Hoy es GRANASA, mañana puede ser cualquier empresa

Puede ser un cliché que quizá a muchos les suene antipático, pero la célebre frase del pastor Martin Niemöller, que vuelve a la superficie cada vez que aparece un gobierno autoritario, le sentaría bien escuchar al sector empresarial y al activismo dizque liberal, a propósito de la metida de mano del gobierno en Gráficos Nacionales (GRANASA), empresa editora de los diarios EXPRESO y EXTRA.

“Primero vinieron por los socialistas, y guardé silencio porque no era socialista. Luego vinieron por los sindicalistas, y no hablé porque no era sindicalista. Luego vinieron por los judíos, y no dije nada porque no era judío. Luego vinieron por mí, y para entonces ya no quedaba nadie que hablara en mi nombre”. La frase la repitió Niemöller, con algunas variantes, para describir lo que ocurre cuando se guarda silencio ante los abusos del poder con la falsa expectativa de que nunca se será víctima. Pues el caso de GRANASA y lo que está haciendo el gobierno con EXPRESO, por haberse mantenido como una de las pocas voces críticas ante el poder y sus abusos, bien podría ser el retrato de lo que Niemöller quiso expresar. De tener éxito y lograr que se obligue ilegalmente a que GRANASA entregue, por ejemplo, información sobre sus proveedores, suscriptores o sobre su relación con los bancos, se estaría sentando un precedente de consecuencias insospechadas.

La intervención a GRANASA deja un grave precendente

La verdad es que si el gobierno de Daniel Noboa interviene en una empresa privada -como ocurre con GRANASA- con el ilegal pretexto de que Inmobiliar posee una participación accionaria minoritaria, aunque esta sea mínima y además esté judicialmente disputada, se estaría creando un precedente gravísimo para la libertad de empresa y la seguridad jurídica. Bajo la lógica del Gobierno Nacional, el Estado podría utilizar participaciones irrelevantes como excusa para irrumpir en la vida interna de compañías privadas, exigir información sensible o condicionar su funcionamiento.

Esto no solo vulnera el derecho a la propiedad y la autonomía empresarial, sino que introduce un factor de arbitrariedad que desincentiva la inversión y erosiona la confianza en las reglas del mercado. El mensaje sería devastador: ninguna empresa estaría a salvo de la intromisión estatal si, en algún momento, el Estado logra adquirir -o adjudicarse- una fracción mínima de sus acciones. Bajo esta lógica, el gobierno, por ejemplo, podría meter sus narices en una empresa en la que Inmobiliar sea accionista minoritario y utilizar esa información para beneficiar a otra que sea de propiedad de algún funcionario. Una empresa del grupo Noboa (la familia del presidente), que tiene intereses en minería, por ejemplo. O incluso podría ocurrir que el Estado utilice (coimando) a un accionista minoritario de alguna empresa que le resulte inamistosa para conseguir información clave para destruirla. De hecho, Inmobiliar tiene acciones en al menos 13 empresas del país.

Pero el problema no termina ahí. Ese mismo precedente sería igualmente peligroso en el ámbito privado, porque abriría la puerta a prácticas abiertamente anticompetitivas. Si se acepta que un accionista minoritario puede forzar intervenciones o exigir información estratégica bajo el argumento de su condición accionarial, nada impediría que una empresa compre un pequeño paquete de acciones de su competidora -por ejemplo, una cadena de supermercados adquiriendo una participación ínfima en otra que cotiza en bolsa- para luego intentar acceder, directa o indirectamente, a información comercial, financiera o estratégica que le otorgue ventajas indebidas. La figura del accionista minoritario se convertiría así en un mecanismo de espionaje empresarial legalizado.

La libre competencia y el gobierno corporativo están en reisgo

Normalizar ese tipo de prácticas significaría dinamitar los principios básicos de la libre competencia y del gobierno corporativo. La confidencialidad empresarial, la igualdad de condiciones en el mercado y la protección frente a abusos de poder -sean estatales o privados- quedarían seriamente comprometidas. Por eso, lo que está en juego en casos como este no es solo la situación de una empresa específica, sino la vigencia misma de un sistema económico basado en reglas claras, límites al poder y respeto a la autonomía privada.

En un escenario como al que podría llegarse en caso de que prevalezca la tozudez del Gobierno y de sus operadores, la seguridad jurídica y de negocios para las empresas podría colapsar. El activismo nacional que se define como defensor de los principios de libre mercado y libre competencia no puede, por ende, guardar silencio frente a lo que ocurre. “Mañana los pueden joder a ustedes”, decía ayer el radiodifusor Ramón Sonnenholzner, refiriéndose a los empresarios que, como sostuvo en su programa, “están tranquilitos, estamos aquí chévere, no pasa nada, que se joda GRANASA, que no pasa nada…”.

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