Jóvenes en Acción: el costo de los 700.000 cupos y su coincidencia con el calendario electoral

El gobierno de Daniel Noboa no puede ocultar su angurria electoral. El insólito, irresponsable e incluso deshonesto anuncio, hecho ad portas de las próximas elecciones, de que incorporará a 550.000 beneficiarios al programa Jóvenes en Acción pone en evidencia dicha angurria. Y si a eso se le agrega la orden de adelantar el pago del décimo tercer sueldo y la aparición de un feriado extraordinario el 20 de noviembre, apenas nueve días antes de los comicios, el mensaje es grotesco.

Esta desesperación del Gobierno demuestra que no basta para asegurarse la victoria el operativo que se montó para descalificar a potenciales candidatos rivales, gracias al control de los organismos electorales, y para disuadir a otros de que se candidaticen, con amenazas de represalias de lo más variopintas. 

La aparición de Noboa en un video grabado en una banca de la Plaza Grande de Quito y difundido por el órgano oficial El Universo (el operativo de seguridad para arreglar el escenario fue gigante y traumático para el Centro Histórico), lanzando la oferta para el programa Jóvenes en Acción, no hizo sino poner esta angurria electoral en escena.

El aumento de cupos para el nuevo programa

De entre todos los ofrecimientos hechos calculando la cercanía de las elecciones, sin duda, el más burdo es el del bono. El programa tenía inicialmente 150.000 cupos y ahora, cuando se acercan las elecciones, ese número saltó a 700 000. 

El aumento no es pelo de cochino: son 550.000 beneficiarios adicionales, es decir, casi 4,7 veces la cifra original. Cada uno recibirá, según la promesa hecha por Noboa desde el Centro Histórico de Quito, 400 dólares mensuales durante dos meses. Si se cumple íntegramente lo anunciado, cosa que sería una tragedia para la economía del país, la transferencia alcanzaría la brutal cifra de 560 millones.

La propuesta es demencial, entre otras razones, porque la proforma presupuestaria de 2026 contemplaba apenas un millón de dólares para Jóvenes en Acción. La oferta del 1 de octubre equivale, por tanto, a unas 560 veces esa asignación y el Gobierno no ha explicado de dónde va a salir todo ese dinero. Aún más demencial es la promesa si se toma en cuenta que el Gobierno no ha sido capaz de comprar los medicamentos que gran parte de la población necesita. Además, su cumplimiento sería luego de los devastadores efectos que tendrá (ya está teniendo) el fenómeno de El Niño y la crisis energética que se está sufriendo.

La coincidencia con el calendario electoral

En el Gobierno dirán que se trata de una política social que el país necesita, pero el calendario electoral hace que esa afirmación sea mentirosa: las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) están previstas para el 29 de noviembre de 2026. El primer pago de los nuevos Jóvenes en Acción está anunciado para el 30 de octubre y el segundo para el 27 de noviembre, apenas dos días antes de que los ecuatorianos acudan a las urnas. Más grosero no puede ser.

Y este no sería el primer episodio en el que una transferencia de liquidez del Gobierno coincide casi exactamente con una votación. En noviembre de 2025, antes del referéndum y consulta popular del 16 de noviembre, Noboa dispuso adelantar el pago del décimo tercer sueldo de los servidores públicos. El pago comenzó el 11 de noviembre, apenas cinco días antes, y el Ministerio del Trabajo estableció que el pago completo debía efectuarse hasta el 14 de noviembre, apenas dos días antes de la consulta.

El Gobierno explicó entonces que la medida buscaba inyectar liquidez, apoyar a las familias e impulsar el consumo. El propio SRI atribuyó posteriormente parte del aumento de las ventas de finales de noviembre de 2025 al adelanto del décimo. Pero el ‘timing’ no deja lugar a dudas: esto es clientelismo puro y duro.

Ahora se repite la escena con una escala mucho mayor. A los 560 millones de dólares prometidos para jóvenes se suma el adelanto del décimo tercer sueldo del sector público al 16 de noviembre de 2026, 38 días antes del plazo legal de diciembre. Y también aparece un feriado extraordinario el 20 de noviembre, tan solo nueve días antes de los comicios.

Las antenas parlantes del Gobierno sostienen que aquí no hay clientelismo, pero ninguna de ellas es capaz de responder a la pregunta política y fiscal: ¿por qué una administración que durante meses habla de restricciones presupuestarias termina multiplicando beneficios, adelanta pagos y agrega feriados justamente cuando se aproxima una elección decisiva?

No se trata de negar la necesidad de ayudar a los jóvenes ni de cuestionar que el dinero llegue a los hogares. El problema está en exigir que el Gobierno explique cuánto cuesta, de dónde saldrá, quiénes recibirán el beneficio, con qué criterios serán seleccionados y por qué el calendario de estas medidas coincide tan precisamente con las urnas. Y eso, al menos hasta ahora, no ha ocurrido.

Más allá de la coyuntura electoral y del problema fiscal, este episodio señala algunas cosas sobre las que la academia y los politólogos deberían reflexionar: cómo los regímenes autoritarios y antidemocráticos que deben legitimarse en elecciones recurren a estos recursos de clientelismo puro. Ya lo hizo Hugo Chávez en Venezuela cuando gastó 2,6 mil millones de dólares en la ampliación de las llamadas ‘Misiones’, antes del referéndum revocatorio de agosto de 2004.

Chávez llegó a reconocer el componente político de su decisión. En una declaración de 2004 explicó que después de conocer encuestas que indicaban que perdería el referéndum, empezaron a crear las ‘Misiones’ y que con ellas comenzaron a remontar en los sondeos.