Galo Martínez Leisker rinde versión libre en Fiscalía tras acusaciones del Gobierno
La diligencia se da tras semanas de una campaña de difamación de medios afines al gobierno
Galo Martínez Leisker, presidente ejecutivo de Gráficos Nacionales S.A. (Granasa) —editora de los diarios Expreso y Extra— acudió este lunes 27 de octubre de 2025 ante la Fiscalía General del Estado (FGE) en Quito para rendir su versión libre y voluntaria dentro de la investigación iniciada por una denuncia del gobierno por presunto lavado de activos.
La diligencia fue convocada por la Fiscalía luego de que en redes sociales y portales afines al Gobierno circularan acusaciones contra la empresa, a la que se atribuyen presuntas irregularidades tributarias y movimientos financieros inusuales. Sin embargo, Granasa ha negado los señalamientos y ha exigido al Servicio de Rentas Internas (SRI) la entrega de los informes que sustentan la investigación, y que aún no ha recibido por parte de la autoridad tributaria.
En el ámbito penal, la Fiscalía mantiene en reserva el contenido de la denuncia y los alcances de la investigación. Martínez Leisker acudió acompañado de sus abogados para aclarar cualquier duda sobre las operaciones financieras de la empresa.
A su salida, Martínez se limitó a explicar que cualquier información dará a conocer a través de Diario EXPRESO. Su abogado, José Molina, agregó que durante el tiempo que dure la investigación entregará cualquier información o recurso que necesite la Fiscalía para demostrar que no existe ninguna irregularidad. El caso se encuentra en indagación previa, que es una fase reservada.
Tensión entre los medios independientes y el Gobierno
La comparecencia se da en medio de una campaña de difamación y ataques coordinados contra la empresa y sus directivos, iniciada desde septiembre en redes sociales, portales digitales y espacios afines al oficialismo.
Durante los últimos meses, EXPRESO y EXTRA han publicado investigaciones críticas sobre la gestión estatal, el uso de recursos públicos y la interferencia política en las instituciones de control.
A raíz de esas publicaciones, se activó una campaña de troles y anuncios pagados en redes y plataformas digitales, con mensajes destinados a desacreditar a los diarios y a sus directivos.
Organizaciones nacionales e internacionales de prensa, así como defensores de la libertad de expresión, han expresado su preocupación y su respaldo a los medios. Coinciden en que este caso representa una amenaza directa a la independencia periodística y al derecho ciudadano a estar informado.
Filtraciones y errores en los informes del SRI
El origen de la controversia se remonta al 8 de septiembre, cuando la Dirección Zonal 9 del Servicio de Rentas Internas (SRI) elaboró tres informes sobre presuntas diferencias tributarias de distribuidores de periódicos relacionados con GRANASA.
Sin embargo, los documentos contenían un error contable grave: el SRI sumó los gastos en lugar de restarlos, inflando artificialmente las utilidades de los contribuyentes y generando un cuadro irreal.
Pese a que GRANASA nunca recibió oficialmente esos informes, estos fueron filtrados a medios cercanos al Gobierno, entre ellos el portal La Posta, que el 10 de septiembre publicó acusaciones de “defraudación fiscal”.
Lo que no se informó entonces es que tres semanas antes, la empresa dueña de ese portal había sido vendida a Galamedios, propiedad del asambleísta alterno de ADN, Luis Álvaro Campi, aliado político del presidente Daniel Noboa.
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