El Gobierno puede renunciar a cualquier cosa, menos al Consejo de Participación

El Gobierno puede darse el lujo de perder a Mario Godoy porque siempre encontrará a alguien con características tan vergonzantes como él para que lo sustituya en la presidencia del Consejo de la Judicatura y siga obedeciendo órdenes para continuar con el operativo de secuestro del aparato de justicia. 

También puede darse el lujo de perder a José Suing como presidente de la Corte Nacional de Justicia porque, finalmente, los jueces suplentes que conforman el pleno de ese organismo son puestos por una Judicatura amaestrada por Carondelet y harán lo que se les ordene.

Pero lo que no puede permitirse el Gobierno es perder el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), porque ese es el corazón de toda la operación que tiene montada para saciar sus aspiraciones de tomarse el Estado. Tan precioso e insaciable es ese objetivo, administrado por el incondicional de Andrés Fantoni, que ha terminado siendo la única aspiración que mueve al Gobierno.

Las prioridades para el Gobierno de Daniel Noboa

¿Que se asegure la suficiente generación de energía eléctrica para épocas de estiaje? Para eso no se ha diseñado ni planificado nada, a no ser las transacciones que han terminado en escándalos de corrupción, como lo de Progen. ¿Que haya un sistema vial fiable y que sirva al desarrollo del país? Para eso no se hace nada. ¿Que se generen fuentes de empleo? Tampoco. ¿Que se hagan reformas políticas que modernicen al país? Tampoco…

Todas esas parecen ser nimiedades para el Gobierno, cosas por las que no vale la pena mover un dedo y, por eso, sus operadores trabajan sin descanso para asegurarse de que ni un solo tornillo del poder quede suelto. Dar golpes en el Consejo de la Judicatura o tomarse la empresa de seguridad del Municipio de Guayaquil, con sus cámaras y su información, serán siempre las prioridades.

El obediente Consejo de Fantoni

Y de esas prioridades, sin duda, la más importante de todas es que el actual CPCCS siga siendo la institución fiel y leal que le haga todas las tareas. Como, por ejemplo, colocar a un fiscal que siga trabajando para Carondelet; o garantizar que el Consejo Nacional Electoral siga siendo, por el resto del mandato, el mismo que les ha hecho los mandados. 

Eso explica lo que ocurrió el 9 de febrero en el gobiernista Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional, cuando ese organismo archivó, por tercera vez, el pedido de juicio político contra seis vocales del CPCCS, bloqueando los intentos de la Revolución Ciudadana de fiscalizarlos.

Esta vez lo hizo argumentando inconsistencias técnicas en los pedidos de juicio, pero en realidad eso no importa: un juicio político y una eventual censura a los miembros de ese organismo significarían el fin del motor que permite la cooptación de cualquier organismo de control que se cruce en el camino.

Si es la Superintendencia de Compañías, para eso está el CPCCS; si es la Defensoría del Pueblo, para eso está el CPCCS; si es la Procuraduría, para eso está el CPCCS; si se trata de la elección del sustituto de Mario Godoy, para eso está el CPCCS… 

Mantener a Alarcón en el cargo de fiscal encargado

En fin, el CPCCS está para todo paso que se necesita para completar la misión de la toma absoluta del poder. Y entre esas metas hay una que está en estos momentos sobre la mesa y que es irrenunciable para los operadores de Carondelet: la elección del fiscal. La orden es: si no podemos encontrar a alguien que sustituya a Carlos Alarcón, que es nuestro fiscal de bolsillo, hagamos lo que haya que hacer para que se quede en el cargo. Lo que importa es no perder la Fiscalía.

Los impedimentos del oficialismo contra los juicios

En el primer archivo del pedido de juicio, el CAL dijo que no se contaba con las firmas válidas de asambleístas para cumplir con el requisito. Aunque se entregaron más firmas de las necesarias, el CAL sostuvo que varias presentaban “inconsistencias técnicas”, especialmente problemas en la “integridad electrónica” al ser verificadas con las plataformas oficiales FirmaEC y Security Data. 

Además, se dijo que no constaba la firma electrónica del legislador proponente, el correísta Luis Fernando Molina, bajo el peregrino argumento de que no aparecía su firma electrónica, aunque la otra, la analógica, estaba ahí. Pura tramitología. Y basándose en esos argumentos, no se analizaron ni siquiera los fundamentos para pedir el juicio.

Molina sostenía que los consejeros habían vulnerado los principios de legalidad, transparencia e imparcialidad en la designación de vocales del Consejo de la Judicatura; que alteraron o desnaturalizaron procedimientos previstos en la Constitución y la ley para los concursos de méritos y oposición; que actuaron con conflictos de intereses o sesgos políticos, afectando la independencia de las funciones del Estado; y que, en general, extralimitaron sus atribuciones, comprometiendo la institucionalidad del sistema de justicia.

En el segundo pedido, que fue presentado por causas similares y con el tema de las firmas superado, el CAL lo archivó argumentando que no había una infracción política claramente configurada, que se pretendía usar el juicio político para cuestionar decisiones ya sometidas a otros controles y que no se individualizaron las responsabilidades de forma adecuada.

El tercer pedido, el del 9 de febrero, tampoco pasó, pues la Unidad Técnica Legislativa (UTL) recomendó al CAL no admitir a trámite el pedido por incumplimiento de requisitos. “Que el país se entere: quienes pusieron a Mario Godoy con irregularidades ahora pretenden tomarse la Fiscalía. No es gobernabilidad: es captura del Estado”, escribió en su cuenta de la red social X.

Todo se hará en la Asamblea para lograr que el organismo que preside Andrés Fantoni siga intacto. De eso depende lo que parece ser el objetivo más importante del Gobierno: acumular poder.

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