El dilema de participar o no en el concurso para fiscal general del Estado

Lo mejor que podría ocurrir con el concurso para elegir al nuevo fiscal general del Estado (esa chapuza fraudulenta en manos de gente notoriamente descalificada) es lo más inesperado: que se apuntaran los abogados más probos, los juristas más irreprochables, los mejor calificados para ejercer el cargo. Que se presentaran incluso a sabiendas de que no tienen oportunidades de ganar (porque no las tienen). Que concursaran contra todo pronóstico… Y perdieran.

Tal como van las cosas, del concurso organizado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) sólo cabe esperar dos posibles desenlaces: o se consuma el fraude cuidadosamente planificado que se encuentra en desarrollo y, por consiguiente, un bienmandado ejecutor de los intereses del gobierno termina asumiendo el cargo; o se echa abajo todo el proceso en razón del cúmulo de irregularidades y manipulaciones del que ha sido objeto desde el día uno y, por tanto, se ratifica al actual fiscal Carlos Alarcón, subrogante del subrogante nombrado con trampa y contra mandato expreso de la Constitución por el Consejo de la Judicatura del depuesto Mario Godoy, abogado de narcotraficantes. 

Alarcón ya es ese bienmandado ejecutor que busca el gobierno, así que esta segunda opción parecería la más sencilla para alcanzar el objetivo buscado: tener un bienmandado en la Fiscalía.

Estas condiciones del concurso han producido ya un primer efecto: los colegios de abogados del país, las facultades de Derecho, los juristas de probidad notoria con las credenciales necesarias para ocupar el cargo… Todos ellos han guardado distancia del proceso y se niegan a participar. 

Juristas con prestigio se negarán a participar

La semana pasada, este Diario auscultó el estado de ánimo del campo jurídico nacional con respecto al concurso y encontró un pesimismo imbatible: el presidente del Colegio de Abogados del Guayas, Fabián Yánez, descartó la participación de alguno de sus agremiados; el de Pichincha, Paúl Ocaña, que además es presidente de la Federación Nacional de Abogados, anunció que no piensa patrocinar ninguna candidatura; otro tanto hizo el decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil, Leonel Fuentes; y sus homólogos de las universidades Central de Quito, Técnica de Machala y otras… Nadie que tenga un nombre respetable en el campo del Derecho en el Ecuador está dispuesto a reconocer un mínimo de legitimidad al concurso que organiza el CPCCS.

“Las condiciones no son las adecuadas -dijo hace unos pocos días Pablo Encalada, que en algún momento hizo público su interés por participar en el concurso y hoy desiste de esas intenciones-. Yo creo que el gobierno no va a permitir que nadie que tenga una visión medianamente independiente, objetiva, imparcial, llegue a la Fiscalía”. Como Encalada, son muchos los abogados de probidad notoria que se abstienen de formar parte del proceso. Precisamente porque la probidad notoria es un impedimento para ganar.

Porque para ser fiscal general del Estado se necesita alguien que no la tenga, como no la tiene el organizador del concurso, Andrés Fantoni, presidente del CPCCS: hace ya dos semanas que este diario demostró documentadamente que Fantoni amasó un millón de dólares durante el tiempo que ha trabajado como consejero del CPCCS, con un sueldo no mayor a los 5 mil en el mejor de los casos, y él simplemente ha guardado silencio. 

No lo desmiente (como lo haría cualquier persona inocente) ni lo explica, quizás porque se siente lo suficientemente respaldado e impune para guardar silencio y seguir adelante. Pues bien: semejante rabo de paja es el que tiene a cargo la elección de fiscal general.

Los escándalos en el concurso

Lo primero que llama la atención del fraude que está siendo organizado por el CPCCS es que ocurre a cielo abierto, bajo la luz del sol y sin el menor disimulo. Desde la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección, que será la encargada de calificar a los concursantes, todo es un desastre.

Algunos de sus integrantes están tan comprometidos como la asesora de la jueza Daniela Camacho, que fue la candidata del gobierno para ocupar la presidencia de la Corte Nacional de Justicia; o el asistente de Luis Alberto Cabezas Klaere, superintendente de Compañías que utiliza el organismo que preside como herramienta de acoso a medios de comunicación y empresas que la Presidencia de la República considera enemigas. 

También el fotógrafo de confianza de Diana Atamaint (fotógrafo, sí) integra la comisión como representante del CNE. Y la preside Cynthia Jacho, una abogada Junior (ese era su cargo en el estudio jurídico para el que trabajaba) que se graduó hace apenas dos años y obtuvo la peor y más vergonzosa calificación posible en el concurso: 17 sobre 50 (si decidiera repetir sus estudios de Derecho no pasaría ningún examen de ingreso).

En definitiva: gente descalificada y fácilmente manipulable tiene a su cargo la calificación y elección del fiscal general del Estado. A eso se suman los “procedimientos de selección” (por llamarlos de algún modo) recientemente consagrados por los organismos del Estado para filtrar indeseables. Por ejemplo: cualquier concursante sabe que el Ministerio de Trabajo bien le podría inventar una inexistente inhabilidad para ocupar cargo público sobre la base de una deuda inventada al SRI. Este recurso es ya parte del modus operandi del gobierno.

Se viene el fraude

Y aquí viene el reto: precisamente porque el fraude está garantizado, precisamente porque los organizadores del concurso son gente descalificada moral y éticamente, empezando por el impresentable Andrés Fantoni; precisamente por eso debería presentarse a concurso la mayor cantidad de juristas reputados y de probidad notoria, no porque tengan la menor oportunidad de ganar sino precisamente porque no la tienen. Precisamente porque van a perder en este concurso amañado. Y nada pondrá más en evidencia el fraude que la derrota de los notoriamente honestos por los sospechosamente oscuros.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

No te pierdas Politizados| Reforma al Cootad: no todos los municipios son iguales