Limitaciones logísticas: ¿pueden las FF.AA. enfrentar 'guerra' prolongada en Ecuador?

La declaratoria de emergencia del Ministerio de Defensa, la Fuerza Terrestre y la Base Naval de Salinas para acelerar compras militares abrió una pregunta incómoda dentro del aparato de seguridad ecuatoriano: si el país está en un conflicto armado interno desde 2024, ¿por qué las Fuerzas Armadas necesitan ahora compras urgentes de equipos, logística y tecnología para sostener las operaciones?

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La medida, vigente por 60 días, permite adquirir de forma acelerada bienes y servicios para la defensa, con el objetivo de sostener la ofensiva estatal contra las organizaciones criminales catalogadas como grupos terroristas.

Sin embargo, para analistas de seguridad y ex mandos militares, la emergencia también revela una realidad menos visible: la guerra contra el crimen organizado se ha desarrollado en gran medida sobre la marcha, con Fuerzas Armadas que han tenido que adaptar su estructura, doctrina y equipamiento a un escenario para el cual no fueron diseñadas.

Para Marcelo Flores, coronel del Ejército en servicio pasivo, la formación de los soldados responde a escenarios de guerra tradicional, “entendida como un enfrentamiento entre ejércitos claramente identificados, donde se conoce al adversario y las reglas del combate están definidas. Esa es la lógica bajo la cual se estructura su entrenamiento y preparación”.

Flores apunta a un trabajo asumido sobre la marcha: “La responsabilidad de garantizar la paz recaía originalmente en el Estado, a través del Gobierno y la Policía Nacional. No obstante, ante el desbordamiento de la capacidad policial para contener a la delincuencia organizada, el Ejecutivo optó por involucrar a las Fuerzas Armadas en una guerra de carácter no convencional”.

Las actuales funciones de los militares

Los militares han pasado a asumir funciones que van desde patrullajes urbanos, control de cárceles, destrucción de minería ilegal e interdicción de rutas del narcotráfico, hasta apoyo en inteligencia criminal.

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Pero el despliegue prolongado ha puesto a prueba sus capacidades logísticas y operativas, que no estaban dimensionadas para una guerra interna sostenida. Los propios uniformados mencionan una “violencia inusitada” que obligó al sistema de defensa a buscar mecanismos urgentes de contratación para reforzar sus capacidades.

Según fuentes de inteligencia militar, las necesidades más urgentes se concentran en tres áreas. La primera es el equipamiento táctico, con nuevos vehículos blindados, sistemas seguros de comunicación, drones de vigilancia y armamento especializado para combate irregular.

La segunda corresponde a inteligencia y tecnología, incluyendo monitoreo electrónico, análisis de datos criminales y vigilancia marítima y fluvial. Finalmente, en logística operativa se requiere mantenimiento de helicópteros y vehículos, combustible y abastecimiento para unidades desplegadas durante meses.

Un oficial en servicio activo, que pidió la reserva de su nombre, explica el problema de fondo: “Las Fuerzas Armadas estaban preparadas para operaciones militares puntuales, no para una presencia permanente en ciudades, cárceles y zonas mineras ilegales”.

La presión operativa también se explica por la evolución de las organizaciones criminales. En algunas zonas del país, los grupos armados ya operan con características similares a fuerzas irregulares: uso de fusiles de asalto, explosivos y granadas, redes transnacionales y control territorial de economías ilegales.

Un ejemplo fue la emboscada ocurrida en la Amazonía en 2025, cuando un grupo criminal atacó a militares con explosivos y fusiles, dejando 11 uniformados muertos durante un operativo contra la minería ilegal.

Ese tipo de ataques refleja que los militares no se enfrentan a la delincuencia común, sino a estructuras armadas con capacidad de combate. Las unidades están diseñadas para rotaciones y entrenamiento constante. Un despliegue permanente puede generar agotamiento del personal, reducción del entrenamiento militar tradicional y deterioro de los equipos.

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