Pablo Encalada: “Un fiscal de bolsillo ayudaría a encubrir posibles delitos”

Hasta el 3 de marzo, los juristas pueden postular para el cargo de fiscal general. La institución está dirigida por Carlos Alarcón, quien asumió el 3 de octubre tras la salida del subrogante Wilson Toainga, reemplazante de Diana Salazar al concluir su periodo en abril de 2025.

Pablo Encalada Hidalgo, exfiscal de Pichincha, dialogó con EXPRESO sobre por qué no aceptó postularse para el cargo de fiscal general del Estado. Así también analizó la situación política y judicial por la que atraviesa Ecuador.

LE INVITAMOS A LEER: Mónica Luzárraga: “Se beneficia al círculo del Gobierno, no a las familias”

- Usted ha señalado que no prevé participar en el concurso a fiscal general. ¿Qué factores influyen en esa decisión?

-La posibilidad de postular al concurso para fiscal general nace un poco de un empuje ciudadano que venía insistiéndome en presentarme. Soy un abogado en libre ejercicio; pero claro, conozco la institución, trabajé una década en la Fiscalía, la conozco muy bien. Había analizado esta posibilidad, de que en algún punto llegue a la resolución de participar, pero pasan algunas cuestiones personales también; no es del agrado de la familia el tomar esta opción. Además, esto coincide con una situación política: es evidente que el Consejo de Participación Ciudadana (y Control Social) ha dado muestras de que no da las garantías para pensar que va a haber un concurso transparente.

- ¿Qué garantías son necesarias para que un abogado desee postularse para ser el próximo fiscal general del Estado?

- Creo que debemos cambiar la forma de designación de las autoridades; pero con las reglas que tiene el Consejo de Participación Ciudadana, ellos hubieran podido hacer un mayor esfuerzo para que este proceso de selección sea más transparente, por ejemplo, una decisión concreta habría sido que se nombre en esta Comisión Ciudadana de Selección a gente con, por lo menos, las mismas credenciales de quien aspiran nombrar; que fuera presidida por Mariana Yépez, exfiscal general, y así (conformada por) otras personas con una trayectoria importante, con un nombre que cuidar.

- Aunque el Consejo señaló que justamente había poco interés por parte de la ciudadanía de ser parte de la veeduría. ¿A qué cree que se deba?

- A la falta de confianza en la institución. El Consejo de Participación Ciudadana no tiene ninguna legitimidad. Nadie cree en este concurso. Por eso, en estos días, apenas había tres postulantes para fiscal general. Creo que sí se van a postular más personas, pero no de gran renombre, de gran recorrido.

LE SUGERIMOS LEER: Alcaldía de Durán: PSC mantiene acercamientos con Jan Topic, rumbo a 2027

- Usted me señaló que es una postura suicida postularse al cargo, ¿por qué lo cree?

- Creo que el Gobierno no va a permitir, de ninguna manera, que una persona medianamente imparcial, objetiva e independiente pueda participar. (Además) Hay una exposición en la seguridad personal; no sé, activar algún mecanismo de persecución para tratar de quitarlo del camino. Entonces, prefiero evitar cualquier posibilidad de entorpecer los intereses políticos.

- ¿Qué riesgo visualiza si la selección del siguiente fiscal del Estado se politiza?

- El temor que tenemos es que el poder político de turno ponga a una persona que esté alineada a sus intereses. Eso es gravísimo, porque significa dos cosas: la primera es que al tener un fiscal de bolsillo tiene la facilidad de encubrir los delitos que se puedan cometer las autoridades del actual Gobierno; lo segundo, es que también puede ser utilizado como una herramienta para perseguir a los enemigos políticos.

- ¿La actual conformación del Consejo de la Judicatura (CJ) garantiza independencia frente a presiones políticas?

- Ninguna; todo lo contrario. Lo que han hecho en el Consejo de la Judicatura es, a través de triquiñuelas jurídicas, una trampa jurídica. Han puesto a la persona (Damián Larco) más cercana al presidente (Daniel Noboa) al encargo de la presidencia del Consejo de la Judicatura. Entonces, es evidente que ahí hay una relación insana, porque el poder Judicial tiene que ser independiente.

LEA TAMBIÉN: Quinto Puente: familias denuncian trato desigual frente a empresas vinculadas a Noboa

- ¿Cómo se interpreta legalmente dejar de lado a una vocal suplente del CJ y buscar un reemplazo?

- Como una triquiñuela. : pasa por esta persona que se pasa el semáforo, que soborna al policía; en la contratación pública paga el soborno para que le den el contrato y pasa en lo político también por no respetar la ley. En el caso del Consejo de la Judicatura, a (Alexandra) Villacís es a quien le correspondía asumir la presidencia ante la destitución de Mario Godoy. Pero claro, como al parecer no la pueden controlar a ella, porque eso es lo que busca el poder político, inventaron una inhabilidad en el Ministerio del Trabajo. En algún momento ojalá se resuelva este caso; entiendo que ella está presentando una acción constitucional y seguramente llegará a la Corte Constitucional; ojalá esto se corrija y se establezca que no se puede hacer que, a través de estas mañoserías y una sapada, le impidan a un funcionario legítimamente nombrado, ejercer el cargo.

- En torno a lo denominado guerra arancelaria entre Ecuador y Perú, ¿cree que esto va a escalar a una sanación en el marco andino?

- La Comunidad Andina ya se ha pronunciado, ha manifestado su preocupación respecto de esta guerra arancelaria sin sentido. Lo han dicho también las cámaras de la industria y la producción; pero sí preocupa que se alteren las relaciones con un país vecino tan hermano como es el pueblo colombiano.

LE PODRÍA INTERESAR LEER: El sector societario está alerta por intervención a GRANASA

- ¿Por qué?

- Nos estamos enemistando con quien no deberíamos, con quien deberíamos trabajar de manera conjunta, incluso para los temas de seguridad, que es la excusa que ha planteado el presidente de la República.

- Por otro lado, ¿Le conviene al presidente seguir manteniendo estos frentes con los alcaldes?

- No sé por qué lo hace. A mí me preocupa que las decisiones que tome el presidente se en función de la asesoría de los consultores políticos, cuando lo que el presidente tendría que estar buscando es mejorar la administración pública para dar mejores servicios y resultados a la ciudadanía.

- ¿Cómo usted evalúa la intervención estatal a GRANASA?

- El caso GRANASA para mí es uno de los hitos más preocupantes en cuanto al estado de la democracia en el Ecuador. Lo que se está haciendo contra GRANASA es todavía más grave que lo que hizo el correísmo (con El Universo), porque acá lo que hay es un acoso constante. Hay una intervención de carácter administrativa con unas justificaciones que no dan una buena una respuesta lógica para tomar este arbitrio de intervenir al medio de comunicación. La ciudadanía debería tomarlo con mucha más preocupación porque es un hecho gravísimo, porque la libertad de prensa es uno de los pilares de la democracia.

Para acceder a todo el contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE!