Andrés Quishpe exige respeto a derechos en Ecuador y alerta por libertades democráticas

Andrés Quishpe, presidente de la UNE, confirmó este 16 de abril en su cuenta de X que más de 100 docentes, activistas y profesionales suscribieron un manifiesto público en el que exigen al Gobierno de Daniel Noboa y a varias instituciones del Estado respeto a los derechos y libertades democráticas en Ecuador. El pronunciamiento también apunta al CNE, Tribunal Contencioso Electoral y Fiscalía General del Estado.

El documento advierte sobre una “profunda preocupación por la deriva antidemocrática” que, según los firmantes, atraviesa el país. En el texto se sostiene que desde el Gobierno se han impulsado medidas orientadas al “control absoluto de la vida social”, lo que, afirman, afecta derechos fundamentales como la salud y la participación ciudadana.

“Alzamos nuestra voz ante el país y la comunidad internacional”, señala el manifiesto, en el que también se denuncia la falta de medicamentos, la postergación de consultas médicas y el represamiento de cirugías como evidencia de vulneración del derecho a la salud.

Denuncian vulneración de derechos y crisis en el sistema de salud

El documento describe un escenario en el que pacientes enfrentan retrasos de semanas o meses para recibir atención médica. Según los firmantes, esta situación ha provocado consecuencias graves, incluyendo muertes evitables en el sistema de salud pública.

“Hombres, mujeres, niños y ancianos se mueren en esta espera inhumana”, advierte el texto, que califica esta realidad como una “trampa mortal” para la población. También se cuestiona la capacidad del Gobierno para garantizar insumos médicos y el funcionamiento adecuado de hospitales.

El manifiesto sostiene que, frente a estas denuncias, las autoridades responden con acciones que buscan “amordazar toda forma de oposición” y restringir los espacios de participación ciudadana.

Acusan criminalización de la protesta y persecución a organizaciones

Otro de los puntos centrales del documento es la denuncia de un proceso sistemático de criminalización de la protesta social. Los firmantes aseguran que la expresión del descontento ha pasado a ser tratada como delito.

“La legítima expresión del descontento hoy es perseguida”, indica el texto, que añade que reclamar derechos se ha convertido en una actividad “riesgosa, sujeta a la represión y la estigmatización”.

Además, se alerta sobre el acoso a organizaciones sociales, políticas y dirigentes populares. Según el manifiesto, mediante intimidación y judicialización se busca desarticular estructuras históricas de resistencia a políticas gubernamentales.

Cuestionan intentos de ilegalizar organizaciones políticas

El documento también hace referencia a intentos de ilegalización de organizaciones políticas opositoras. Se menciona el caso de Unidad Popular, cuyo proceso ante el CNE es calificado como “cuestionable”.

Para los firmantes, este tipo de acciones representan una amenaza directa a la diversidad política. “Es la pretensión de mutilar la discrepancia y establecer un régimen que elimine a las fuerzas de oposición”, advierte el texto.

En ese contexto, expresan su respaldo a la Corte Constitucional y exigen que se respete su independencia. También manifiestan solidaridad con organizaciones como Yasunidos, UNE y UGTE, que, según indican, enfrentan sanciones económicas.

Firmantes: más de 100 docentes, activistas y profesionales

El manifiesto está respaldado por una amplia lista de firmantes provenientes de distintos sectores académicos, sociales y profesionales del país.

Entre los firmantes constan:

También se suman:

El listado completo incluye 104 firmantes que respaldan el pronunciamiento y sus demandas.

Llamado a defender la democracia y el disenso

El documento concluye con un llamado a respetar los principios democráticos y la diversidad de opiniones como base de la convivencia social. Los firmantes rechazan lo que consideran una tendencia hacia el autoritarismo.

“No hay democracia sin respeto a las opiniones de otros sectores”, señala el manifiesto. También advierte que concentrar el poder y limitar la participación ciudadana debilita la soberanía popular.

Finalmente, los suscriptores afirman que defienden una democracia “donde el disenso sea motivo de debate y no de represión”, y donde la ley proteja derechos en lugar de restringirlos.