Fundamedios y Fundación Periodistas Sin Cadenas rechazan la intervención a GRANASA

Organizaciones periodísticas elevaron sus voces tras la intervención estatal a Gráficos Nacionales (GRANASA), empresa editora de los diarios Diario EXPRESO y Diario EXTRA. La medida fue comunicada el 18 de febrero, mediante la Resolución No. SCVS-INC-DNASD-2026-00473, y generó inquietud en el sector de la comunicación por sus posibles implicaciones en la libertad de prensa.

La intervención se ejecutó tras un pedido de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar), entidad adscrita a la Presidencia y dirigida por Cynthia Gellibert -presidenta de Acción Democrática Nacional (ADN), organización vinculada al presidente Daniel Noboa- a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, dirigida por Luis Cabezas-Klaere. La institución pública sostiene que posee el 2,56 % de las acciones de Granasa, participación que actualmente se encuentra en disputa judicial.

La intervención de GRANASA se produjo después de que la empresa se negara a entregar información considerada sensible. Previamente, la Unidad de Análisis Financiero y Económico, dirigida por José Julio Neira, emitió un informe sobre un presunto lavado de activos que motivó la apertura de una investigación en la Fiscalía General del Estado por supuesta defraudación tributaria, proceso que finalmente no prosperó.

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Una intervención que genera alerta en el sector

Ante la medida estatal, la Fundación Periodistas Sin Cadenas y Fundamedios se pronunciaron públicamente. Ambas organizaciones rechazaron la intervención de GRANASA y advirtieron sobre los riesgos que este tipo de acciones puede representar para el ejercicio del periodismo.

La Fundación Periodistas Sin Cadenas señala que ha registrado al menos 16 acciones de hostigamiento, censura y abuso de poder contra GRANASA entre el 10 de septiembre de 2025 y el 19 de febrero de 2026. Entre estas menciona denuncias por presunta evasión tributaria, intentos de control accionario, campañas de desprestigio y reiterados requerimientos de información a la empresa.

La organización sostiene que el artículo 15 de la Ley de Compañías faculta a las empresas a no entregar información societaria cuando “existan razones objetivas para considerar que podría utilizarse para fines extra sociales”. En ese contexto, Galo Martínez Leisker, presidente ejecutivo y gerente general de GRANASA, ha señalado que, debido a una campaña de difamación que —según afirma— sostuvo la Unidad de Análisis Financiero y Económico contra la empresa, la información solicitada por Inmobiliar “podría utilizarse para fines extra sociales”.

Alertas sobre garantías democráticas y libertad de prensa

Para Fundamedios, la acumulación de acciones estatales en los últimos meses configura un entorno que compromete seriamente las garantías democráticas. Por ello, sostiene que la libertad de prensa no solo debe protegerse frente a la censura directa, sino también ante el uso de mecanismos administrativos que puedan derivar en presiones indirectas o afectar la sostenibilidad de medios independientes.

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Estas acciones no constituirían un hecho aislado, ya que la Fundación Periodistas Sin Cadenas ha observado una serie de actuaciones que, a su criterio, resultan contrarias al principio democrático de pluralidad y al control ciudadano del poder. Según la organización, este conjunto de medidas apuntaría a imponer una narrativa única, alineada con el Ejecutivo y con escasos contrapesos en el debate público.

Exigencia de estándares y llamado a vigilancia

Asimismo, Fundamedios indica que, aunque la intervención es una figura prevista en la Ley de Compañías, su aplicación en una empresa periodística que ha publicado investigaciones críticas sobre la gestión gubernamental exige el más alto estándar de transparencia, legalidad y proporcionalidad. En esa línea, advierte que ningún órgano de control puede convertirse en una herramienta de presión política contra medios críticos y que la supervisión financiera o societaria no debe traducirse en injerencia editorial ni en condicionamientos operativos que limiten el derecho de la ciudadanía a recibir información plural.

Ante este contexto, la Fundación Periodistas Sin Cadenas solicitó a la comunidad nacional e internacional mantenerse vigilante frente a lo que pueda ocurrir en las próximas horas en torno a GRANASA. La organización advirtió que el seguimiento público resulta clave para garantizar la transparencia del proceso y prevenir eventuales vulneraciones a la libertad de prensa.

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