La guerra a GRANASA contada a las ovejas

La intervención de la Superintendencia de Compañías en la empresa Granasa, casa editora de los diarios Expreso y Extra, ya es un escándalo internacional que ha puesto al gobierno de Daniel Noboa en el muro de la infamia de las autocracias bananeras y pigmeas del continente. Al gobierno, sí, pues nadie con dos dedos de frente puede pensar que los bienmandados funcionarios que han perpetrado el atropello actúen por iniciativa propia.

Lo primero que se puede decir de esta intervención es que es ilegal. Lo segundo, es que fue diseñada y prefabricada. Ilegalidad con premeditación, pues: la peor de todas. Implica alevosía. Basta con observar cómo ocurrieron los hechos para entender la dimensión de esta indecencia.

Había una vez… Un paquete minoritario de acciones de Granasa. El 2,56 por ciento, exactamente. Pertenecían, desde tiempos inmemoriales (es un decir), a los hermanos Isaías, los de Filanbanco. Año 2008: el gobierno de Rafael Correa incauta los bienes de los Isaías por circunstancias relacionadas con la crisis bancaria de 1999 que son de dominio público y no viene a cuento reseñar aquí. Entre esos bienes se encuentran las acciones de Granasa, que pasan a manos del Estado, exactamente a la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar) creada para tal efecto en diciembre de ese mismo año. Cierto es que no ha habido gobierno más persecutor del periodismo que el de Correa. Sin embargo, en honor a la verdad, hay que decir que a la Inmobiliar de ese período nunca se le ocurrió ninguna jugada sucia con esas acciones, más allá de presentarse puntualmente cada año a reclamar sus utilidades. Porque, eso sí, angurrientos fueron siempre, los correístas.

2,56 % de acciones en disputa 

15 años después, en 2023, una sentencia constitucional deja sin efecto la expropiación (había una serie de razones para ello; pesó sobre todo el hecho de que los Isaías fueran específicamente privados de su derecho a la defensa por un insólito y vergonzoso mandato de la Constituyente correísta) y ese 2,56 por ciento de acciones de Granasa vuelve a manos de los Isaías, para entonces fuera del país y sin mucho interés por mantenerlo. Es entonces cuando Carlos Martínez Bruno, nieto del fundador de Diario Expreso, Galo Martínez Merchán, decide comprarlas.

Dos años después, una nueva sentencia constitucional revierte los efectos de la anterior y los bienes de los Isaías pasan nuevamente a manos de Inmobiliar. Resulta curioso que entre esos “bienes de los Isaías” las autoridades decidieran incluir las acciones de Granasa, que ya no lo eran. Esta arbitrariedad tiene su propia historia judicial que aún está en curso: esas acciones se encuentran en disputa. Lo cierto es que una sentencia judicial ordena inscribir en el libro de acciones y accionistas a Inmobiliar como propietaria de ese 2,56 por ciento. Esa orden no podía ser sino cumplida y así lo hizo Granasa, el viernes 23 de enero pasado.

Eficiencia estatal solo para perseguir

Al lunes siguiente, día 26, empezaron los problemas: investido de su condición de accionista, Inomobiliar dirigió un oficio al representante legal de la compañía exigiendo se le remita una serie de informaciones sensibles: contratos con clientes, contratos con proveedores, contratos con agencias de publicidad, un detalle de lo que han hecho los abogados de Granasa en defensa de la compañía ante los actos de acoso y amedrentamiento perpetrados en su contra por el Ejecutivo, al que la misma Inmobiliar pertenece… En resumen: secretos comerciales, información estratégica, documentos reservados…

El representante legal de la empresa se los negó. Así se lo faculta el artículo 15 de la Ley de Compañías en el caso de que existan “razones objetivas para considerar que (esa información) podría utilizarse para fines extra sociales o su publicidad perjudique los intereses de la compañía”. Salvo que el accionista sea mayoritario, que no es ni remotamente el caso. Y para Granasa, a estas alturas, resulta claro y objetivo que cualquier información que el Ejecutivo obtenga de la compañía va a ser utilizada en su contra, porque lleva meses persiguiéndola.

Inmobiliar no insistió: fue directamente a la Superintendencia de Compañías a presentar una demanda. Y la Superintendencia, con una celeridad no vista en otros casos, decidió intervenir la empresa por considerar que se estaba violando el derecho de uno de sus accionistas. Derecho a que se le entregue información a la que no tiene derecho. Así de retorcido. Así de estúpido. Por eso esta intervención es ilegal: porque está fundada en razones inexistentes. Y por eso es prefabricada: porque es obvio que el pedido improcedente de información reservada no tenía otro objetivo que servir de pretexto para que la Superintendencia actúe.

Otros casos fabricados contra GRANASA

Por lo demás, no es la primera vez que el gobierno prefabrica un caso de persecución contra Granasa. Todo esto comenzó meses atrás, con la filtración de un supuesto reporte del Servicio de Rentas Internas: un reporte que nunca fue notificado a Granasa pero comenzó a circular en las redes sociales, difundido por cuentas trolls, algún medio de Alvarado Campi, cierto canal y cierta radio que pretenden independencia… Según ese reporte, la compañía había cometido defraudación tributaria.

