Modesto Apolo | Eligiendo al nuevo fiscal
La Fiscalía ecuatoriana históricamente ha operado en un entorno de alta tensión entre funciones del Estado
El concurso que impulsa el CPCCS para designar al nuevo fiscal general ocurre en un momento crítico para la institucionalidad. Tras la gestión de Diana Salazar la Fiscalía General del Estado quedó marcada por una mayor visibilidad en la lucha contra la corrupción, el crimen organizado y también una fuerte polarización política.
¿Está hoy la Fiscalía intimidada por intereses del crimen organizado? Si bien no existe prueba institucional concluyente que permita afirmar aquello tampoco existe prueba de que está también influenciada por el Ejecutivo. Sin embargo, el contexto -Ecuador con tasas históricas de homicidios y penetración del narcotráfico en estructuras públicas- obliga a reconocer riesgos reales de infiltración en niveles operativos. Más que cooptación estructural, el desafío parece radicar en vulnerabilidades internas, amenazas a fiscales, limitaciones tecnológicas y presión constante de actores políticos y económicos.
Respecto a presiones políticas, la Fiscalía ecuatoriana históricamente ha operado en un entorno de alta tensión entre funciones del Estado. La exposición mediática de casos de alto perfil genera inevitables lecturas partidistas. El problema no es solo la presión externa es la fortaleza institucional para resistirla.
El proceso de selección debe blindarse en tres dimensiones: técnica, ética y estratégica. Técnica, mediante evaluación real de experiencia en litigación penal compleja y combate al crimen organizado, no solo puntajes formales. Ética, con verificación profunda de patrimonio, conflictos de interés y redes de vinculación. Estratégica, valorando un plan concreto de modernización tecnológica, protección a fiscales y cooperación internacional.
La Comisión Ciudadana debe transparentar cada fase, publicar motivaciones de puntajes y permitir veeduría independiente. El país necesita un perfil con independencia probada, liderazgo administrativo y firmeza institucional. Solo así podrá consolidarse una Fiscalía técnica, profesional y resistente a cualquier injerencia, superando la polarización del pasado y fortaleciendo la credibilidad pública.