
Quito: Inconformidad por polígono de bares y discotecas en La Mariscal
La comunidad ve negativa la concentración de bares y discotecas en la Plaza Foch. Conformarán una veeduría
Los moradores de La Mariscal, activos en la organización barrial y en la defensa de su entorno, han volcado su atención a la reciente ordenanza aprobada para el sector, una normativa que promete rehabilitar y reactivar el barrio, luego de años marcados por el deterioro de la convivencia y la pérdida de su tradicional espíritu bohemio.
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Aunque reconocen la necesidad de una intervención, sostienen que el texto deja interrogantes de fondo. Entre sus principales inquietudes está la creación de polígonos específicos, particularmente el de múltiple entretenimiento que abarca la Plaza Quinde (Foch) y sus alrededores, donde se establece un techo de hasta 100 bares, discotecas y otras actividades de ocio nocturno.
¿Ordenamiento o saturación nocturna?
Para Andrés Groner, coordinador de la Asamblea Barrial La Mariscal Legado Cultural, la división territorial no responde a la compleja dinámica del barrio. “Se da a entender que en ese polígono no hay residencias, y sí las hay. Se le otorga un tratamiento exclusivo de ocio nocturno, sin considerar la vida barrial, la cultura y el turismo”, cuestiona.
Groner menciona que actualmente funcionan alrededor de 20 discotecas en el sector y con ese número ya se registran problemas recurrentes: consumo de alcohol en el espacio público, peleas, microtráfico, ventas ambulantes informales, acumulación de basura y prostitución. Aclara que no es un tema contra las discotecas, ya que son parte de La Mariscal, sino contra la concentración y la falta de control. “Si con 20 no pueden, peor con 100”, sostiene.
Ruido, basura y seguridad: las quejas del barrio
Calles como Lizardo García, Calama y Juan Rodríguez son señaladas como puntos críticos. En esas vías funcionan hostales que, de acuerdo con los vecinos, han perdido clientela por el ruido y la inseguridad. Algunos han cerrado. También galerías de arte han abandonado el área. A esto se suman inmuebles desocupados donde antes operaban restaurantes o centros nocturnos, en pleno corazón del barrio.
Para los residentes, limitar a 100 licencias no constituye un logro si no se garantiza control efectivo, sobre todo fuera de los establecimientos. “Adentro puede haber regulación, pero lo grave ocurre en el espacio público y no hay capacidad institucional suficiente, menos si el control se ejerce en horario de oficina”, añade Groner.
Ante la falta de respuestas claras sobre cronogramas, presupuesto y mecanismos de implementación, la Asamblea Barrial formalizará una veeduría ciudadana para vigilar la aplicación de la ordenanza.
En la otra orilla, el gremio de bares y discotecas también expresa su malestar, especialmente por la eliminación de las “preexistencias”, figura que permitía mantener actividades pese a cambios normativos.
Las autoridades municipales han señalado que esta modalidad fue utilizada de forma indiscriminada para justificar actividades incompatibles con el entorno, incluso cerca de centros educativos.
La concejal Analía Ledesma reconoce que ese punto fue el más álgido del debate, y si bien ha provocado incomodidad en distintos sectores, señala que la medida apunta a recuperar la esencia de La Mariscal como un barrio residencial. A su criterio, el sector no puede seguir reducido a un ‘monocultivo del alcohol’, sino que debe convertirse nuevamente en un espacio fértil para la vida cotidiana, donde vecinos, estudiantes y familias encuentren condiciones para regresar y habitarlo.
Martha Guerrero
Martha Guerrero, presidenta de la Asociación de Bares y Discotecas de Quito, asevera que no hubo suficiente socialización antes de la aprobación del documento.
Según la dirigente, entre 20 y 30 locales que cumplen la normativa serían afectados. “Hemos invertido, pagamos impuestos, tenemos todo en regla. Nos están quitando el pan de la mesa”.
Guerrero cuestiona que se cierren discotecas mientras se permite la apertura de restaurantes que también expenden bebidas alcohólicas sin límites. “Si queremos atraer turistas a la Foch, primero hay que garantizar seguridad. Nosotros hemos contratado guardias privados, hemos tomado medidas. Lo que pedimos es que se analice cada caso”, indica.

¿Logrará la ordenanza revitalizar y rehabilitar La Mariscal?
El gremio evalúa incluso presentar una acción judicial, aunque por ahora realiza un mapeo de negocios afectados, incluidos bares, licorerías y clubes nocturnos.
El urbanista Fernando Carrión señala que uno de los propósitos de concentrar el entretenimiento en un polígono sería facilitar su control y ordenamiento. Sin embargo, advierte que la ciudad ya cuenta con zonas consolidadas de ocio nocturno, como la Whymper, La Floresta o Cumbayá, lo que plantea un reto adicional.
Aunque la intención es centralizar discotecas, bares y otros espacios de entretenimiento, Carrión cuestiona si esto mejorará la calidad de la oferta, dado que mantener estándares elevados en este polígono resultará difícil frente a la saturación y la competencia con otras áreas ya establecidas.
Fernando Carrión
¿Logrará la ordenanza revitalizar y rehabilitar La Mariscal? Carrión menciona que toda política pública eficaz debe responder a tres preguntas fundamentales. La primera es quién ejecutará la medida. En este caso, sugiere fortalecer la administración zonal, otorgándole autonomía no solo en términos de competencias y recursos económicos, sino también de representación, asegurando la participación activa de los actores locales de La Mariscal.
La segunda pregunta es qué se quiere lograr. El urbanista enfatiza la preocupación por la residencialidad. En 1990 el barrio contaba con casi 20.000 habitantes, cifra que se redujo a la mitad en 2010 y que hoy se estima en apenas 7.000 u 8.000. Ante esta tendencia, surge la interrogante de si la normativa contempla políticas que realmente puedan revertir la disminución poblacional.
Finalmente, la tercera pregunta es cómo se implementará. Se requieren consensos, planificación presupuestaria y coordinación de voluntades, elementos que, según Carrión, no se evidencian claramente en la ordenanza. Sin estas respuestas, la recuperación del barrio corre el riesgo de quedar solo en el papel, más que en una realidad tangible, advierte.