Tensiones, críticas y escrutinio público: el momento más complejo para las FF.AA.

El episodio registrado en Quevedo, donde policías requisaron a varios militares tras denuncias de presunto hurto durante un allanamiento, mientras se sumaban reclamos ciudadanos por supuesta desaparición forzada y vulneración de derechos humanos, encendió una alerta sobre el control interno, la disciplina y la integridad dentro de las Fuerzas Armadas ecuatorianas.

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Este caso provocó un inusual cruce entre instituciones y reveló tensiones operativas en pleno proceso de militarización de la seguridad interna. Los hechos ocurrieron el 26 de diciembre de 2025, en la parroquia San Camilo. Tras un operativo militar para capturar a un sospechoso de asesinato, habitantes del sector denunciaron la presunta sustracción de joyas, dinero y objetos personales durante el allanamiento.

Las protestas escalaron con rapidez y la presión ciudadana obligó a la Policía Nacional a requisar a seis militares y a inspeccionar el vehículo utilizado en el operativo. De acuerdo con el informe preliminar policial, no se encontraron objetos relacionados con el presunto hurto.

Una formación rigurosa en el proceso de selección

¿Por qué una institución históricamente valorada y respaldada por la ciudadanía ahora enfrenta un escrutinio tan severo? Este Diario solicitó una entrevista al departamento de comunicación del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (Comaco), para consultarle a su jefe sobre los procesos y protocolos que maneja la institución en este tipo de operaciones y qué aspectos podrían mejorarse, pero no hubo respuesta.

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Mientras tanto, los estándares de formación que rigen a la institución siguen disponibles para consulta pública. En la página web de la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro se detalla que los aspirantes atraviesan un riguroso proceso de selección que incluye formación militar, académica, física y psicológica. 

Analistas consultados coinciden en que el episodio de Quevedo no es un hecho aislado, sino un síntoma de tensiones acumuladas. La filtración de uniformados en redes criminales ha sido advertida con anterioridad, especialmente en provincias como Los Ríos.

Carlos Páez, investigador en temas de seguridad, señala: “La disciplina militar se basa en la cadena de mando. Cuando una unidad es cuestionada por la Policía en plena vía pública, lo que vemos no es solo un incidente operativo, sino una ruptura simbólica del principio de cohesión interna”.

Según Páez, la exposición mediática y la presión ciudadana están dejando al descubierto una debilidad que antes se manejaba puertas adentro: la falta de mecanismos robustos y transparentes de control interno, sobre todo en zonas bajo presión del crimen organizado.

Para Marcelo Flores, coronel del Ejército en servicio pasivo, la formación de los soldados responde a escenarios de guerra tradicional, “entendida como un enfrentamiento entre ejércitos claramente identificados, donde se conoce al adversario y las reglas del combate están definidas. Esa es la lógica bajo la cual se estructura su entrenamiento y preparación”.

Flores apunta a un trabajo asumido sobre la marcha: “La responsabilidad de garantizar la paz recaía originalmente en el Estado, a través del Gobierno y la Policía Nacional. No obstante, ante el desbordamiento de la capacidad policial para contener a la delincuencia organizada, el Ejecutivo optó por involucrar a las Fuerzas Armadas en una guerra de carácter no convencional”.

Elena Poveda, abogada experta en derechos humanos y consultora internacional, advierte sobre un riesgo creciente: “La militarización de la seguridad interna siempre aumenta la probabilidad de vulneraciones a los derechos humanos, si no se define con precisión el marco de actuación y los límites de la fuerza. Los militares no están formados para tareas de control ciudadano. Cuando se les coloca en esos escenarios sin protocolos claros, el riesgo recae tanto en la población como en los propios uniformados”.

Según Flores, el problema no se limita a la preparación militar. “Las organizaciones criminales y el narcotráfico cuentan con aparatos de inteligencia y asesoría, incluso en materia de propaganda, lo que les permite generar confusión y desestabilización”, argumenta.

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Para el excoronel, una solución viable sería la conformación de una fuerza intermedia (carabineros, gendarmería o guardia nacional) dedicada exclusivamente al combate contra el narcotráfico. “Este cuerpo debería contar con su propio mando y un sistema de formación especializada. Eso fue lo que hizo Colombia, con el respaldo de Estados Unidos, al reorganizar parte de su personal militar y policial para crear brigadas móviles”, analiza. Al respecto, Poveda sostiene que “la formación debe incorporar escenarios reales actuales en el país , mecanismos de supervisión y consecuencias claras ante incumplimientos”.

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