El derecho a la propiedad

La libertad de empresa y el respeto a la propiedad privada no son privilegios: son pilares esenciales de una sociedad libre. La Constitución ecuatoriana, en su artículo 66 numeral 26, reconoce con claridad el derecho a la propiedad en todas sus formas, subrayando además su función social y ambiental. Este mandato no solo protege bienes materiales, sino que resguarda la autonomía de las personas para decidir, invertir y construir su propio proyecto de vida.

Defender la propiedad privada es, en el fondo, defender la libertad individual. Sin seguridad sobre lo que legítimamente se adquiere o se hereda, no hay confianza, y sin confianza no hay inversión ni desarrollo. Por ello, resulta preocupante cualquier intento de despojar a ciudadanos o familias de acciones obtenidas de manera legal en una empresa. Tales pretensiones, vengan de donde vengan, erosionan la seguridad jurídica y abren la puerta al abuso del poder.

No es aceptable que se investigue o presione a personas o grupos familiares por operaciones legítimas como la compra o venta de acciones, bajo el pretexto de intereses políticos. Hoy se observa en el caso de una empresa familiar como Granasa, editora de los diarios EXPRESO y EXTRA; mañana podría ser cualquier otra compañía, sin importar su tamaño o actividad. Cuando el poder político decide intervenir en la propiedad privada por conveniencia se rompe el equilibrio democrático.

Sin libertad de prensa no hay democracia

Además, estos medios cumplen una función social irremplazable: informar a la ciudadanía con independencia. La libertad de prensa, íntimamente ligada a la libertad de empresa, es un contrapeso necesario frente al poder. Intentar doblegar su línea editorial mediante presiones sobre su propiedad no solo vulnera derechos económicos, sino también libertades fundamentales.

Apropiarse de acciones sin haberlas adquirido o heredado legítimamente constituye un acto ilegal que debe ser sancionado con firmeza. No importa si quien lo intenta es un actor público o privado: el respeto a la propiedad es la base del Estado de derecho. Sin él, no hay libertad posible.