Ingrid Martínez a Cabezas Klaere: "soy objeto de una persecusión sistemática de su parte"

Ingrid Martínez Leisker ha denunciado lo que denomina una “persecución sistemática” por parte de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, en un caso relacionado con la propiedad de acciones de Gráficos Nacionales. Es la casa editora de EXPRESO y EXTRA, lo que pone en riesgo la libertad de prensa.

A través de una carta dirigida al superintendente de Compañías, Luis Cabezas Klaere; y al liquidador de Veranera S.A. en liquidación, Carlos Xavier Cadena Asensio, Martínez relata que desde diciembre de 2025 ha sido objeto de actuaciones que considera “ilegales e injustificadas”, orientadas —según afirma— a despojarla de acciones que le pertenecían legítimamente.

Ingrid Martínez, hija del fundador de GRANASA, Galo Martínez Merchán, detalla que en octubre de 2014 transfirió sus acciones a Veranera S.A. como parte de una reorganización patrimonial.  

Más tarde, hace seis años, el 6 de febrero de 2020, esas acciones fueron restituidas a su nombre y permanecieron registradas sin objeciones durante más de cinco años. Sin embargo, asegura que mediante un oficio emitido el 29 de diciembre de 2025,  No. SCVS-INC-DNASD-2025-00223595-O,  suscrito por la Directora Nacional de Actos Societarios y Disolución, Ab. Paola Plaza Moreira, se dispuso el reverso de dicha transferencia.

Sin notificación previa, sin audiencia y sin garantizar mi derecho a la defensa, se dispuso revertir esa transferencia.Ingrid Martínez Leisker, hija del fundador de EXPRESO y EXTRA

Esto les pregunta al Superintendente y al liquidador:

"Usted ha sostenido públicamente que Veranera S.A. mantiene obligaciones pendientes y que las acciones debían ser rematadas para cubrir dichas deudas. Si ello es cierto, la pregunta es simple y exige una respuesta clara: ¿cuál es el monto exacto de esa supuesta deuda y quién es su acreedor?", pregunta Ingrid Martínez Leisker.

La hija del fundador de EXPRESO y EXTRA solicita que esa información le sea entregada de forma oficial y documentada, y expresa su disposición a cancelar cualquier obligación legítima que pueda comprobarse.  

De no demostrarse la existencia y cuantía de la deuda, advierte, quedaría en evidencia que las actuaciones no respondieron al cobro de obligaciones, sino a un intento de apropiación indebida de acciones privadas, "en un contexto de abuso de poder".