En Quito, alarmas con tecnología antigua fallan ante la ola de inseguridad
Moradores reclaman dispositivo dañados y mínima vigilancia policial en barrios. Se renovarán 790 equipos desde mayo
El asesinato de un comerciante en el sector del Comité del Pueblo, en el norte de Quito, volvió a encender las alarmas sobre la inseguridad en la ciudad y el estado de los sistemas de alerta instalados en los barrios.
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El crimen se registró días atrás dentro del pequeño local de la víctima, ubicado en la avenida Jorge Garcés. Según información de la Policía Nacional, el agresor habría ingresado al establecimiento al simular ser un cliente.
Una vez cerca del comerciante, lo atacó con un arma blanca. Aunque el hombre intentó reaccionar y salir a pedir ayuda, apenas logró avanzar unos metros antes de desplomarse en la acera. Falleció pocos segundos después, ante la mirada de vecinos y transeúntes que presenciaron la escena.
El hecho generó indignación entre los moradores del sector, quienes aseguran sentirse desprotegidos y cuestionan las medidas adoptadas por el Municipio y la Policía para combatir la delincuencia en la urbe.
José Paredes, exrepresentante barrial del Comité del Pueblo y amigo de la víctima, lamenta que en situaciones de emergencia ni siquiera se pueda activar el sistema de alarmas comunitarias.
“Las alarmas están dañadas. Cuando ocurre algo grave no podemos hacer nada. Nos sentimos abandonados”, afirma. Él recuerda que hace aproximadamente un año se instalaron algunos dispositivos en el sector, pero asegura que muchos nunca funcionaron correctamente.
“Nos dijeron que eran alarmas comunitarias, pero eran equipos pequeños, algunos incluso reutilizados de otros barrios. Desde que las colocaron, varias dejaron de funcionar”, manifiesta.
Alarmas no abastecen y poca presencial policial
En el Comité del Pueblo existen alrededor de 12 manzanas y, según los vecinos, las pocas alarmas disponibles no cubren toda la zona. A esto se suma que varias permanecen averiadas.
Mientras la comunidad enfrenta el miedo cotidiano, los moradores cuestionan también la escasa presencia policial. “La vigilancia es mínima y las medidas que implementaron no sirven”, añade Paredes.
La situación se repite en otras zonas de la capital. En el sector Rancho Los Pinos, en el suroriente de Quito, los vecinos denuncian una ola de robos que mantiene en alerta permanente a la comunidad.
Milton Flores, dirigente barrial, asegura que en lo que va del año se han sustraído al menos 12 vehículos. “Los robos son casi diarios. Aquí también tenemos una alarma comunitaria, pero no funciona”, indica.
Los moradores han presentado solicitudes para su reparación, pero aseguran que no han recibido respuesta. Ante la falta de soluciones, decidieron organizar rondas nocturnas para vigilar el barrio. “Ya no confiamos en las autoridades. Pagamos una tasa de seguridad, pero no vemos resultados”, reclama Flores.
En sectores donde no existen alarmas, los pedidos de instalación también se multiplican. En La Armenia, en el valle de Los Chillos, los comerciantes reportan que los asaltos a locales se han vuelto frecuentes en el último año.
Andrés Verdesoto, residente del sector, señala que han presentado solicitudes formales ante el Municipio e incluso buscaron el apoyo de concejales para gestionar estos dispositivos.
En la parroquia de Pifo, en el barrio San Javier, Sergio Prado cuenta que los vecinos decidieron invertir por su cuenta en sistemas de alerta. También establecieron mecanismos de control comunitario para el arriendo de viviendas, lo que -según Prado- ha permitido reducir los delitos en esa zona del valle.
¿Cuántas alarmas comunitarias hay en Quito?
La Secretaría de Seguridad del Municipio señala que actualmente existen 1.800 alarmas comunitarias instaladas en todo el Distrito Metropolitano de Quito. De ese total, 1.405 se encuentran operativas y 395 están en mantenimiento técnico, de acuerdo con datos actualizados hasta el 5 de marzo.
La entidad dice que entre las principales causas de fallas se encuentran actos de vandalismo, equipos dañados por sobrevoltajes durante tormentas eléctricas y dispositivos que funcionan con tecnología celular 2G, cuya cobertura es limitada.
El Cabildo informa que ejecuta un plan de mantenimiento preventivo anual y monitoreo permanente de los sistemas.
Además, los viernes se realiza un reinicio técnico para optimizar la conectividad. Dentro de esa planificación, se prevé reemplazar 790 alarmas con tecnología 2G por equipos con conectividad 5G entre mayo y junio.
El presupuesto destinado para este año asciende a 1,23 millones de dólares e incluye mantenimiento, conectividad, soporte técnico y renovación tecnológica.
Cuestionamientos a la gestión
Aunque el Cabildo detalla la intervención en las alarmas, el concejal Wilson Merino cuestiona la gestión municipal en materia de seguridad.
Según explica, los dispositivos se financian con la tasa de seguridad que pagan los ciudadanos y que genera aproximadamente 12 millones de dólares al año. “Una tasa se paga por un servicio que debe ser medible y efectivo, pero gran parte de esos recursos no se está invirtiendo adecuadamente”, asegura.
Merino añade que el año pasado hubo una subejecución presupuestaria cercana al 50 % en inversión de seguridad. Para el edil, ese dato mostraría que los recursos existen, sin embargo, “el problema es la incapacidad para ejecutarlos y convertirlos en tecnología útil para los barrios”.
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