Fuerzas Armadas: proyecto de ley propone incentivo tributario por donaciones privadas
Ley busca fortalecer el equipamiento militar para combatir la criminalidad y grupos armados organizados
El Gobierno presentó ante la Asamblea Nacional el proyecto de Ley de Solidaridad Nacional, una iniciativa que propone incentivos tributarios para quienes realicen donaciones a las Fuerzas Armadas del Ecuador. La propuesta busca fortalecer el equipamiento militar en medio de la lucha contra la criminalidad y los grupos armados organizados (GAO).
Este beneficio se suma a uno similar ya vigente para la Policía Nacional, contemplado en la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo. En ese marco, ciudadanos y empresas pueden acceder a una deducción adicional del 150% en su impuesto a la renta por donaciones a esa institución.
Hasta el 30% del impuesto a la renta causado
El nuevo proyecto amplía este incentivo a las Fuerzas Armadas, y simplifica su aplicación: ahora las donaciones podrán deducirse hasta en un 30% del impuesto a la renta causado. Según Damián Larco, director general del Servicio de Rentas Internas (SRI), se trata de una herramienta para "generar sinergias entre la sociedad civil, la empresa privada y el Gobierno nacional".
“La batalla contra la inseguridad es de todos. Esto es más que una deducción: es un compromiso nacional”, expresó Larco en entrevista con Radio Platinum.
Resultados positivos de incentivos similares
El modelo ya ha mostrado resultados. Según cifras del SRI, más de $50 millones han sido donados por empresas que aprovecharon los beneficios tributarios vigentes, especialmente en sectores como educación, cultura, deporte y lucha contra la desnutrición crónica infantil.
La experiencia motivó una campaña institucional este año: Tú ganas, Ecuador gana, con la cual el SRI promueve activamente que más contribuyentes accedan a estos beneficios solidarios.
Participación activa del sector privado
El proyecto de Ley de Solidaridad Nacional no solo busca un alivio fiscal para los donantes, sino también acelerar la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas frente al crimen organizado. El Gobierno espera que el sector privado juegue un rol clave, mediante aportes voluntarios que impacten directamente en seguridad.
La medida está pensada como parte de una estrategia integral de contención y respuesta frente a la violencia y el narcotráfico que afectan al país.
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