TCE sanciona a exministra Ivonne Núñez con la suspensión de sus derechos políticos
La suspensión será de tres meses y se le impuso una multa por incumplir una sanción electoral
El nombre de la exministra de Trabajo, Ivonne Núñez Figueroa, vuelve al debate público tras una resolución del Tribunal Contencioso Electoral (TCE). El organismo determinó que la exfuncionaria cometió una infracción electoral grave y le impuso una sanción que incluye la suspensión de sus derechos de participación política por tres meses.
Además, la sentencia dispone el pago de una multa equivalente a 30 salarios básicos unificados, lo que representa $14.460. La decisión se adoptó luego de analizar una denuncia presentada por la viceprefecta de Chimborazo, Mónica Loza Torres.
El caso tiene su origen en un conflicto administrativo que se desprende de una sanción electoral previa contra el prefecto de Chimborazo, Hermel Tayupanda Cuvi, quien fue castigado por inducir al voto durante las elecciones de 2025.
El origen de la denuncia contra Ivonne Núñez
La denuncia se centró en la actuación del Ministerio del Trabajo cuando Núñez estaba al frente de la institución. Según el expediente del TCE, la cartera de Estado debía registrar y ejecutar la suspensión de derechos políticos impuesta a Tayupanda.
Sin embargo, la causa señala que ese proceso no se cumplió de forma oportuna. De acuerdo con el análisis judicial, la falta de registro y ejecución generó dudas sobre la vigencia real de la sanción que pesaba sobre el prefecto.
Este escenario llevó a que la viceprefecta Loza presentara la queja formal ante el tribunal electoral, argumentando que se había incumplido una disposición emitida por la autoridad competente.
Certificados contradictorios del Ministerio del Trabajo
Durante la revisión del caso, el tribunal analizó documentos oficiales emitidos por el Ministerio del Trabajo. En ellos se evidenciaron inconsistencias respecto a la situación administrativa de Tayupanda. Según consta en el expediente, los certificados no aclaraban de forma definitiva si el prefecto tenía o no impedimentos para ejercer funciones públicas. Esto ocurrió pese a que la sanción electoral ya estaba vigente.
Para el juez del TCE, Patricio Maldonado, esas contradicciones terminaron afectando la correcta ejecución de la resolución electoral.
La decisión del TCE y las responsabilidades
Tras revisar la documentación, el magistrado concluyó que existió incumplimiento de sentencia y desacato a la autoridad electoral. La resolución se sustenta en el artículo 279 del Código de la Democracia, que tipifica infracciones electorales muy graves.
La defensa de Núñez argumentó que los problemas detectados se debían a un error del sistema informático o a fallas de funcionarios subalternos. No obstante, el tribunal consideró que esa explicación no era suficiente.
En su análisis, Maldonado sostuvo que la entonces ministra tenía la capacidad jerárquica para detectar y corregir las inconsistencias de manera inmediata. Por ello, determinó que la responsabilidad administrativa recaía en la máxima autoridad de la institución.
Qué implica la sanción contra la exministra
La sentencia establece que la suspensión de los derechos políticos de Núñez deberá ser registrada oficialmente. Para ello, el TCE notificó al Ministerio del Trabajo para que ejecute la inscripción correspondiente.
La exfuncionaria ocupó la cartera laboral entre el 23 de noviembre de 2023 y el 17 de noviembre de 2025, durante el gobierno de Daniel Noboa.
Con esta decisión, el tribunal deja un precedente sobre la obligación de las autoridades administrativas de ejecutar de manera inmediata las sanciones emitidas por la justicia electoral.
¿Quieres leer contenido de calidad sin restricciones? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!
