Escándalo en la Judicatura de Mario Godoy: ¿y quién le pone el cascabel al gato?

¿Qué habría pasado si la Corte Constitucional le daba el visto bueno a la Ley de Integridad del gobierno de Daniel Noboa? Esa ley entregaba al presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Mario Godoy, la facultad de declarar la emergencia judicial, con la que podía remover y designar jueces a su entera discreción. 

A la luz de los últimos acontecimientos, relacionados con la denuncia y renuncia del juez anticorrupción Carlos Serrano, esta idea resulta escalofriante. Tan escalofriante como pensar que el Gobierno de Daniel Noboa movió cielo y tierra para llevar a Godoy a la presidencia del Consejo y tan escalofriante como imaginar que la reforma total del aparato de justicia iba a depender de las decisiones de este personaje.

Todo esto resulta aterrador tras el estallido del escándalo, aunque en realidad mucho antes ya hubo quienes alertaron sobre los terribles riesgos de haber colocado a ese personaje al frente del organismo y de abrir, con su nombramiento, la puerta para que el Gobierno metiera la mano en la justicia. 

Noboa y el correísmo colocaron a Godoy en la Judicatura

Godoy fue elegido con claros antecedentes de haber sido abogado de narcotraficantes. Incluso mintió a los medios cuando, en su defensa, dijo no conocer a su defendido y luego se supo que era su pariente político.

A la reelección llegó, además, con el peso del escándalo de la denuncia de una jueza que lo acusó de haberla presionado para que dictara una sentencia que le entregaron en un pendrive y que era de interés del presidente de la República.

La Ley de Integridad, suspendida por la Corte Constitucional, incluía una reforma al Código Orgánico de la Función Judicial para que el CJ, por decisión de su presidente, pudiera declarar la emergencia de forma temporal y excepcional. 

La ley establecía que, a partir de esa declaratoria, el CJ podía realizar las evaluaciones a jueces, fiscales y notarios pendientes desde 2017. Por todo el proceso previo a la elección y posterior reelección de Godoy (a pesar de todos sus antecedentes), estaba claro que la intención del régimen era intervenir en la justicia.

También es importante señalar que Godoy llegó al cargo con la colaboración del correísmo, que movió sus fichas en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). 

La responsabilidad de que Godoy esté al frente del CJ es, entonces, del Gobierno de Noboa, pero también del correísmo que lo apoyó. Conviene recordar, además, que cuando fue elegido, la prensa independiente levantó todas las banderas rojas posibles sobre los riesgos de entregar esas funciones a una persona con la hoja de vida de Godoy. Ecuador, por tanto, estaba avisado.

El escándalo de las amenazas contra un juez anticorrupción

Ahora resulta que un juez anticorrupción, con una hoja de vida nítida (no como la de Godoy) renunció al cargo porque un alto funcionario del CJ, que trabaja en la oficina de Godoy, le dijo que debía declarar la inocencia de Jezdimir Srdan, un narcotraficante de origen serbio. 

Cuando lo sentenció, desoyendo las indicaciones del funcionario, el narco le hizo la señal de que sería asesinado. Tras eso, y luego de constatar que el CJ no quiso otorgarle medidas de protección, Serrano renunció.

Esposa y amigo de Godoy, defensores de narcos

Un día después, la prensa reveló que la esposa de Godoy, Dolores Vintimilla, había sido abogada del narco que amenazó al juez. Vintimilla asegura que renunció a su defensa cuando se casó con Godoy, pero que siguió recibiendo, por error, las notificaciones de la Función Judicial en el caso.

En una nota publicada el jueves, EXPRESO señalaba que en la convocatoria a la audiencia de formulación de cargos se identifican los correos electrónicos y los nombres de los defensores particulares del serbio y de su pareja: Vintimilla y Francisco Rosero Utreras. 

Sin embargo, dos días después, el penalista Diego Chimbo (abogado en otros casos de José Serrano) informó por escrito su incorporación al proceso como “única defensa”. No hay registro en el Satje de que Vintimilla haya intervenido oralmente en alguna audiencia. No obstante, durante más de un año y hasta hoy continúa recibiendo notificaciones judiciales.

“Como abogada en libre ejercicio de la profesión tomé el patrocinio de un caso por lavado de activos. Sin embargo, a partir del mes de noviembre de 2024 decidí dejar de ejercer el patrocinio de varias causas debido a que en ese mismo mes contraje matrimonio con quien hoy ostenta el cargo de presidente de la Judicatura”, explicó la jurista. 

Agregó que no ha tenido contacto con los procesados, “ya que mi defensa fue únicamente en la etapa preprocesal de investigación previa”. ¿Por qué nunca reportó esas anomalías en las notificaciones durante tanto tiempo?

En el caso también actuó Francisco Rosero, amigo y exsocio de Godoy en Lexficorp Abogados Consultores, además de socio minoritario de Vintimilla en el estudio Invictus Law Group. El 30 de julio de 2024, Rosero compareció por Zoom a una versión libre y voluntaria y se presentó como defensa técnica de Srdan y de su esposa, Alexandra Fernández Olivo.

Según la periodista Sara Ortiz, de EXPRESO, el historial profesional de Vintimilla añade otro elemento inquietante: en 2019 fue abogada de José Macías Villamar, alias Fito, líder de Los Choneros.

Integrantes de la Judicatura guardan silencio

En este entuerto, al parecer, están involucrados otros actores. De lo contrario, no se explicaría que los demás miembros del Consejo de la Judicatura no hayan salido a dar explicaciones; y que en la Asamblea se haya optado por llamar a Godoy a informar, cuando lo lógico habría sido iniciar un juicio político.

Lo del Consejo de la Judicatura es un escándalo de grandes proporciones. Se trata de un episodio que podría ser la constatación final e incontrovertible de que Ecuador camina (si es que ya no lo es) a ser un narcoestado.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

No te pierdas Politizados: Cinco bombillos tiene el árbol de Navidad de Noboa