Entonces viene lo bueno: resulta que un ocioso cabo de Policía, a lo mejor echado sobre su cama, procrastinando con el Instagram (en una revisión espontánea de redes sociales abiertas, diría más tarde), leyó lo que algún troll pagado por la consabida oscura oficina del gobierno había publicado sobre Granasa y sintió en el patriótico pecho el llamado del deber: elaboró un parte policial sobre la versión del troll y lo remitió a la Fiscalía. Y la Fiscalía, que no mueve un dedo cuando el país entero discute cómo en el Consejo de la Judicatura se presiona a jueces honestos para que fallen a favor de narcos, actuó en este caso con exquisita dedicación. En seguida, la Unidad de Análisis Financiero, que deja pasar millonarias compras de mansiones de narcos en Samborondón, abrió un proceso por lavado de activos. Llegaron al extremo de allanar, con despliegue de fuerza inusitada, las viviendas de un grupo de humildes vendedores de periódicos para no sacar nada en claro. Peor: allanarlos sabiendo que no sacarían nada en claro. Y el secretario de Integridad, José Julio Neira, el hombre del retrete más caro del país, grabó un video para contarle al mundo sobre la maldad de Diario Expreso.

Todo eso ya se desinfló: la supuesta prueba de la defraudación fiscal era un documento forjado con un cálculo mal hecho. Y una auditoría de Ernst & Young, una de las firmas más prestigiosas del mundo, contratada por Granasa, concluyo que, de la revisión de las ventas y de las guías de remisión de los diarios entregados a los mayoristas, comparadas con los pagos hechos por esos mayoristas a Granasa, no se desprende ninguna irregularidad: la coincidencia de las cifras es total.

El intento para controlar 40 % de acciones 

Entonces montaron otra historia, con la cual pretendieron alzarse con el control del 40 por ciento de acciones de la empresa, nada menos: las acciones que Ingrid Martínez Leisker heredó de su padre, el fundador de la Compañía. Ella las había puesto a nombre de una empresa suya, Veranera. Luego las hizo transferir a nombre propio para liquidar esa empresa. Esto ocurrió en febrero de 2020. Seis años después (¡seis años después!), a la Superintendencia de Compañías del bienmandado Luis Alberto Cabezas Klaere, que a lo mejor le envidia el excusado a Neira Hanze y trata de hacer méritos para merecer uno igual, se le ocurre que no hay “trazabilidad” (lo que sea que eso signifique) en esa transferencia de Veranera a Ingrid Martínez y decide (por sí y ante sí) su “reversión” (así dice) de Ingrid Martínez a Veranera. Por la jeta. Como si fuera un juez facultado para decidir sobre la validez de una transferencia de acciones. Previamente, habían ya nombrado un interventor a través del cual controlar esas acciones. Al representante legal de Granasa le ordenó la Superintendencia registrar la nueva realidad en el libro de accionistas. Pero el representante legal de Granasa, por supuesto, se negó, simplemente porque sería ilegal que lo hiciera sin la anuencia de Ingrid Martínez salvo que hubiese, luego de un proceso judicial entre Veranera y ella, una decisión judicial firme. Y esa decisión judicial no existe. Lo único que existe es la ocurrencia de Cabezas Klaere.

O sea que esta situación, la intervención de la compañía, es como el tercer o cuarto intento del gobierno de doblegar a Diario Expreso. El tercer o cuarto montaje (ilegal y prefabricado, es decir, con alevosía y ventaja) no sólo para hacerlo callar sino para alterar la arquitectura accionarial de la compañía, lo cual puede ser interpretado como el primer paso de una expropiación. Hay que ver por dónde el gobierno de Daniel Noboa se termina aproximando a la dictadura chavista incluso más que el correísmo.

Estamos ante un atentado contra los principios y valores de la democracia por partida doble.

Dos golpes: a la libertad de expresión y la libertad de empresa

Primero: ataque a la libertad de expresión, obviamente, pues el objetivo de intervenir un diario no puede ser otro que callarlo. El gobierno ha tratado de controlar de distintas maneras a los medios de Granasa y no ha podido. No hay ningún disimulo en esto: la intervención se produce en medio de las presiones (casi diarias) provenientes de aquella oscura oficina gubernamental desde la que se compran medios y conciencias, se financian trolls y se diseñan campañas de desinformación… Presiones para despedir periodistas críticos o para imponer el silencio en torno a ciertos temas incómodos.

Segundo: ataque a la libertad de empresa. Y, según como evolucionen las cosas, al derecho a la propiedad. Porque si se le concede a la Superintendencia de Compañías el capricho de que un accionista minoritario pueda acceder, para fines abiertamente extra societarios, a información reservada y secretos comerciales de una empresa, quedará sentado un precedente peligrosísimo. ¿Cómo es que las dirigencias empresariales, los gremios, las cámaras, no han puesto el grito en el cielo? ¿Tienen miedo? Más miedo deberían tener de lo que se les viene si no se detiene esta barbaridad a tiempo.

• CONTEXTO

La intervención de la Superintendencia de Compañías se suma a la serie de acciones emprendidas en contra de Granasa para amedrentar su línea crítica ante el poder.

• POSTURA

Pese a la intervención de la Superintendencia de Compañías, Gráficos Nacionales S.A. (Granasa) señaló que su línea editorial seguirá intacta en todos sus contenidos.

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