Figuras políticas denuncian "silenciamiento" en el caso contra GRANASA

Distintas figuras políticas del Ecuador expresaron su apoyo a los directivos, periodistas, trabajadores y proveedores de la empresa Gráficos Nacionales S. A. (GRANASA), casa editorial de los diarios EXPRESO y EXTRA, luego de conocerse las acciones judiciales iniciadas por el liquidador de Veranera S. A., Carlos Cadena Asencio, contra los ejecutivos de la compañía con el fin de apoderarse del 40% de las acciones de la firma ecuatoriana.

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Los personajes políticos ven al proceso como un mecanismo empleado por funcionarios del Gobierno de Daniel Noboa para acallar a los medios que han sido críticos con el poder.

El expresidente de la República, Osvaldo Hurtado, dijo que la maniobra legal es un intento de silenciamiento y comparó la acción con los procesos que ya empleó antes el expresidente Rafael Correa, así como otros mandatarios y exgobernantes de la región en contra de los medios de comunicación.

"El presidente Noboa está haciendo con el diario Expreso lo mismo que hizo el dictador Correa con el diario Hoy: silenciarlo mediante mañosas argucias legales. Es lo que a su tiempo hicieron los dictadores Chávez , Maduro, Ortega, Bukele y Morales en sus países", manifestó.

El caso generó preocupación al exasambleísta y excandidato presidencial, Henry Cucalón, ya que considera es un bloqueo a las libertades y la democracia. En su perfil de la red social X, el también exministro tildó a la denuncia del liquidador como "intolerable. Silenciar, aniquilar y ahora procesar penalmente. Las libertades y principios democráticos bajo asedio", alertó.

El exlegislador Jorge Peñafiel, en cambio, expresó su respaldo a las personas que forman parte de GRANASA. "Solidaridad y apoyo a @Expresoec y sus periodistas, trabajadores, directivos, representantes, y proveedores", señaló el jurista en la misma red social.

El exparlamentario Diego Ordóñez también se pronunció y rechazó "las burdas formas usadas por el Gobierno para subyugar a un medio independiente @Expresoec. Esto tiene que parar", señaló junto al comunicado de la organización Rumbo Plural, una agrupación ciudadana que reúne a economistas y juristas.

En la misma línea se pronunció Gonzalo Albán Molestina, exvocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), quien denunció un proceso abusivo. "Una estupidez, un abuso, una arbitrariedad. Mi solidaridad con el periodismo independiente. Mi solidaridad con la Familia Martínez. Mi solidaridad con @Expresoec. El derecho por encima de la fuerza, nunca lo contrario".  

Los mensajes de apoyo a GRANASA se han incrementado ante la denuncia que presentó el liquidador Carlos Cadena en la Fiscalía contra los directivos de la empresa por presunta asociación ilícita relacionada con el intento de apropiarse del 40 % de las acciones de la compañía.

Gobierno activa un proceso más contra GRANASA

Además de la denuncia, el lunes 13 de abril de 2026 la Fiscalía recibió la notificación del juez Carlos López para investigar a los accionistas de GRANASA por un presunto incumplimiento de decisiones legítimas, ya que se acusa a los directivos de no registrar a la empresa Veranera S.A. como dueña del 40 % de las acciones de la casa editorial. 

Se alega que al estar Veranera en liquidación, su propietaria, Ingrid Martínez, no sería la que controla sus bienes sino el liquidador asignado por el Estado.

Eduardo Carmigniani, abogado defensor de GRANASA, cuestiona ambos procesos. Por una parte, señala que la Superintendencia de Compañías no tiene la facultad para reversar acciones de una empresa y que la justicia constitucional no tiene competencia en materia patrimonial, societaria o accionaria, según lo ha dictaminado la Corte Constitucional. 

Carmigniani afirma que las acciones forman parte del acoso que ha enfrentado la GRANASA, con el objetivo de doblegar la línea editorial de los diarios EXPRESO y EXTRA por su postura crítica frente al Gobierno Nacional.