Pabel Muñoz y Paola Pabón estarían amenazados por demandas a la reforma al Cootad
Gabriela Rivadeneira, de la Revolución Ciudadana, alertó de las amenazas contra el alcalde de Quito y prefecta de Pichincha
Gabriela Rivadeneira denuncia presuntas amenazas de allanamiento contra Pabel Muñoz y Paola Pabón tras las demandas de inconstitucionalidad presentadas contra la reforma al Cootad. La dirigente de la Revolución Ciudadana cuestionó el accionar del Gobierno y la Asamblea Nacional ante las acciones legales que buscan frenar los límites de gasto impuestos a los gobiernos locales.
El alcalde de Quito y la prefecta de Pichincha estarían bajo amenaza de allanamientos
La presidenta electa del movimiento Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira, denunció posibles allanamientos contra el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, y la prefecta de Pichincha, Paola Pabón. Según la dirigente, estas amenazas surgen tras las demandas de inconstitucionalidad presentadas contra la reciente reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad).
Durante una transmisión en redes sociales este 7 de marzo de 2026, Rivadeneira vinculó estas presiones con la normativa aprobada por la mayoría oficialista de ADN en la Asamblea Nacional. "¿En serio eso es jugar limpio en la democracia? Se demuestra que se rompió el Estado de Derecho", comentó la dirigente, quien también agradeció el respaldo de colectivos sociales en las acciones legales.
¿Qué implica la polémica reforma al Cootad?
El pasado 20 de febrero de 2026, el Legislativo ratificó cambios en la ley que regula la organización administrativa de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). La reforma establece una fórmula de 70-30 para el manejo presupuestario: las prefecturas, municipios y juntas parroquiales solo podrán destinar el 30 % de sus recursos a gasto corriente, obligando a invertir el 70 % restante.
Autoridades como Muñoz y Pabón sostienen que esta medida vulnera la autonomía de los gobiernos locales y pone en riesgo la ejecución de obras sociales esenciales para la comunidad. Hasta el 6 de marzo de 2026, la Corte Constitucional ha recibido al menos 12 demandas de inconstitucionalidad que buscan suspender la aplicación de esta normativa.
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