penal por presunta asociación ilícita contra varios directivos del medio de comunicación, que en julio cumplirá 53 años de fundación. La acción fue interpuesta por el liquidador de la empresa Veranera S.A., Carlos Xavier Cadena Asencio, en el marco de una disputa por el control del 40% del paquete accionario de la compañía.

Entre los señalados constan Ingrid Martínez Leisker, hija del fundador de GRANASA, quien ha alertado que la Superintendencia de Compañías busca despojarla de sus acciones. La denuncia, presentada ante la Fiscalía del Guayas, también incluye al presidente ejecutivo, Galo Martínez Leisker, así como al accionista José Gabriel Martínez Castro, al abogado Eduardo Carmigniani Valencia; al director de EXPRESO, Carlos Alfonso Martínez; Felipe Eduardo Terrero Martínez y Michelle Andreina Villamar Guerrero.

No es una disputa mercantil, señala la SIP

Según la SIP, el caso no puede analizarse de forma aislada ni limitarse a una disputa mercantil o penal. El organismo sostiene que se trata de un proceso más amplio que combina acciones judiciales, administrativas y regulatorias que podrían incidir en la estructura de propiedad y, eventualmente, en la línea editorial de uno de los principales grupos periodísticos del Ecuador.

La organización hizo un llamado urgente a las autoridades ecuatorianas para que garanticen el respeto irrestricto a los principios del debido proceso, la seguridad jurídica y la libertad de expresión. 

Asimismo, la SIP pidió evitar el uso de figuras penales ambiguas o desproporcionadas que puedan derivar en la criminalización del ejercicio periodístico o en la intervención indebida de medios de comunicación.

El ataque judicial genera un grave efecto sobre la libertad de expresión:

“El uso del sistema penal y de los organismos de control para dirimir disputas que involucran a medios de comunicación genera un efecto inhibidor profundamente dañino para la libertad de prensa. Este tipo de acciones no solo afecta a una empresa, sino que envía un mensaje de intimidación a todo el ecosistema informativo”. 

Eso afirmó Pierre Manigault, presidente de la SIP y del grupo Evening Post Publishing Inc., con sede en Charleston, Carolina del Sur, Estados Unidos.

En la misma línea, Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, destacó que la independencia editorial no puede verse condicionada por presiones estructurales desde el poder.

Nos preocupa especialmente la acumulación de medidas, administrativas, judiciales y ahora penales que, en conjunto, pueden derivar en una forma indirecta de censura".Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP