El Pleno del CPCCS escuchó a la veeduría del concurso para fiscal.
El Pleno del CPCCS escuchó a la veeduría del concurso para fiscal.Cortesía: Cpccs.

Concurso Fiscalía General del Estado: CPCCS reporta tres inscritos

Hasta el 3 de marzo, el Consejo de Participación Ciudadana recibirá a postulantes para reemplazar a Carlos Alarcón

El jueves 26 de febrero de 2026, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) mantiene abierto el periodo de recepción de postulaciones para el concurso de oposición y méritos que permitirá designar a la nueva primera autoridad de la Fiscalía General del Estado. El plazo se extenderá hasta el martes 3 de marzo.

Hasta el momento, el CPCCS registra 31 formularios de postulación activados y tres personas inscritas formalmente —dos hombres y una mujer— provenientes de El Oro y Pichincha, según información oficial.

El CPCCS advirtió que la cifra final de aspirantes suele modificarse en las horas previas al cierre del proceso, como ha ocurrido en convocatorias anteriores. “Una vez concluido el término establecido, se consolidarán los registros obtenidos a nivel nacional y en el exterior y se informará de inmediato el número total de postulantes inscritos”, señaló la institución en un comunicado.

Actualmente, la Fiscalía está encabezada por Carlos Alarcón, quien asumió el cargo el 3 de octubre, tras la salida del fiscal subrogante Wilson Toainga. Este último reemplazó a Diana Salazar, cuyo periodo concluyó en abril de 2025. Se espera que en el primer semestre del 2026 se conozca al ganador o ganadora del concurso.

Desde enero de 2026, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) activó el concurso para reemplazar a Diana Salazar.

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Requisitos para participar en el concurso para Fiscal

Según el artículo 196 de la Constitución y el artículo 21 del Reglamento las y los postulantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Ser ecuatoriana o ecuatoriano y estar en goce de los derechos políticos.

Tener título de tercer nivel en Derecho legalmente reconocido en el país y conocimientos en gestión administrativa.

Haber ejercido con idoneidad y probidad notorias la profesión de abogada o abogado, la judicatura o la docencia universitaria en materia penal por un lapso mínimo de diez años.

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