Caso GRANASA: el sector empresarial sigue callado

El caso GRANASA apunta a un presunto intento de intervención empresarial desde el poder en Ecuador, mediante acciones judiciales y administrativas para influir en la estructura accionaria de la empresa editora de EXPRESO y EXTRA. A diferencia de 2011 con Diario El Universo, hoy la reacción pública es limitada, evidenciando un cambio frente a posibles presiones a la libertad de expresión.

Mientras el gobierno ensaya y perfecciona, con GRANASA, un método de asalto para la toma de empresas malportadas, los gremios empresariales del país (¿atacados por el pánico?) guardan un silencio bastante parecido a la complicidad. Otro tanto se podría decir del periodismo, salvo que el periodismo es una especie en extinción: lo que queda en su lugar es un ejército de cheerleaders, trolls, medios comprados a vista de todo el mundo, cuentas de redes sociales que fingen ser medios pero hacen propaganda… Aun así, entre los pocos que subsisten de los que aún se puede esperar una cierta independencia, los hay que han dado poca importancia (cuando no ninguna) al acoso del gobierno a Diario EXPRESO: quizá vanamente confiados en que a ellos no le ocurrirá lo mismo; quizá dispuestos de antemano a ceder ante las demandas del poder, si no lo han hecho ya, entregando cabezas y deponiendo posiciones… A este paso no quedará voz alguna.

Del respaldo a la prensa al silencio frente al poder

Este lunes, el periodista quiteño Fabricio Vela, director de Primera Plana, se preguntó qué había ocurrido con el país desde 2011 hasta acá. Ese año, recordaba él, acosado por el correísmo que lo quería quebrar cobrándole una indemnización de 80 millones de dólares (un juez bienmandado terminaría entregándole 40), diario El Universo publicó una portada en blanco para simbolizar el silencio al que quería someterle el gobierno. Todo el país (los empresarios, claro, pero también la academia, las organizaciones sociales y sobre todo el periodismo) cerraron filas en torno al diario. 

Hubo manifestaciones de gente con mordazas en la boca. Hoy el gobierno de Daniel Noboa no pretende quebrar EXPRESO sino directamente robárselo: quedarse con el 42 por ciento de acciones de la empresa y maniobrar en la junta de accionistas para controlar el Diario. Igual que El Universo hace 15 años, EXPRESO salió este domingo con una portada en blanco. El hecho fue noticia en unos medios sí y en otros no, mientras los gremios empresariales, la academia, las organizaciones sociales, cerraron ostensiblemente la aterrorizada boca.

La pregunta de Fabricio Vela, entonces, es pertinente: ¿qué ocurrió con este país que ha sido capaz de pasar en 15 años de la resistencia al autoritarismo a la más absoluta indolencia y el miedo?

Se puede decir que el caso de El Universo en 2011 era de una claridad meridiana que simplificaba las cosas: el diario había publicado un artículo (firmado por Emilio Palacio) que al poder no le gustó y éste, simplemente, quería hacer un escarmiento. El caso GRANASA, en cambio, contempla una campaña sostenida de desprestigio y consta de una serie de sinuosos y enrevesados capítulos con los que el gobierno ha logrado artificialmente complicar una estrategia que, sin embargo, está clarísima: se trata de introducirse de manera fraudulenta en la estructura accionarial de la empresa para manejarla.

La ruta jurídica para la toma de GRANASA

Desde mediados del año pasado las cosas se han precipitado en una sucesión de agresiones sin tregua: primero fue una acusación, con pruebas fraguadas, de fraude fiscal; luego, otra de lavado de activos, ambas desmentidas. El gobierno no cejó: dueño de un paquete minoritario de acciones de la empresa (el 2,65 por ciento, producto de la expropiación de los bienes de los hermanos Isaías, que lo tenían desde hacía muchos años) el gobierno quiso aprovechar esa circunstancia para exigir una serie de informaciones delicadas que podían ser usadas en contra de la empresa y que, por tanto, se le negó bajo el amparo de la ley. Ese pretexto le sirvió a la Superintendencia de Compañías, convertida en herramienta de persecución y control político al igual que todos los organismos de control bajo este gobierno, para intervenir GRANASA.

