ENTREVISTA
Sofía Almeida sobre descalificación del CPCCS: "No se me permitió el derecho a la defensa"
La expresidenta del CPCCS cuestiona el fallo del Contencioso Electoral que anuló su calificación como candidata para las elecciones de noviembre de 2026

Sofía Almeida fue presidenta del Consejo de Participación Ciudadana.
Lo que debes saber
- La anulación de la candidatura se resolvió durante un fin de semana sin derecho a la defensa.
- El fallo se fundamenta en una destitución de 2023 por negarse a designar a Wilman Terán.
- Se denuncia un trato diferenciado del TCE frente al caso de la exconsejera Rosa Chalá.
La expresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Sofía Almeida, cuestiona el fallo del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) que anuló su candidatura, alegando vulneraciones al debido proceso y al derecho a la defensa. Sostiene que la impugnación sobre su probidad notoria carece de sustento jurídico, defiende su negativa previa a designar a Wilman Terán y denuncia un trato desigual respecto a otros aspirantes, anticipando acciones ante instancias internacionales y alertando sobre presiones políticas para controlar la designación de autoridades.
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- El Consejo Nacional Electoral (CNE) calificó su candidatura, pero el TCE resolvió anularla por una denuncia electoral en su contra. ¿Por qué es improcedente?
Las actuaciones del Tribunal Contencioso Electoral están en contra de la democracia. Se me ha descalificado en un fin de semana en el que no se me permitió el debido derecho a la defensa. Nunca comparecí. No solamente afecta mis derechos y mi dignidad, porque se cuestiona mi probidad notoria, sino también los derechos de la ciudadanía a poder elegir de manera libre.
- La denuncia en su contra cuestiona su probidad por la destitución que ordenó la Corte Constitucional en 2023. ¿Es argumento suficiente para descalificarla?
La probidad notoria tiene que ver con la conducta debida, con la trayectoria, con la honestidad. Nunca he tenido una responsabilidad penal, civil, ni siquiera una responsabilidad administrativa. Esa destitución, que fue dada por un supuesto incumplimiento de funciones, la denuncié ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y fue admitida porque revisaron algunos puntos a considerarse, en los que prácticamente a mí se me destituyó por no designar a Wilman Terán.
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- ¿Todo se remonta a ese momento?
En un contexto en el que mis excompañeros estaban ya destituidos por la Asamblea Nacional, ya había sido una pelea durante meses por designar al presidente en la que demostré que quise designar; pero luego llega la terna donde estaba Wilman Terán y yo me opuse a elegirlo. Me destituyen por no elegir a Wilman Terán y ahora se cuestiona mi probidad notoria por no elegir a un hombre que está preso e involucrado en algunas acciones penales y civiles.
- ¿El TCE ha fallado diferente con otros candidatos?
Es contradictorio el fallo. Más allá de que se saltaron procedimientos, hay algunos candidatos cuyas impugnaciones, bajo las mismas causales y las mismas figuras, fueron rechazadas, y la mía fue aceptada. Es el caso de la exconsejera Rosa Chalá, con la que se actuó en derecho porque ella fue destituida también por la Asamblea Nacional y a ella también se le estaba impugnando la probidad notoria; en ese contexto, a ella se le da a favor y a mí se me da en contra. Aquí hay un direccionamiento claro en mi contra por parte del TCE.
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- ¿Queda algún recurso que pueda presentar para estar en la papeleta electoral?
No me aferro a una candidatura. A lo que sí me aferro es a la honestidad, a la transparencia, a la dignidad humana y a la posibilidad de que la gente pueda elegir libremente. No quiero que esto cree un precedente. Iré a las instancias nacionales e internacionales para que se haga justicia.
- ¿Qué o quién está detrás de estos movimientos?
Lo indiqué en la ocasión en que fui presidenta: había presiones políticas para designar a las altas autoridades del Estado a conveniencia de ciertos grupos de interés. Lo denuncié en su momento y ahora lo sigo denunciando, porque es evidente que ese es el meollo del asunto. Nunca he dado pie a luchar a ultranza la designación de autoridades por parte del CPCCS porque he visto las presiones que tienen y cómo estos grupos tratan de apoderarse —y lamentablemente veo que lo han hecho— de las instituciones públicas.
- ¿Cree que quitando la facultad de designación de autoridades termine ese interés político?
La democracia es lo que tiene que primar y la ciudadanía es la que tiene que decidir sobre si debe designar o no a las autoridades del Estado. En lo personal, he defendido la democracia y eso es lo que hay que respetar. Mientras el CPCCS tenga la atribución de designar autoridades, tiene que cumplirla a cabalidad porque así está en la Constitución.