Seccionales 2027: Partidos arremeten contra Ley de los GAD en el año electoral

Contrario a lo que ocurrió con las demandas de inconstitucionalidad contra las leyes de Solidaridad Nacional, Integridad Pública e incluso con la campaña en la consulta popular 2025, esta vez los partidos políticos han intentado liderar la oposición a la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad), conocida como Ley de los GAD.

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En un año electoral, las organizaciones políticas pugnan por posicionar su relato de cara a las seccionales de 2027. Revolución Ciudadana (RC), Unidad Popular, Partido Socialista Ecuatoriano (PSE) y Pachakutik son algunas de las fuerzas que aparecen en las más de 12 demandas que tramita la Corte Constitucional.

En esencia, la ley (aprobada en la Asamblea y sancionada por el presidente Daniel Noboa) obliga a municipios y prefecturas a destinar el 70 % de sus recursos al gasto de inversión. Es decir, obras, mantenimiento e infraestructura. El resto puede destinarse al gasto corriente, que básicamente corresponde a sueldos.

¿Cómo incide la Ley en los GAD?

Esa regla fiscal ya constaba en el Cootad. Con la nueva ley, sin embargo, se incorpora una sanción para los gobiernos locales que incumplan esa disposición. El artículo 271 de la Constitución establece que los GAD participarán de al menos el 15 % de los ingresos permanentes y de un monto no inferior al 5 % de los no permanentes del Estado central. En la práctica, la aplicación de esa sanción implicaría que las transferencias se reduzcan al mínimo constitucional.

Sin embargo, la queja de los distintos actores políticos (muchos de ellos a cargo de administraciones municipales o provinciales) es que ahora se considerará gasto corriente el financiamiento de programas que atienden temas sociales.

La Prefectura de Pichincha, encabezada por Paola Pabón (RC), y la Alcaldía de Quito, dirigida por Pabel Muñoz (RC), han estructurado sus campañas en contra de la ley alrededor de esos servicios que, al ser parte de la carta de presentación de sus respectivas gestiones, ahora podrían desaparecer.

Por su parte, Pachakutik se reactivó después de su intervención en la campaña por el ‘no’ en la consulta de 2025. También acudió a la Corte Constitucional. Su coordinador nacional, Guillermo Churuchumbi, dijo el pasado 2 de marzo que la ley restaría alrededor de 1.000 millones de dólares para prefecturas y municipios. “Afectará los derechos de la ruralidad y al presupuesto de educación y salud”, aseveró.

Con tono y argumentos similares, antes acudieron a la Corte representantes de la UP y del PSE.

Pero esa confrontación no solo se evidencia desde la oposición. El Gobierno también ha emprendido ataques directos contra alcaldías y prefecturas con el objetivo de posicionar la idea de una gestión deficiente y la necesidad de cambios.

¿Trae réditos asumir la oposición a la Ley?

Para el analista electoral Esteban Ron, es riesgoso que el capital político para las seccionales se construya sobre una coyuntura específica. “Esta norma no tiene un vicio muy fuerte de inconstitucionalidad. Veo que la Corte podría aprovechar para determinar qué es gasto corriente y qué es inversión, unificando criterios”.

Para la experta en comunicación política Caroline Ávila, el efecto de abanderar la oposición contra la ley debe entenderse desde la realidad de cada ciudad. Señala que no es lo mismo una oposición desde Ambato que desde Cuenca, donde la imagen del presidente Noboa se ha visto más desgastada, sobre todo por temas relacionados con la minería.

Además, sostiene que existen acciones concretas de los municipios que podrían verse directamente afectadas por la nueva ley. “Si eso se va a dar sin una pelea terminará siendo un búmeran para los alcaldes y prefectos. Es más fácil desmarcarse de la responsabilidad directa porque le endilga esta situación al Gobierno central”.

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