Caso Triple A: Tribunal dicta prisión preventiva contra Aquiles Álvarez

El Tribunal del caso Triple A dictó prisión preventiva para el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, este 8 de marzo de 2026 y dispuso emitir la boleta de encarcelamiento en contra del funcionario al considerar que él alteró el dispositivo electrónico que debía portar como parte de las medidas cautelares alternativas que fueron dispuestas mientras se desarrolla el proceso penal. 

De esta forma, el Tribunal acogió el pedido de la Fiscalía, que solicitó cambiar las medidas cautelares por la prisión preventiva al considerar que incumplió con las disposiciones dictadas anteriormente y que existe riesgo procesal.

En su decisión, los magistrados consideraron también que las presentaciones periódicas del alcalde resultan ineficaces. Por ello ordenó emitir la orden de prisión preventiva y oficiar al Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) y a la Comandancia para que ejecuten la medida de privación de la libertad.

Durante la lectura de la resolución oral, el Tribunal sustentó su decisión al indicar que la orden de privación de libertad es un mecanismo idóneo para asegurar la presencia de Álvarez y así evitar la frustración de la administración de justicia. También señaló que la medida es necesaria por el principio de intervención mínima. "Antes ya se le otorgó la vigilancia continua y la presentación periódica, pero estas fracasaron por la decisión del procesado al alterar el dispositivo de rastreo", manifestó el juez del caso.

También indicó que el fallo es la consecuencia legal de la supuesta manipulación del grillete "para devolverle fuerza coercitiva frente a actos de desafío de autoridad".

Además del fallo contra Álvarez, el Tribunal acogió el pedido de los abogados de dos procesados y les permitió que cambien de ciudad para sus presentaciones periódicas.

¿Qué es el caso Triple A?

Luego de dictar la orden de prisión, el Tribunal dispuso un receso de 15 minutos y después se retomó la audiencia de juicio en contra de Álvarez y otras 21 personas naturales y jurídicas (empresas), quienes están procesadas en este caso en el que la Fiscalía investiga el presunto cometimiento del delito de comercialización ilegal de combustibles, cuya conducta habría causado perjuicio al Estado.

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