Caso Triple A: Tribunal no dio paso a traslado de Álvarez a una cárcel de Quito
Las defensas de los procesados arrancaron con la presentación de sus alegatos en el segundo día del juzgamiento
El Tribunal a cargo del caso Triple A, en el que uno de los procesados es Aquiles Álvarez, negó el pedido para que el burgomaestre sea trasladado a un centro penitenciario en Quito con el fin de continuar con la audiencia de juzgamiento. Para este 14 de marzo de 2026 estaba prevista la continuación de la diligencia dentro de este proceso.
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La audiencia fue convocada para las 08:30. A las 09:15, el juez del Tribunal dispuso un receso de 45 minutos para que las defensas conversen con los procesados. La decisión respondió a un pedido del abogado de César Bravo, quien argumentó que solo había podido comunicarse con su defendido durante 10 minutos.
Por su parte, el abogado de Álvarez, Ramiro García, solicitó que el alcalde sea trasladado a un centro penitenciario en Quito debido a las condiciones adversas para comunicarse con él.
El Tribunal rechazó ese pedido. En cambio, en el caso del abogado de Bravo, dispuso solicitar al Consejo de la Judicatura un informe sobre la transmisión —o no— de la conversación entre el procesado y su defensor.
Además, para futuras diligencias se estableció que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI) determine los días y horarios en los que los abogados podrán acudir a visitar a sus defendidos.
¿Qué pasó con la audiencia?
Tras la decisión del Tribunal, la audiencia continuó con la presentación de los alegatos de la defensa de los procesados. La intervención inició con Fernando Chávez, abogado de Bravo.
El jurista sostuvo que no existe un delito atribuible a su defendido. “La Fiscalía, en la teoría del caso, pretende convencer al Tribunal que la persona jurídica Fuelcorp ha cometido un delito de imposible imputación”, señaló al iniciar su exposición.
¿Qué es el caso Triple A?
En el caso Triple A, la Fiscalía investiga el presunto delito de comercialización ilegal de hidrocarburos. La teoría del Ministerio Público apunta a un supuesto perjuicio de 61,5 millones de dólares. En la causa también están investigadas seis personas jurídicas.
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