Cuestionan ejecución presupuestaria y las acciones para la seguridad en Quito

La asambleísta de Pichincha, Inés Alarcón, cuestionó las acciones que ejecuta el Municipio para enfrentar los problemas de seguridad en Quito.

La legisladora manifestó que el Cabildo extiende los permisos a los establecimientos comerciales “en donde todo el mundo sabe” que se venden “objetos robados o sustancias”. Además, considera que se debe fiscalizar la entrega de permisos a “locales fachada” y saber dónde están las alarmas comunitarias o qué pasa con las Unidades de Policía Comunitaria (UPC) que, según ella, están bajo la administración municipal.

Por ello, Alarcón dijo que está a la espera de que la Asamblea Nacional retome la sesión No. 068 del pasado 9 de febrero para analizar en el Pleno “la baja ejecución presupuestaria del Municipio de Quito en el ejercicio fiscal 2025” en materia de seguridad. 

Según los informes municipales, de un ranking de 15 entidades, el sector de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos ocupa el puesto 14, con una ejecución presupuestaria del 65,66 %, solo superando a Hábitat y Ordenamiento Territorial. Por el contrario, los sectores de Planificación, Ambiente y Educación ocupan los tres primeros lugares con ejecuciones de entre el 99,35 y 92,82 %.

Dirigente barrial pide capacitación en seguridad

Los dirigentes barriales también exponen sus quejas. Ángel Baldeón, presidente del Comité Pro Mejoras del barrio Teniente Hugo Ortiz, relata que las alarmas comunitarias están desconectadas en su sector, ubicado en el sur de la ciudad. Aunque han pedido darle mantenimiento a la Administración Zonal Eloy Alfaro, eso no ha ocurrido y cuenta que solo han recibido chalecos para las brigadas de seguridad.

Baldeón indicó que por su propia iniciativa, el grupo ha buscado aprender a través de capacitaciones con la Policía Nacional, a quienes les piden charlas y orientación. Además, con aportes comunitarios, han buscado instalar cámaras y alarmas sonoras, para intentar protegerse. Según el representante, estas acciones no se toman solo en su barrio, ya que el problema de los comités de seguridad se repite en otros sectores.

Concejal dice que fiscalizar no es competencia de la Asamblea

Pese a los cuestionamientos, el edil Andrés Campaña es enfático en señalar que la Asamblea no es competente para el control político sobre ningún GAD parroquial, municipal o provincial, pues no existe ninguna norma que lo faculte. “Esa es una extralimitación”, sostiene. Sin embargo, la Alarcón considera que el “Concejo ha dejado de ser un cuerpo colegiado de fiscalización para convertirse en una notaría de los caprichos del alcalde” Pabel Muñoz.

El régimen y el Municipio mantienen una pugna sobre la seguridad, en la cual el Cabildo ha señalado que esa es una competencia del Gobierno Central. Incluso ha defendido que la capital ha entregado 2 motos, 12 escáneres, 134 vehículos y 612 implementos de protección a la Fuerza Pública. 

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