Caso Triple A: Audiencia de juicio se suspende y se retomará el sábado 14 de marzo
Tribunal suspendió la primera jornada de la audiencia de juicio, tras escuchar los alegatos de Fiscalía, Petroecuador y ARCH
El Tribunal del caso Triple A suspendió la tarde de este domingo 8 de marzo de 2026 la primera jornada de la audiencia de juicio en contra del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y otras 21 procesados más, entre personas naturales y jurídicas (empresas), quienes son investigados por la Fiscalía por su presunta participación del delito de comercialización ilegal de combustibles.
El juez ponente, Jorge Sánchez, concluyó la sesión de este domingo al indicar que el Tribunal debía actuar en otro caso distinto a partir de las 14:30. Por ese motivo, luego de instalar la audiencia de juzgamiento pasadas las 10:00, el magistrado anunció que solo se permitirá el desarrollo de la diligencia hasta las 13:00.
El alcalde Álvarez asistió a la diligencia de forma telemática, pues él se encuentra detenido de forma temporal por el caso Goleada en la cárcel de Cotopaxi. Antes de comenzar con el juicio de este domingo, el Tribunal dispuso la segunda orden de prisión preventiva por "alterar el dispositivo de rastreo" (grillete electrónico).
Durante esta audiencia, la Fiscalía, así como los procuradores de Petroecuador y de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) concluyeron con la presentación de sus alegatos de apertura y, posteriormente, el juez dio paso a intervenciones de los abogados de los procesados.
Sin embargo, los defensores de los 22 imputados no pudieron participar en su totalidad, por lo que el Tribunal anunció que se continuará con esas exposiciones en la reinstalación de la diligencia, prevista para el próximo sábado 14 de marzo a las 08:30.
Fiscalía señaló a Álvarez y cuatro procesados como autores del delito
Este domingo, la fiscal señaló a Álvarez, Raúl Zambrano, Fausto Vaca, Rosa Ortiz y Edgar Campoverde como autores directos del delito de comercialización ilegal de combustibles. Aseguró que esa actividad habría causado un perjuicio económico al Estado que ascendería a 61'502.658 dólares.
Según Fiscalía, la actividad se habría perpetrado a través de las empresas Copedesa, Corpalubri, Ternape e Indudiesel, las cuales vendieron combustible a estaciones de servicio ubicadas en zonas fronterizas y el mar territorial, comercializaron el recurso a gran escala y lo distribuyeron a gasolineras con aparente exceso.
La representante del Ministerio Público dijo que durante el juicio demostrará que Álvarez fue representante legal y accionista de Copedesa, Corpalubri, Ternape e Indudiesel. Las dos primeras empresas comercializaban combustibles para el segmento automotriz e industrial, respectivamente, mientras que la tercera se dedicaba al segmento naviero nacional e internacional, las cuales habrían obtenido autorizaciones de manera ilegal.
Además señaló a las compañías por la aparente compra de combustible de naviero para entregarlo al sector industrial, cuando no estaban autorizadas a hacerlo. La diferencia entre el combustible con subsidio y el que tenía un valor elevado habría generado beneficios económicos ilegales.
Los procuradores de Petroecuador y de la Arch también apuntaron a los procesados. El representante de la estatal petrolera habló de que los enjuiciados habrían conformado una red que desviaban combustible a sectores no autorizados, generando beneficio económico indebido; mientras que la Arch sostuvo que los 22 imputados tenían un "plan estratégico" para comercializar ilegalmente el combustible.
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