Reforma al Cootad impactaría a convenios con el Municipio de Quito y la prefectura

El solo imaginar que los servicios sociales destinados a adultos mayores podrían verse afectados por la reciente reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) entristece a Cristina Guachamira. 

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A sus 73 años, lleva más de una década participando en los programas comunitarios impulsados por el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) parroquial de Puembo, espacios que -asegura- han sido fundamentales para su salud y bienestar emocional.

Hace 15 años, Guachamira impulsó la creación del proyecto Centro Flor Primaveral, un espacio pensado para el encuentro y la convivencia de adultos mayores. Allí realizan actividades físicas, talleres de manualidades, dinámicas de estimulación mental y encuentros comunitarios.

“Nos sentimos como en casa. Aquí estamos acompañados, compartimos y nos mantenemos activos”, cuenta la mujer mientras describe la rutina que sigue junto a decenas de personas de su edad.

Su caminar es pausado, pero constante. Las actividades del centro, explica, le han ayudado a enfrentar problemas de salud y, sobre todo, a evitar el aislamiento. “Uno no se siente solo. Eso es muy importante cuando se llega a esta edad”, dice.

La preocupación de Guachamira no es aislada. Autoridades parroquiales del valle de Tumbaco consideran que la reforma al COOTAD podría alterar la dinámica de cooperación entre distintos niveles de gobierno y poner en riesgo proyectos sociales que funcionan mediante convenios interinstitucionales.

Preocupación de los GADS

Gabriel Tinajero, presidente del Gobierno Parroquial de Puembo, sostiene que el impacto no recaería en las autoridades sino en la población beneficiaria. “Esta reforma no nos afecta a nosotros como autoridades. A quien afecta es a la comunidad”, afirma. 

Según explica, varios servicios que actualmente se ejecutan mediante convenios con el Municipio de Quito o la Prefectura de Pichincha podrían desaparecer si cambian los mecanismos de financiamiento.

La parroquia de Puembo, por ejemplo, recibe cerca de 27.000 dólares para la lectura de medidores y entrega de facturas de agua potable, además de 34.000 dólares destinados a obras sociales de infraestructura. A esto se suma el fondo rural municipal, que en 2024 alcanzó los 390.000 dólares, y convenios culturales con la Prefectura por aproximadamente 10.000 dólares.

Estos recursos permiten financiar obras viales, actividades culturales y servicios comunitarios. “Son proyectos muy ágiles que han beneficiado mucho a la parroquia”, señala Tinajero.

El dirigente también estima que la eliminación de estas partidas podría afectar programas de atención directa a la población, como ferias de salud gratuitas o campañas de esterilización de mascotas. “Solo entre finales de enero e inicios de febrero esterilizamos casi 600 animales de compañía con el proyecto Wiwa de la Prefectura”, indica.

Además, considera que algunos servicios podrían perder cercanía con la comunidad si pasan a ser gestionados exclusivamente por entidades centrales. “Nosotros somos el puente entre las instituciones y la gente. Si se rompe ese vínculo, la atención se vuelve más distante”, agrega.

Entre quienes participan en los programas comunitarios está también Renán Granja, de 73 años. Él forma parte del proyecto de adultos mayores en Puembo y asegura que estas iniciativas han tenido un impacto positivo en la vida de muchas personas. “Al encontrar espacios como este, muchas personas superan cuadros de depresión y mejoran su situación física”, comenta.

Granja relata que ha visto cómo algunos de sus compañeros llegaron al centro utilizando bastón y, gracias a las actividades físicas, han mejorado su movilidad. “El hecho de que un adulto mayor pase encerrado en casa puede provocar depresión. Estas actividades ayudan a vivir mejor y a alargar la vida”, afirma el morador.

La preocupación también se extiende a otras parroquias rurales de este valle del nororiente. En Pifo, las autoridades locales observan que la reforma podría afectar la continuidad de centros infantiles que funcionan mediante convenios con el municipio y otras instituciones.

Gabriela Tipán, coordinadora de un Centro Infantil Tipo 2, explica que actualmente atienden a 45 infantes con servicios de cuidado diario, estimulación temprana y alimentación. “Los más afectados serían los niños, porque son hijos de padres y madres que trabajan”, señala.

Según la especialista, el cierre de los establecimientos implicaría que muchos menores pierdan una alimentación segura y un entorno de cuidado durante el día. “Hay madres que son cabeza de hogar y necesitan trabajar. Si se cierran estos centros, ¿quién va a cuidar a los niños?”, cuestiona.

La coordinadora advierte que algunos menores podrían terminar acompañando a sus padres en trabajos informales o quedar bajo el cuidado de personas que no siempre garantizan su seguridad. “Son niños que están en pleno proceso de desarrollo. Si cierran los centros infantiles, también se cierran las oportunidades para darles un mejor futuro”, explica.

Municipio presentó demanda de inconstitucionalidad

Ante este escenario, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, presentó una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional para que las reformas queden sin efecto mientras se analiza su legalidad.

No obstante, algunas autoridades tienen una visión distinta. Pedro Tapia, presidente del Gobierno Parroquial de Cumbayá, considera que la reforma podría generar beneficios si impulsa una mayor priorización de obras de infraestructura. 

“Siempre he pensado que primero es una calle antes que una fiesta”, sostiene. A su criterio, existen ocasiones en donde se han destinado recursos a eventos culturales mientras los barrios aún carecen de servicios básicos como alcantarillado, veredas o cunetas.

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