Fallo de la Corte Constitucional abriría dos rutas inciertas para el CPCCS

Distintas interrogantes sobre el futuro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) se abren luego de que la Corte Constitucional (CC) emitió el dictamen de vía respecto a la propuesta que envió el presidente de la República, Daniel Noboa, para quitarle a ese organismo la atribución de designar a las autoridades a través de los concursos de selección.

¿Cuál es la propuesta de Daniel Noboa?

Según el texto de la propuesta de enmienda constitucional, el Ejecutivo busca trasladar la atribución de designación de autoridades del CPCCS a la Asamblea Nacional e implementar nuevos procedimientos de selección.

En su dictamen 9-25-RC/26, la Corte concluyó que la enmienda sí es apta para tramitarla. Con ello se abre la posibilidad de quitarle atribuciones fundamentales que incidirían en su funcionamiento y presupuesto, pero que también ha generado expectativa porque pondría fin a las polémicas que ha tenido la entidad al ser manejada como un botín político.

Además de generar el imaginario de que, quizá, los procesos de selección serían más expeditos en el Legislativo y que, probablemente, el cambio evitará que existan autoridades prorrogadas, existen voces que estiman que se abren dos escenarios para la entidad.

¿Cuál podría ser el futuro del Consejo de Participación?

Uno apunta a que el CPCCS ya no será atractivo para figuras y organizaciones políticas, que intentaban acaparar a sus miembros para influir y colocar a personajes afines a sus intereses, un aspecto que lo sentenciaría a desaparecer.

El otro escenario, en cambio, es más esperanzador. Este prevé que la entidad podría reivindicar su trabajo y encaminarlo a responder al objetivo para el que fue creada: promover la participación de la ciudadanía y apoyar la lucha contra la corrupción.

“Se alinearía más a su rol de despertar la participación ciudadana y el control social, incluso los procesos de veeduría, que serían una forma de potenciar esos otros atributos que tiene el CPCCS, ya que solo se concentró en designar autoridades, que es lo que generó mayor noticia, pero también controversia”, dice Gonzalo Albán, exvocal del Consejo.

Mishelle Calvache, exvicepresidenta del organismo, considera que si bien se abre la posibilidad de que el Consejo retome las demás tareas que han sido “difíciles de llevar adelante por la cantidad de atribuciones que tiene y el presupuesto limitado, veo casi imposible que se puedan realizar de forma correcta”.

Un Consejo "sin atractivo" para los políticos

Calvache sostiene esa afirmación porque estima que, al quitar los procesos de designación de autoridades, “que son la joya de la corona, se ve improbable que el Consejo pueda efectuar un trabajo relevante y pierde su razón de ser”.

Un criterio similar menciona Diego Zambrano, constitucionalista y catedrático universitario. El especialista explica que “pierde su atractivo” y lo que le queda son los temas de promoción de participación, canalizar denuncias de corrupción y verificar la rendición de cuentas de autoridades.

“Las dos primeras son las más importantes, pero son competencias que pueden ser asumidas por otras entidades y por eso el Consejo ya queda como una entidad solo decorativa, que incluso podría desaparecer”, analiza.

El docente prevé ese virtual desenlace debido a que el Consejo “nació de una contradicción democrática, porque lo lógico es que la participación ciudadana se ejerza frente al Estado y no desde el mismo Estado. Desde allí es una institución que no tiene sentido en existir”.

¿El Consejo será eliminado?

Sin embargo, más que una desaparición del organismo, Zambrano considera que está destinado a mutar en una institución de menor relevancia. Lo afirma con base en los intentos infructuosos por eliminar el CPCCS, como lo plantearon los expresidentes Lenín Moreno, Guillermo Lasso y el mismo Noboa en sus consultas populares, pero que fracasaron.

“El mecanismo constitucional viable es la enmienda, pero desaparecerá del escenario público y podría quedar como la anterior Comisión del Control Cívico de la Corrupción, de 1998, con competencias más simbólicas”, estima.

Aunque se prevé que de prosperar la propuesta de enmienda, posiblemente el Consejo pase a segundo plano, el vocal Albán mira la situación como una oportunidad para enfocar su trabajo en actividades u observatorios como los que desarrollan organizaciones no gubernamentales (ONG) como Faro o la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, las cuales buscan promover la participación y monitoreo de la ciudadanía en otras funciones del Estado. “Fomentaría realmente el control ciudadano”, concluye.

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