Luego inventaron un caso donde no lo había: el traspaso del 40 por ciento de las acciones a Ingrid Martínez. ¿Quién se las traspasó? La compañía Veranera. ¿De quién es Veranera? De Ingrid Martínez, que la creo para que le administre las acciones. ¿Dónde obtuvo ella esas acciones? Las heredó de su padre, el fundador de la empresa. 

Hace seis años (¡seis!) Ingrid Martínez puso en liquidación a Veranera e hizo que le transfirieran las acciones (sus acciones) a su nombre. Nada más claro. Sin embargo, luego de nombrar un liquidador que responde por sus propios intereses (o sea los del gobierno) la Superintendencia ha decidido que no encuentra “trazabilidad” en ese traspaso y ha ordenado revertirlo (ellos dice “reversarlo”, que significa vomitarlo), a pesar de que no tiene ninguna facultad para ello.

En las páginas de este Diario encontrará el lector todos los detalles del enredo jurídico de los últimos días: la negativa de GRANASA de cumplir una orden ilegítima: la acción de protección con medida cautelar solicitada por el liquidador de Veranera (un tal Carlos Cadena Asencio, mano derecha del superintendente Luis Cabezas Klaere) para imponer su voluntad; la meteórica agilidad del juez Carlos López Vulgarín para complacerle… Hasta llegar a lo último: el recurso a la justicia penal con dos denuncias contra GRANASA presentadas por el interventor ante la Fiscalía: una por asociación para delinquir, con la que se acusa a los directivos de la empresa del delito de tratar de impedir que se la roben; otra por incumplimiento de orden legítima de autoridad competente, tipo penal que no se ajusta al caso porque la orden (literalmente: vomitar las acciones a Veranera) es ilegítima y el juez, en todo caso, un perfecto incompetente.

El precedente del “Exprópiese” y el temor empresarial

Más allá de todos estos detalles con los que el gobierno ha complicado artificiosamente el caso, hay dos hechos clarísimos. Primero, la persistencia del asedio: para GRANASA no ha habido un día de respiro desde mediados del año pasado. El segundo es la determinación con la que el gobierno ha acometido la toma de la empresa, pasando por encima todo principio consagrado en la Constitución y en la Ley de Compañías. La pretensión de despojar a una hija de las acciones que heredó de su padre, con el pretexto de que no existe “trazabilidad” en las transferencias entre ella y la empresa que constituyó para que se las administre, es un atentado tan grosero a la libertad de empresa que debería encender las alarmas de todos los gremios de la producción y el comercio. Es triste constatar que les da igual. Sin embargo, entre este gesto y el de un Hugo Chávez parado en medio de una plaza, señalando con el dedo un edificio y otro y ordenando su expropiación, no media sino un paso.

La estrategia que está afinando el gobierno para quedarse con el control accionarial de GRANASA es el preámbulo de la política del “Exprópiese”. Lo que hoy se hace contra un medio de comunicación cuyo contenido no es del agrado del poder, mañana se hará contra una empresa cualquiera que no se alinee a sus caprichos. O, simplemente, que pertenezca al grupo económico equivocado, pues no hay que olvidar que el presidente y sus ministros representan a uno muy preciso y tienen clarísimo quiénes son sus competidores. De hecho, ¿no ha empezado ya esta política del acoso empresarial a imponer su orden? Fábricas de plástico, empresas de bienes muebles o de seguros que se quedan sin contratos que legítimamente les correspondía, adjudicaciones hechas al dedazo… ¿Cuántas cosas calla el empresariado nacional, paralizado del miedo? Mañana, cuando se metan en la estructura accionarial de sus compañías, será demasiado tarde.