Ley de donaciones y seguridad: el avance silencioso de la militarización en Ecuador
Expertos perciben presencia militar progresiva bajo el argumento de la crisis
Ecuador atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente en materia de seguridad. En medio de un aumento sostenido de homicidios, ataques armados y presencia de organizaciones criminales, la Asamblea Nacional aprobó la Ley para el Fortalecimiento de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, una normativa que busca canalizar recursos, incentivos tributarios y donaciones privadas para reforzar las capacidades operativas de ambas instituciones.
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El Gobierno defiende la medida como una respuesta urgente ante el crimen organizado, argumentando que el Estado necesita dotar de recursos a las entidades encargadas del orden público. Sin embargo, el debate no se centra solo en el financiamiento, sino en las implicaciones políticas y democráticas de una norma que podría reconfigurar la relación entre las Fuerzas Armadas y la seguridad interna.
El artículo 3 de la ley autoriza mecanismos de cooperación y apoyo permanente entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, lo que amplía su papel en el control interno. Para Gabriel Parra, especialista en seguridad, “la norma formaliza un proceso que ya venía dándose en los hechos: la militarización progresiva del espacio público bajo el argumento de la crisis. Pero, en la práctica, esto reduce el margen de control civil sobre la fuerza letal del Estado”.
Fricción entre seguridad interna y defensa nacional
El punto de fricción se encuentra en la frontera, cada vez más difusa, entre seguridad interna y defensa nacional. En un país donde los militares patrullan barrios, carreteras y puertos junto a la policía, al parecer se han difuminado las líneas constitucionales que separan ambas funciones.
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La politóloga Andrea Endara considera que el mayor riesgo de la norma radica en la asimetría institucional que genera. “Si fortaleces solo el aparato coercitivo sin fortalecer simultáneamente la justicia, la fiscalía o los controles parlamentarios, terminas concentrando poder en un solo actor armado del Estado”.
La experiencia latinoamericana ofrece un espejo de advertencias. En México, la militarización de la seguridad pública iniciada en 2006 derivó en un incremento de denuncias por violaciones a derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales, sin una reducción sostenida del crimen organizado.
Y en Colombia, los programas de “seguridad democrática” fortalecieron las capacidades militares, pero también dejaron un legado de excesos y desconfianza ciudadana. En ambos casos, la falta de control civil efectivo y la politización de las Fuerzas Armadas generaron costos institucionales difíciles de revertir.
Endara enfatiza que el debate no debe plantearse como una disyuntiva entre lo militar o lo civil, sino como una cuestión de equilibrio institucional. “Si la ley fortalece el equipamiento y la logística, pero también crea controles, transparencia y responsabilidad judicial, puede ser positiva. Pero si se convierte en un blindaje político y presupuestario sin supervisión, entonces sí estamos ante un proceso de militarización institucional”.
En un país donde la violencia ha obligado a las autoridades a decretar más de diez estados de excepción en los últimos dos años, no es para nada menor el riesgo de que la excepción se convierta en la norma.
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